La crisis de violencia de género en República Dominicana ha alcanzado cifras desgarradoras en lo que va del año 2026. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló que se han registrado 62 feminicidios en el país en los primeros meses de 2026.
Esta dramática realidad expone no solo la urgencia de reestructurar las políticas de prevención del Estado, sino también la necesidad crítica de desmontar los patrones culturales machistas y garantizar que las medidas judiciales protejan de manera efectiva a las víctimas sobrevivientes de intentos de homicidio.
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Durante su intervención en el Encuentro Industrial “Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la magistrada enfatizó la trascendencia de la tipificación del feminicidio en la legislación penal. Sin embargo, advirtió que la represión penal resulta insuficiente si no se abordan las raíces estructurales del problema.
Las estadísticas presentadas por la Procuraduría muestran patrones profundamente preocupantes sobre la dinámica de los feminicidios en el país. Uno de los datos más impactantes señala que el 89 % de las mujeres asesinadas nunca había presentado una denuncia previa ante las autoridades sobre la situación de violencia que padecía.
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Esto evidencia una severa desconfianza en el sistema de protección pública o barreras profundas de aislamiento social y sometimiento psicológico que impiden a las víctimas buscar ayuda a tiempo. Asimismo, la magistrada indicó que el 25 % de los feminicidas se suicida tras cometer el crimen.
De igual manera, el volumen del problema queda al descubierto al analizar el histórico reciente: durante el año 2025, el Ministerio Público recibió más de 73,000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, un volumen masivo que desborda las capacidades de respuesta institucional si no se fortalece la intervención preventiva.
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Mientras las cifras oficiales registran 62 vidas perdidas en 2026, casos desgarradores ponen de manifiesto que el número de tragedias pudo ser aún mayor. Un hecho reciente ocurrido en Las Cabuyas, La Vega, personifica el constante peligro que enfrentan las mujeres, aun cuando existen antecedentes de violencia.
La madrugada del pasado 28 de agosto, Nayely Altagracia Capellán, de 25 años, sobrevivió milagrosamente a un ataque encarnizado a manos de su expareja, Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas.
El agresor acudió a la vivienda con el pretexto de entregar dinero para la manutención de sus hijas de 10, 7 y 4 años. En presencia de las tres menores, la atacó salvajemente provocándole 26 estocadas con un arma blanca en los brazos, rostro, cuello y pecho. Fue la valentía de su hija mayor de 10 años, quien salió a las calles pidiendo auxilio entre lágrimas, lo que alertó a los vecinos y evitó un fatal desenlace.
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Nayely había enfrentado años de violencia física y verbal, e incluso las autoridades emitieron una orden de alejamiento en 2023 tras denuncias familiares. Pese a esto, las medidas no impidieron el sangriento ataque.
Tras entregarse a las autoridades, el tribunal dictaminó contra Adonis la medida cautelar de 12 meses de prisión preventiva imputado por tentativa de feminicidio. Nayely, quien actualmente atraviesa un arduo proceso de rehabilitación física para recuperar el uso de su mano izquierda y requiere acompañamiento psicológico junto a sus hijas, enfrenta la terrible incertidumbre de ser atacada nuevamente en el futuro.
El caso de Nayely Capellán demuestra que la tipificación del feminicidio e iniciativas como el nuevo Código Penal que contempla penas agravadas de 30 a 40 años para agresiones graves, deben complementarse con un seguimiento riguroso y medidas cautelares infranqueables, para que sobrevivir a la violencia no sea solo una tregua temporal antes de la siguiente amenaza.
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