A puerta cerrada por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), reinició la audiencia en la que se resolverá si el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete acusados más son vinculados a proceso por huachicol fiscal.
Pasadas la cinco de la tarde de este 21 de julio, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, abrió la diligencia que se desarrolla por videoconferencia.
Ruffo Appel se conectó a la audiencia desde el interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue recluido la mañana del pasado domingo, después de que se le dictó prisión preventiva. A la par, abogados, fiscales y el resto de los acusados hicieron lo mismo para el desarrollo de la diligencia que se espera dure varias horas.
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La defesa del exgobernador de Baja California, encabezada por Fernando Gómez Mont, exsecretario de gobernación, y la de los otros implicados, responderán a los casi cien datos de prueba que la Fiscalía General de la República formuló el fin de semana pasado en la audiencia de imputación.
La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), acusa a los ocho detenidos de integrar una red criminal dedicada a introducir combustible al país sin pagar los impuestos debidos, generando un daño de más de 4 mil millones de pesos a las finanzas públicas.
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De acuerdo con ella, lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, por medio de declaraciones falsas o incompletas en aduanas, en otras palabras, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
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En diferentes entrevistas radiofónicas, Gómez Mont, abogado del exmandatario estatal, acusó que la Fiscalía General de la República no tiene pruebas sólidas contra su cliente.
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