La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, detectó presuntas irregularidades en reclamaciones que superan los $20.000 millones, relacionadas con indemnizaciones por muerte y gastos funerarios de personas presentadas como víctimas de actos terroristas.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la revisión abarcó 557 reclamaciones presentadas en diferentes regiones del país y se realizó en medio de una investigación.
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Según la Adres, el 86 % de los casos revisados presentó inconsistencias relacionadas con la acreditación de los hechos terroristas bajo los cuales fueron formuladas las solicitudes de reconocimiento económico.
Ante estos hallazgos, la entidad decidió no continuar con el trámite de las reclamaciones mientras avanzan las investigaciones.
La normativa permite que la Adres reconozca indemnizaciones por muerte y gastos funerarios cuando el fallecimiento está asociado, entre otros eventos cubiertos, a actos terroristas.
Para ello, las solicitudes deben cumplir una serie de requisitos que permitan acreditar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La revisión adelantada por la entidad encontró inconsistencias precisamente en ese punto: la acreditación de los eventos terroristas que servían como fundamento para solicitar los recursos.
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El director general de la Adres, Iván Sánchez Arango, señaló que la nueva administración puso los hallazgos en conocimiento de la Fiscalía mediante una noticia criminal.
El funcionario indicó además que continuarán las investigaciones internas correspondientes para establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades.
La entidad también anunció que atenderá los requerimientos de la Fiscalía y suministrará toda la documentación necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Por ahora, la información divulgada no precisa cuántas personas presentaron las 557 solicitudes ni cómo estaban distribuidas entre las distintas regiones del país.
Tampoco detalla cuántas de las reclamaciones cuestionadas corresponden a indemnizaciones por muerte y cuántas a gastos funerarios.
La decisión de la Adres implica que los trámites asociados a estas reclamaciones permanecerán suspendidos mientras las autoridades revisan la documentación y las circunstancias bajo las cuales fueron presentadas.
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La entidad no señaló que todas las solicitudes sean fraudulentas, sino que identificó presuntas irregularidades e inconsistencias que requieren verificación.
El hecho de que el 86 % de los casos revisados tenga observaciones tampoco equivale a una determinación de responsabilidad penal o administrativa.
Ese aspecto deberá ser definido por las autoridades competentes a partir de las investigaciones en curso.
La Adres explicó que las medidas buscan proteger los recursos públicos destinados al sistema de salud y evitar pagos que no estén debidamente sustentados.
La entidad sostuvo que continuará fortaleciendo sus mecanismos de control para detectar posibles anomalías en los procesos de reconocimiento de recursos.
El caso se suma a las revisiones internas que la nueva administración ha venido realizando sobre distintos procedimientos y pagos asociados al manejo de recursos del sistema de salud.
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Según la Adres, el objetivo es garantizar mayor trazabilidad, transparencia y control sobre los dineros públicos.
Mientras avanza la investigación, los más de $20.000 millones involucrados en las reclamaciones cuestionadas permanecerán bajo revisión y sin trámite definitivo.
La entidad insistió en que colaborará con las autoridades judiciales y mantendrá abiertas las verificaciones internas para establecer si hubo irregularidades, quiénes habrían participado y qué mecanismos se utilizaron para presentar las solicitudes.