Agentes encubiertos que participaron en una operación de entrega controlada han detallado en el juicio la operación policial que se llevó a cabo en 2023 contra seis acusados de integrar presuntamente una organización que pretendía introducir en España unos 400 kilos de cocaína procedentes de Colombia destinados a Madrid y la Costa del Sol.
La Fiscalía solicita para cada acusado nueve años de prisión y una multa de 40 millones de euros. Por el delito de pertenencia a grupo criminal reclama otros dos años de prisión.
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En las cuestiones previas planteadas, las defensas han cuestionado, entre otros aspectos, la competencia de la Audiencia Provincial de Madrid para enjuiciar los hechos y han interesado que el procedimiento sea asumido por la Audiencia Nacional.
Los abogados también han impugnado la actuación de los agentes encubiertos al considerar que la autorización de la Fiscalía Especial Antidroga no era suficiente y que determinadas diligencias debían haber sido autorizadas por un juez. Las defensas cuestionan así la validez de parte de las actuaciones practicadas durante la investigación y de las pruebas obtenidas a partir de ellas.
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El procedimiento se sustenta, entre otros elementos, en las vigilancias y seguimientos policiales realizados durante la operación. Los seis acusados, dos de ellos huídos de la Justicia, niegan su participación en los hechos y está previsto que presten declaración ante el tribunal dentro de unos días, una vez que avance la práctica de la prueba.
En la sesión, han comparecido los agentes encubiertos que se infiltraron para llevar a cabo las detenciones, detallando las comunicaciones, reuniones y las entregas de droga que mantuvieron con los procesados. "Vamos a enviar 400 kilos de coca por Barajas", le comentó uno de los acusados a uno de los agentes infiltrados.
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OPERACIÓN CONTROLADA POR INFILTRADOS
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los procesados habrían participado en la recepción y adquisición de una partida de 400 kilos de cocaína enviada desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá hasta Madrid-Barajas mediante una operación de entrega controlada, autorizada tanto por las autoridades colombianas como por la Fiscalía Especial Antidroga española.
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Los otros 100 kilos de la partida, hasta completar los 500 paquetes enviados desde Colombia, estaban destinados a otro grupo asentado en Marbella y no forman parte de este procedimiento.
La investigación se inició a raíz de la información remitida por la Fiscalía de Colombia a la Fiscalía Especial Antidroga española sobre una organización que pretendía transportar una importante cantidad de cocaína desde Colombia a España.
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Los agentes encubiertos trasladaron los 500 paquetes hasta Madrid en un vuelo de Iberia procedente de Bogotá y, una vez en España, la sustancia fue trasladada al Complejo Policial de Canillas. Posteriormente comenzaron los contactos con los integrantes del grupo para concretar la recepción de la droga.
Uno de los investigados habría manifestado a los agentes su intención de introducir 400 kilos de cocaína por la terminal de carga de Barajas y habría buscado a personas que pudieran sacar la droga del aeropuerto y trasladarla posteriormente a la Costa del Sol. Más adelante, otro de los acusados habría informado de que el comprador estaba dispuesto a pagar 450.000 euros por la entrega de la sustancia.
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El 1 de junio de 2023, uno de los acusados, identificado con el alias de 'Jeke', se reunió con los agentes encubiertos y, según la Fiscalía, manifestó ser la persona encargada de recoger los 400 kilos y comprobar la calidad de 25 paquetes. La entrega se habría fijado para el 5 de junio y el acusado habría señalado que pagaría aproximadamente 250.000 euros en efectivo.
Ese mismo día, varios de los acusados se reunieron en un restaurante de Madrid para comprobar la calidad de la droga y posteriormente se desplazaron hasta un hotel, donde los agentes custodiaban 25 paquetes de cocaína. Según el escrito del Ministerio Público, uno de los acusados revisó los paquetes mientras otros dos los fotografiaban.
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La operación culminó el 7 de junio de 2023, cuando uno de los acusados habría entregado 150.000 euros como pago por la sustancia. Posteriormente, los agentes se citaron con otro de los investigados en Alcobendas para hacer entrega de 200 paquetes de cocaína, momento en el que fue detenido cuando presuntamente procedía a cargar la sustancia en el maletero de un vehículo alquilado.
Además, durante el registro de un domicilio en Seseña (Toledo) fueron intervenidos 65.000 euros. El total del dinero incautado en el procedimiento asciende a 215.710 euros.
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En cuanto a la droga, la Fiscalía señala que se intervinieron 402.381 gramos de cocaína con una pureza del 76,6 por ciento, equivalentes a 308.223,846 gramos de sustancia pura, con un valor en el mercado ilícito de unos 14,08 millones de euros en su venta por kilogramos.
Por el delito contra la salud pública, la Fiscalía solicita para cada acusado nueve años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 40 millones de euros. Por el delito de pertenencia a grupo criminal reclama otros dos años de prisión, también con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
El Ministerio Público interesa asimismo el comiso de la droga, el dinero y los efectos intervenidos que hubieran sido utilizados en la actividad ilícita o procedieran de ella.
Finalmente, solicita medidas especiales de protección para los agentes encubiertos, incluida su declaración por videoconferencia, con la imagen pixelada y la voz distorsionada, para evitar su identificación.