La alcaldesa distrital de Paucartambo, en Pasco, Lisbeth Camavilca Bonilla, fue detenida junto con otras cinco personas como parte de una investigación por el presunto cobro de dinero para favorecer la adjudicación de una obra pública de agua potable y alcantarillado.
El operativo comenzó alrededor de las 4:00 de la madrugada del viernes 21 de agosto, cuando agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional intervinieron a la autoridad municipal en su vivienda, ubicada en el jirón Micaela Bastidas, en Paucartambo. Simultáneamente se realizaron allanamientos de inmuebles y oficinas en Pasco, Oxapampa y Huánuco.
Además de Camavilca, fueron detenidos su asesor Jhoel Atencio Ñaupa; el subgerente de Estudios y Proyectos, Frank Nastares Vilcapoma; la empresaria Nivea Torres Guillermo; y Elvis Aguirre Ayra y Ricardo Suárez Valerio, quienes también aparecen comprendidos en las pesquisas. La intervención fue autorizada judicialmente a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
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La investigación gira alrededor del proyecto denominado “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado para los barrios Collana y Guindales”, cuyo presupuesto ascendía a S/1 millón 66 mil 542.
Según las indagaciones fiscales recogidas por La República, Camavilca habría conversado con la empresaria Nivea Torres sobre la posibilidad de adjudicarle la obra. Un colaborador eficaz sostiene que la alcaldesa y su asesor le solicitaron una comisión equivalente al 15% del valor del proyecto, aproximadamente S/150 mil. Los S/50 mil exigidos inicialmente habrían funcionado como un adelanto para “asegurar” la contratación.
El monto total entregado habría llegado finalmente a S/40 mil: S/30 mil en efectivo y otros S/10 mil mediante una transferencia bancaria realizada por Ricardo Suárez a una cuenta a nombre de Elvis Aguirre. De acuerdo con el testimonio incorporado a la investigación, la propia autoridad municipal habría proporcionado los datos de la cuenta para realizar el depósito.
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La obra finalmente no llegó a ejecutarse. Según la misma investigación, la regidora Saida Arteaga Castillo detectó presuntas irregularidades en la elaboración de documentos y modificaciones en los términos de referencia, lo que frenó el proceso.
Otro de los episodios que forma parte de las diligencias ocurrió durante el operativo. El asesor Jhoel Atencio fue encontrado en una oficina de la Municipalidad de Paucartambo pese a que la intervención se desarrollaba fuera del horario habitual de trabajo.
La hipótesis de los investigadores, es que el funcionario habría sido alertado previamente del operativo y acudido al municipio ante la posibilidad de que existieran documentos relacionados con la investigación. Esa versión deberá ser corroborada durante las diligencias y no constituye hasta el momento una responsabilidad judicialmente establecida.
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Entre los elementos que analiza el Ministerio Público se encuentran audios, movimientos bancarios y otros medios de prueba que ya habían dado lugar a una investigación por presunto cohecho pasivo propio antes de las detenciones.
La investigación fiscal apunta al presunto delito de cohecho pasivo propio, previsto en el artículo 393 del Código Penal. Esta figura comprende, entre otras conductas, que un funcionario solicite o reciba dinero u otra ventaja para realizar u omitir un acto contrario a sus obligaciones.
Si se atribuye que el funcionario solicitó directa o indirectamente el beneficio para actuar en contra de sus deberes, la legislación establece una pena de seis a ocho años de prisión, además de inhabilitación y entre 365 y 730 días-multa.
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El mismo artículo contempla una modalidad más grave cuando el funcionario condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa del beneficio. En ese supuesto, la pena prevista va de ocho a diez años de cárcel. Será la Fiscalía la que determine qué modalidad corresponde a los hechos que logre acreditar y, eventualmente, el Poder Judicial establecerá si existe responsabilidad penal.
Camavilca asumió la alcaldía de Paucartambo en enero de 2025, después de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara la vacancia de Rómulo Maximiliano Velásquez por nepotismo. Ella había sido elegida inicialmente como primera regidora para el periodo 2023-2026.
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Fue la propia Camavilca quien promovió en 2023 el pedido de vacancia contra Velásquez por la contratación de una sobrina del entonces alcalde en la municipalidad. Tras una serie de decisiones del concejo distrital y apelaciones, el JNE determinó que se configuraba la causal de nepotismo y dejó sin efecto la credencial de Velásquez.
El 27 de enero de 2025, el organismo electoral convocó a Camavilca para completar el periodo municipal. Ahora, poco más de un año y medio después de iniciar aquel proceso contra su antecesor, la alcaldesa permanece comprendida en una investigación penal por una presunta coima vinculada a una contratación pública.
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