Los precios de los combustibles en Guatemala continúan al alza como consecuencia del conflicto armado que aún persiste entre Estados Unidos e Irán, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, ruta de paso del petróleo proveniente del Medio Oriente, y ha hecho que la demanda de crudo a nivel mundial sea mucho mayor.
El conflicto entre ambas naciones está por cumplir siete meses, ya que dio inicio el 28 de febrero del presente año. Durante este lapso, el precio del crudo ha tenido un aumento significativo, sobrepasando los US$100, lo que ha generado que los precios de los combustibles se disparen a nivel mundial.
Este incremento en los precios de los hidrocarburos en Guatemala ha provocado descontento entre la población, “que cada día ve cómo va disminuyendo su poder adquisitivo” afirman analistas consultados, quienes abogan por que el Ejecutivo y el Legislativo deben implementar “medidas paliativas” inmediatas para que, de alguna manera, puedan disminuir el impacto en el bolsillo de los guatemaltecos.
No obstante, consideran que el problema ha cobrado un mayor matiz como consecuencia de la falta de acciones del Ejecutivo y el retraso del Legislativo en la implementación de medidas como el decreto 21-2026, que, si bien consideran que no es una solución efectiva, en el corto plazo puede brindar un alivio a la población, que ha sido la más afectada.
Según el politólogo Renzo Rosal, ningún país en el mundo, a excepción de Estados Unidos, cuenta con herramientas efectivas para paliar la crisis que está generando el incremento de los precios de los combustibles a nivel global. Además, hace énfasis en que Guatemala enfrenta tres fenómenos simultáneos que afectan directamente a los guatemaltecos: los combustibles, la crisis climática y el panorama electoral, fenómenos que pueden tener un mayor repunte en el descontento social a finales del 2026 y principios del 2027.
“Cuando conjuntamos estos tres sucesos en un momento particularmente agudo al final del año 2026 y a inicio del 2027, la situación y el panorama de aquí en adelante pinta mucho más crítico de lo que vimos la semana pasada (bloqueos). Lo que vimos la semana pasada es como un anuncio, un preámbulo todavía manejable y de aquí en adelante si no se logra gestionar de mejor forma esto, pudiéramos tener escaladas político-sociales de mayor densidad”, aseguró.
De esa cuenta, resaltó que el Estado debe analizar e implementar otras medidas de contención necesarias para solventar, de alguna manera, la problemática y no delegar únicamente esta responsabilidad en el Congreso, que hasta el momento no ha entrado a conocer las objeciones presentadas por el diputado de Vamos, Allan Rodríguez, al decreto 21-2026 para la implementación de precios de referencia en los combustibles.
Rosal consideró que, al igual que el plan de respuesta que el Ejecutivo anunció para hacer frente a la crisis climática y alimentaria, también debería implementar un plan similar para afrontar el incremento en los precios de los combustibles, en el que tengan participación varias carteras, principalmente aquellas que están involucradas directamente, como Energía y Minas, Economía, Finanzas y Comunicaciones.
“El Ejecutivo no puede estar esperando de brazos cruzados, esperando a que el Congreso haga, mientras el Congreso está ‘durmiendo en sus mieles’. El Ejecutivo también puede y debe presionar públicamente al Congreso, para decirles que se pongan las pilas, ya que la mirada que tienen los ciudadanos no es tanto en el Congreso, sino sobre el Ejecutivo que es entonces el que termina pagando los platos rotos”, recalcó.
A criterio de Rosal, por parte del Legislativo existe un “retraso malicioso” para entrar a conocer las objeciones que fueron presentadas por el diputado Allan Rodríguez al decreto 21-2026, lo que también ha sido causa de que el problema se agudice.
“Yo creo que también los pocos diputados oficialistas que quedan, los que fueron antes Semilla y el propio Ejecutivo pudieran poner una denuncia de orden penal al propio diputado Rodríguez, porque lo que está haciendo es un daño, un perjuicio, no al Congreso como tal, sino un daño a las personas, a los ciudadanos, porque los ciudadanos estamos esperando que se implemente el subsidio, que ya sabemos que es cuestionado, que no es la medida más acertada pero ayudaría, por lo menos temporalmente, sería un compensador”, recordó el analista.
Plan de austeridad
Por su parte, Francisco Quezada, investigador y consultor asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), opinó que una de las medidas más prudentes que puede implementar el Ejecutivo en este momento es un “plan de austeridad”, por medio del cual se eliminen todos aquellos gastos innecesarios, contrataciones, sueldos elevados y otros rubros que generen algún exceso, y que ese recurso sea destinado a buscar soluciones de beneficio para los guatemaltecos.
“Este es un tema de austeridad pública, pero usted ve que todavía siguen los derroches, siguen los altos salarios, sigue el botín de empleo, siguen pagando recursos a diestra y siniestra, se aumentan los salarios. Entonces ese mensaje para la población es muy dañino, porque al final el subsidio va a llegar al combustible de los funcionarios públicos y al final van a seguir pagándose los altos emolumentos que perciben los funcionarios y también los diputados”, aseguró.
Quezada también consideró que una de las medidas más inmediatas para paliar la situación es la eliminación del Impuesto a la Distribución de los Combustibles (IDP), el cual aseguró que ha perdido su verdadero fin y se ha destinado a otros aspectos.
“Tienen que entrar indudablemente en el tema de los impuestos que están gravando los combustibles, ya que perdieron su razón de ser, no solo ahora sino desde hace muchos años, desde que ya no se utilizan para mantenimiento de carreteras. Son fondos que se están desviando y ese tema hay que desgravarlo inmediatamente para que ya los precios de los combustibles jueguen libremente y no estén gravados por impuestos, eso sería la primera medida”, afirmó.
Según Quezada, al retirar el impuesto a los combustibles se estaría dando un “espaldarazo” a los guatemaltecos para cubrir sus necesidades en estos momentos en que la situación se está poniendo más difícil en el país.
Junta Directiva convoca a jefes de bloques
La Junta Directiva del Congreso convocó a los jefes de los diferentes bloques legislativos para la reunión de la instancia que se realizará el lunes 21 de septiembre a las 12 horas. Según explicó el presidente del Legislativo, Luis Contreras, se espera que en dicha reunión se alcancen los acuerdos necesarios entre las distintas bancadas para agendar y conocer, en la sesión ordinaria del martes 22 de septiembre, las objeciones presentadas por el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, al decreto 21-2026, en el que se fijan precios de referencia para las gasolinas y el diésel.
“Yo creo que el martes, si tenemos quorum, se conocerán las objeciones, me imagino que eso va a pasar. Tenemos que resolverle el tema al pueblo de Guatemala, los combustibles van a seguir subiendo, eso es una realidad mundial”, aseguró Contreras.