Junio terminó con un resultado primario deficitario de casi $ 700.000 millones, cifra que se amplía a $ 1,02 billones si se contabiliza el pago de intereses. Es un número que no sorprendió a los analistas, ya que sin el pago anual del Impuesto a las Ganancias (cuyo vencimiento se postergó al 27 de julio por las negociaciones de la ley de Inocencia Fiscal) el Tesoro no tenía forma de afrontar el enorme gasto estacional que representan los aguinaldos de los estatales y de las jubilaciones que paga la ANSeS.
El semestre mantiene un número más chico, pero positivo. Pero para no intranquilizar a los inversores, en el mismo día en que difundió los datos del mes el Gobierno hizo aparecer a la caballería. Ayer publicó un DNU que genera un gigantesco refuerzo de partidas, gracias a un recurso extraordinario que “entró” en las cuentas: las ganancias anotadas por el Banco Central en 2025.
El balance del organismo había sido aprobado a mediados de mayo. Pero recién dos meses después, el Ejecutivo ordenó las contraprestaciones a cubrir y formalizó una inyección de pesos al Tesoro de más de $ 25 billones. Según lo consignó el DNU 594, destinará $ 18 billones para cancelar Letras Intransferibles, tal como se había anunciado.
Los billones restantes, sin embargo, no se sumarán al colchón: cubrirán $ 4,4 billones de gastos muy apropiados para el momento político: desde $ 1,3 billones para las universidades, $ 638.000 millones para subsidios energéticos y $ 409.000 millones para cubrir el rojo de las cajas de jubilaciones provinciales (las que no fueron transferidas a la ANSeS). Este giro lubricará negociaciones con gobernadores, desde ya.
Dato final: la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que impulsa Milei impedirá esta forma de alimentar al Tesoro. Pero hasta que no se apruebe esa ley, garantizar el superávit fiscal justifica todo.