El cambio en el esquema de acceso al Ecoparque de Buenos Aires marcó un punto de inflexión en la política de administración de los espacios públicos de la Capital Federal. La gestión liderada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dispuso que el predio ubicado en el barrio de Palermo, que funcionaba de forma completamente libre desde su reconversión en 2016, pase a un modelo de segmentación geográfica dentro de la ciudad autónoma. "Prioridad porteña en el Ecoparque. No residentes pagan", destacó el jefe comunal en su cuenta de X.
Bajo esta nueva normativa, los ciudadanos que acrediten domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantienen la gratuidad y disponen de un acceso exclusivo para agilizar el ingreso mediante el escaneo de su DNI físico o desde la aplicación MiArgentina. En contraste, los argentinos y residentes del resto del país que no habitan en territorio porteño deben abonar una tarifa general de $9.871, mientras que los turistas extranjeros pagan $19.741 y los menores de 12 años del exterior abonan $15.793. Las únicas excepciones generales de pago corresponden a los menores de 12 años argentinos, los mayores de 65 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.
Esta determinación oficial se ampara detrás del concepto de "prioridad porteña", un eje político-discursivo que busca garantizar que los recursos tributados por los contribuyentes locales impacten de manera preferencial en quienes sostienen el erario público de la ciudad. Desde el plano técnico, las autoridades porteñas, encabezadas por el titular del predio Ramiro Reyno, argumentaron que la recaudación de las entradas no residentes busca asegurar la sustentabilidad financiera a largo plazo de los 14 programas de conservación activa de fauna, la investigación ambiental, la atención veterinaria especializada y la preservación de los 42 edificios históricos declarados patrimonio nacional que componen el exzoológico. Macri ratificó la medida sosteniendo públicamente que dar prioridad a los porteños permite estar más ordenados en la Ciudad y asegurar que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad.
La decisión sobre el predio de Palermo no representa un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de una doctrina de gestión que se ha profundizado mediante instrumentos legales concretos. El antecedente inmediato y más abarcativo de esta lógica quedó plasmado en el Decreto Nº 142-26, firmado junto al jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, el cual oficializó la "Prioridad Porteña" en la totalidad de la administración pública. Dicha norma establece un orden de atención preferente para los habitantes de CABA a la hora de solicitar turnos médicos, cupos educativos, vacantes o tramitaciones generales.
La segmentación del acceso al Ecoparque encendió un fuerte debate en el arco político y en las redes sociales, provocando cruces inesperados incluso dentro del propio espacio del PRO. Una de las réplicas más resonantes provino del exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien utilizó su cuenta oficial de X para cuestionar con severidad la medida de su sucesor al publicar: “Un buen número de los que te cuidan, te curan y te educan tienen que pagar. ¡Qué locura!”.
En una sintonía similar de rechazo, el dirigente peronista y secretario de la Federación Argentina de Municipios, Miguel Saredi, criticó la medida mediante un comunicado en Instagram donde denunció que cobrarle entrada al resto del país es discriminar a los argentinos y alimentar una lógica de privilegios que divide a los ciudadanos de primera y de segunda, recordando que la Capital Federal es patrimonio de toda la Nación y no de una élite local.
Por el lado de los municipios de la provincia de Buenos Aires, el secretario de Servicios Públicos de Quilmes, Sebastian De Fazio, utilizó sus canales digitales para diferenciarse de la gestión de CABA, remarcando que en territorio bonaerense la oferta recreativa infantil se mantiene abierta y gratuita, asegurando que a ningún niño o niña se le requerirá informar dónde vive para disfrutar de un espacio público durante los recesos escolares.
En la vereda opuesta, la iniciativa recibió un rotundo respaldo por parte de los sectores alineados con la doctrina del orden fiscal y el resguardo del contribuyente local. En las plataformas digitales, cuentas y usuarios afines al oficialismo porteño y al gobierno nacional defendieron la postura adoptada por el jefe de Gobierno frente a los cuestionamientos de la oposición. Entre los mensajes de apoyo que replicaron los contenidos oficiales de Jorge Macri, diversos usuarios argumentaron que es de estricta justicia que los porteños no vuelvan a pagar por un predio que ya financian diariamente a través de las elevadas tasas e impuestos municipales de la Ciudad.
Los defensores de la medida señalaron en las redes que los parques y complejos recreativos del interior del país y de la provincia de Buenos Aires suelen aplicar los mismos criterios de arancelamiento para los visitantes externos, por lo que calificaron las quejas opositoras como un reclamo desmedido ante una decisión administrativa lógica que busca cuidar los fondos públicos de la Ciudad. Hasta el momento, el concepto de "prioridad porteña" avalado por el primo de Mauricio Macri continua en avanzada.
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