Oviedo, 22 ago (EFE).- El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha mostrado este sábado su malestar por la situación en la que se encuentra la Autopista del Huerna (AP-66), principal acceso entre Asturias y la Meseta, una vía que "no está en condiciones" para que se cobre peaje después que anoche permaneciera cortada varias horas por un desprendimiento en uno de sus túneles.
La autopista permaneció cortada desde pasadas las 22:00 horas del viernes hasta la madrugada de este sábado a consecuencia de un desprendimiento en el interior de uno de los túneles del Negrón, que no causó daños personales y que obligó a desviar la circulación a través del puerto de Pajares (N-630) hasta que se habilitó la segunda boca, en la que se realizan obras de mantenimiento.
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En declaraciones a los periodistas durante su asistencia en Pola de Laviana a la 57ª edición del Descenso Folclórico del Nalón, Barbón ha asegurado que prefería ser "corto y conciso" para subrayar que esta incidencia "da la razón al Gobierno de Asturias al decir que esa carretera no está en condiciones y, por tanto, no está prestando el servicio" por el que se paga el peaje.
A su juicio, esta circunstancia da la razón a la posición política de su Gobierno de defender que lo que se está cobrando "es una injusticia absoluta" y ha garantizado que seguirán luchando "con todas las fuerzas" para acabar con esa situación.
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El Gobierno asturiano autorizó a finales de julio la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a la concesionaria Aucalsa por infracción "muy grave" en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra "grave" por una deficiente señalización de las obras, un expediente en el que se ha personado el Ministerio de Transportes.
Por la mala señalización de los trabajos, que afectan a casi un 40 por ciento del recorrido, y no informar a los conductores de esa situación antes de coger la autopista, se plantea una multa de cien mil euros mientras que por no ofrecer el servicio que debería darse se baraja otra de un millón de euros, cantidades que suponen la mayor sanción planteada en materia de consumo en Asturias.
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El Gobierno asturiano ha anunciado además un recurso ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar el peaje desde 2021, cuando concluía su vigencia, hasta 2050, un órgano ante el que también recurrirán la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las patronales del transporte del Principado.
Además, el Principado enviará una comunicación a la Comisión Europea, que cuestionó la legalidad de las prórrogas de los peajes de la AP-66 y de la AP-9 en Galicia, para que agilicen el procedimiento sancionador hacia España y se convierta en una demanda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). EFE
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