(BUENOS AIRES).- Brasil implementará una reforma laboral que deja atrás la escala 6×1 y fija una semana de cinco días de trabajo y dos de descanso remunerado. La jornada máxima bajará de 44 a 40 horas semanales, sin reducción salarial, con cambios que alcanzarán a sectores como el comercio, la hotelería y los servicios.

El Senado de Brasil aprobó la iniciativa el miércoles 14 de octubre, en dos votaciones consecutivas, por 75 votos a favor y uno en contra. La Cámara de Diputados había aprobado el mismo texto en mayo de 2026. La promulgación por las mesas directivas de ambas cámaras estaba prevista para el martes 20 de octubre y no requería sanción presidencial; sin embargo, la enmienda fue promulgada el viernes 16.

La Enmienda Constitucional 141 se aplicará en etapas: dos meses después de su publicación, el máximo semanal pasará a 42 horas. Catorce meses después de la promulgación, el tope llegará a 40 horas semanales, con un máximo de ocho horas por día. La norma prohíbe reducciones salariales nominales o proporcionales, incluidos los salarios mínimos fijados para cada categoría profesional.

Brasil anticipa más de 26 millones de beneficiarios

Un estudio del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), elaborado con datos de 2025 de la encuesta nacional de hogares, estima que 26,8 millones de trabajadores podrían beneficiarse. De ese total, unos 22 millones tienen empleo formal —el 54% de quienes cuentan con contrato registrado— y alrededor de 4,8 millones trabajan en la informalidad más de 40 horas semanales.

La reforma es una de las principales propuestas de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva antes del balotaje del 25 de octubre, en el que enfrentará a Flávio Bolsonaro. El candidato opositor había estado en contra del proyecto, pero cambió de postura en la víspera y votó de forma telemática mientras participaba de actos de campaña en Porto Alegre. Davi Alcolumbre, presidente del Senado, destacó el impacto para «millones de personas de diferentes realidades del país»; senadores oficialistas cuestionaron el cambio y hablaron de «volatilidad de convicciones».

Rick Azevedo, exdependiente de farmacia y fundador del movimiento Vida Além do Trabalho (Vida más allá del trabajo), fue uno de los impulsores de la movilización contra la escala 6×1. «Es una cuestión específica de la clase trabajadora«, sostuvo. El senador Esperidião Amin pidió unidad con el sector empresarial para «amortiguar los impactos presupuestarios que conllevarán las medidas». Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores, defendió la reforma y afirmó que «Brasil se sitúa así al nivel de los países más desarrollados», al mencionar a Finlandia, Australia, Francia, Alemania, Noruega y Países Bajos.

La adaptación de las empresas a los nuevos límites plantea un desafío, sobre todo para los pequeños negocios, que pueden tener menos recursos para contratar personal o modificar horarios. La Federación de Comercio de São Paulo prevé que la reforma eleve un 22% el costo de la hora trabajada y advirtió sobre la posible pérdida de hasta 1,2 millones de puestos.

Otros senadores opositores respaldaron la medida, pero criticaron las «prisas» y el «uso del aparato estatal» en función del calendario electoral. Teresa Leitão, portavoz del Gobierno en el Senado, dijo: «Hay gente que no quiere que esta votación termine hoy. Por eso, debemos mantenernos vigilantes para impedir retrocesos en el futuro«. El Gobierno brasileño estudia líneas de crédito y programas de capacitación para las empresas más afectadas; la transición está prevista para diciembre de 2026.