El Ministerio Público dio un nuevo golpe contra la corrupción al interior de las cárceles bajo la operación Apocalipsis II, continuando con el despliegue que en diciembre pasado permitió la formalización de 23 civiles y 47 gendarmes por delitos de cohecho, soborno, lavado de activos y asociación ilícita, por hechos ocurridos entre los años 2020 y 2025.

Bajo esa primera arremetida, los investigadores, comandados por el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, pudieron establecer que en el CDP Santiago 1 y en el CPF Santiago (San Joaquín) operan grupos criminales que se valían del soborno y del cohecho de funcionarios públicos con el propósito de ingresar elementos prohibidos o ilícitos. Junto con ello se permitía el acceso irregular de personas ajenas al establecimiento, simulando ser visitas debidamente enroladas. Todo, al margen de los requisitos reglamentarios y legales aplicables.

Pero la indagatoria no estaba agotada y, por lo mismo, la jornada de este miércoles se volvió a activar un amplio despliegue. Así fue como se materializaron órdenes de entrada y registro en 14 domicilios de la Región Metropolitana, el Maule, Biobío y en Magallanes, logrando la detención de tres nuevos implicados.

“Esta investigación se enmarca en lo que se denomina el foco penitenciario. En el año 2024 la Fiscalía Nacional tomó la decisión de investigar el crimen organizado y la corrupción que se generaba en los establecimientos penitenciarios. En diciembre del año pasado se realizó la denominada operación Apocalipsis, donde se detuvo a 70 personas; 44 de ellas eran funcionarios de Gendarmería (...) Y hemos continuado con esta investigación dentro del plazo que nos concedió el tribunal por cuanto teníamos la impresión, y lo ratificamos con este procedimiento, que existían además otras estructuras que facilitaban la concreción de estos delitos”, comentó al respecto el fiscal Pastén, aludiendo especialmente al otrora gendarme y exdirigente de la extinta Anfup, Álex Vega.

De acuerdo con lo expuesto por el persecutor, esta causa ha demostrado que la asociación criminal se amparaba en la existencia de una asociación de funcionarios.

“Tenemos antecedentes que vamos a vertir en la formalización, que dan cuenta de fraudes cometidos para asegurarse las reelecciones, falsificaciones materiales de instrumentos para falsificar votos, firmas y derechamente sustraerse incluso urnas con votos para asegurarse que esta persona se mantuviera como dirigente sindical y desde ahí dar protección a quienes cometían los delitos que ya formalizamos”, complementó Pastén.

En el marco de la audiencia, además, se expondrán antecedentes que relacionan a Vega con un delito ocurrido en 2018, referente a la aplicación de apremios ilegítimos a un interno que falleció producto de los mismos.

Además de ello, los detenidos durante esta jornada, como especificó la fiscal Tania Mora, serán encausados por cohecho agravado y lavado de activos, pues producto de las ganancias de los delitos de cohecho, “los imputados invertían tanto en patrimonio personal como también utilizaban las figuras de ocultamiento como testaferros y a través de estas cuentas por las que movilizaban el dinero a través del sistema bancario”.

En medio de las nuevas pesquisas, relató la persecutora, se incautaron vehículos, inmuebles y se congelaron varias cuentas bancarias.

El rol de Vega

Álex Vega Torres fue apresado con su pareja durante la madrugada de este miércoles en su hogar, en la comuna de Cerrillos, a las 6.05 horas. De acuerdo con fuentes ligadas al proceso, la propiedad tenía una entrada alternativa, todas las habitaciones se mantenían cerradas con llave y la casa aparentaba no tener moradores.

Hace cuatro años, el exlíder laboral de Gendarmería participó junto a otros 10 funcionarios en un asado no autorizado en una de las dependencias anexas al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Botellas de cerveza, whisky, vino y tequila fueron encontradas tras la celebración realizada la noche del martes 30 de agosto de 2022, además de envoltorios plásticos con restos de ketamina.

Gendarmería inició un sumario a los 11 gendarmes involucrados y en marzo de 2024 se determinó su destitución por una falta grave a la “probidad, ética y el comportamiento exigible a todo funcionario público”. Los sancionados iniciaron entonces una huelga de hambre buscando revertir la medida.

Pese al proceso disciplinario, en abril de 2024 Vega resultó electo cuarto director de la extinta Anfup, por lo que logró quedarse.

En medio de esta nueva indagatoria, el fiscal Pastén precisó que Vega, “mientras se mantenía vigente esta asociación, contaba con fuero sindical. Es decir, él no estaba obligado a cumplir una jornada, él no era sujeto de evaluaciones por parte de sus superiores, y además contaba con una inamovilidad, que es lo que le otorga el fuero a los dirigentes sindicales. Aprovechándose de esa condición, él se instaló en Santiago 1 y desde ahí desplegó una red de corrupción”.

El Ministerio Público detectó al menos $ 130 millones sin justificar por parte del imputado.

A raíz de los nuevos antecedentes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó que se mantendrán como querellantes. “Vamos a apoyar a las fuerzas de orden y seguridad con todo, pero cuando crucen la línea seremos querellantes”, dijo.