Estamos a menos de dos meses de elegir a las nuevas autoridades regionales y locales, aunque la campaña aún no se deja sentir. Gracias a los máximos históricos que ha marcado el cobre y los aún elevados precios del oro, metales que exportamos, muchas de estas autoridades deberán administrar una de las mayores bolsas de recursos provenientes del canon de los últimos años y –ojalá– convertirla en inversión pública de calidad. Esa sigue siendo una deuda pendiente de buena parte de los gobiernos subnacionales que reciben millones por este concepto.
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Las transferencias por canon y regalías mineras han superado los S/ 130,000 millones en veinte años y, de no usarse, se mantienen en las cuentas de cada entidad sin devolverse al fisco. Cabe entonces preguntarse si estas transferencias, por sí mismas, han servido para cambiar la realidad. Antonella Bancalari y Juan Pablo Rud aportan evidencia reciente, que permite ver el efecto del canon como transferencia para el gasto público, aislado del efecto de la actividad extractiva en sí misma. Lo hacen estudiando únicamente distritos sin actividad extractiva que reciben canon por pertenecer a la provincia o región de otro distrito extractivo: cerca de 1,550 municipalidades distritales entre el 2006 y 2018. Se trata del canon en su conjunto, aunque cerca del 60% proviene de la minería.
Según el IPE, en los últimos diez años los gobiernos subnacionales ejecutaron apenas el 66% del presupuesto financiado con canon y regalías.
A pesar de todas nuestras dificultades, los resultados son alentadores. De cada dólar transferido, 82 centavos se convierten efectivamente en gasto público, principalmente en inversión de capital, como la regla del canon indica. Al cabo de cinco años, cada dólar transferido ha generado 1.3 dólares de producto local: sí mueve la actividad económica. El efecto es mayor en los distritos menos urbanos y menos conectados. Además, en un municipio que duplica su presupuesto gracias al canon, la probabilidad de estar ocupado sube unos seis puntos porcentuales, la pobreza rural cae cerca de cuatro y los ingresos mejoran sobre todo en la agricultura. Varios de estos efectos persisten años después.
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Pero no todo es color de rosa. En el primer año, la investigación muestra que cada dólar genera solo 40 centavos de producto local. Los otros 60 se escapan en compras fuera del distrito, ineficiencia, desperdicio y demoras en terminar las obras. El canon rinde, pero rinde tarde y podría rendir mucho más. Tarda más en rendir de lo que tarda la autoridad en irse.
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El gran cuello de botella es el de siempre: capacidad de gestión. Según el IPE, en los últimos diez años los gobiernos subnacionales ejecutaron apenas el 66% del presupuesto financiado con canon y regalías. Entre el 2023 y el 2025, los veinte municipios con más recursos de este rubro dejaron sin ejecutar más de mil millones de soles cada año. Plata paralizada, como tantas obras: el Banco Mundial estima que el 45% de los proyectos de inversión iniciados desde el 2012 está abandonado y que cerca del 80% de los proyectos nuevos entra al presupuesto durante el año, desplazando recursos de obras ya en marcha. Cada obra que se anuncia hace más probable que otra se paralice.
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Recientemente, el ministro Guillermo Shinno ha señalado que impulsará modificaciones para que una mayor parte del canon se destine a las comunidades del entorno. Esto parte de una preocupación válida, pero a veces hay que revisar estas políticas con bisturí, pues en muchos casos podría dirigir millones a distritos de muy pequeño tamaño, con baja capacidad de utilizar el dinero. Necesitamos poner el foco en qué se gasta y con qué calidad.
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En el centro del debate debería estar, entonces, construir capacidades. Eso pasa por reducir la atomización de los proyectos, enfrentar la elevada rotación de funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno y apuntar a que las inversiones lleguen en combo: de poco sirve un colegio nuevo donde no hay agua, o una posta a la que no se puede llegar. Lamentablemente, eso requiere una articulación muy difícil de lograr en nuestra gestión pública. Además, nuestra descentralización nos deja con una dificultad compleja: tenemos demasiados municipios de poca población que no solo desbalancean el reparto per cápita, sino que enfrentan topes salariales que limitan a quién pueden reclutar, haciendo aún más difícil atraer buenos cuadros para la administración de millones de soles.
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Las autoridades que elijamos el 4 de octubre van a manejar más recursos que casi cualquiera de sus antecesores. Esa es una oportunidad enorme y una responsabilidad del mismo tamaño, porque el costo de no ejecutar no se ve solo en un Excel, sino en años de vida que muchas familias siguen pasando sin agua o sin una posta cerca y bien equipada. La evidencia dice que el canon sí puede cambiar vidas, pero tenemos que ser capaces de hacerlo mejor. Lo que nos falta no es plata: son autoridades a la altura de todos esos millones.
Paola Del Carpio Ponce es coordinadora de investigación de Redes.
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