
Los detenidos fueron identificados como la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez y los agentes Geybin Gadriel Salgado Pérez, Kevin Dagoberto Castillo Zambrano y Carlos Iván Arteaga Ayestas, contra quienes se presentó un requerimiento fiscal por suponerlos responsables del delito.
La captura fue coordinada por la Sección contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), luego de que un juez competente librara las respectivas órdenes de captura tras conocer el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público el pasado 28 de septiembre.
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De acuerdo con la investigación del ente acusador, los hechos se remontan al 30 de agosto de 2026, cuando los ahora imputados habrían ingresado a un inmueble y, mediante acciones de intimidación, sacaron del lugar a un menor de edad.
Según la información proporcionada por el Ministerio Público, los agentes habrían manifestado a los vecinos que trasladarían al joven al CORE 7, una instalación policial.
Sin embargo, las investigaciones establecieron que el menor no ingresó a ese centro policial. Después de ser sacado del inmueble, habría sido trasladado con rumbo desconocido, situación que generó preocupación entre sus familiares.
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Ante la desaparición, los parientes de la víctima acudieron al Ministerio Público e interpusieron una denuncia formal para solicitar que se investigara el paradero del menor y se determinaran las circunstancias en las que había sido llevado del inmueble.
Las diligencias de investigación permitieron establecer nuevos elementos sobre el caso días después de la desaparición.
El 4 de septiembre, los familiares recibieron un mensaje en el que desconocidos exigían el pago de 600,000 lempiras a cambio de la liberación del menor.
La comunicación elevó la investigación a un escenario de presunto secuestro, mientras los familiares continuaban sin conocer el paradero de la víctima.
Según el Ministerio Público, en el mensaje también se habría advertido a los parientes que no proporcionaran información a las autoridades, una circunstancia que fue incorporada a las diligencias desarrolladas por los investigadores.
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A partir de la denuncia y de la información obtenida durante la investigación, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, a través de su sección especializada en secuestros y operaciones especiales, desarrolló diferentes diligencias para identificar a los responsables y determinar su posible participación en los hechos.
El caso tomó especial relevancia debido a que los cuatro señalados pertenecían a la Policía Nacional y estaban asignados a la Dirección Policial de Inteligencia.

La investigación permitió que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra la subinspectora y los tres agentes, atribuyéndoles participación en el delito de secuestro agravado.
El ente acusador informó que la acusación está sustentada en prueba documental, evidencia técnica y científica, elementos que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
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Tras conocer el requerimiento fiscal presentado el 28 de septiembre, un juez competente emitió las órdenes de captura que permitieron ejecutar este miércoles la operación contra los cuatro elementos policiales.
Los detenidos deberán comparecer ante las autoridades judiciales para que se desarrolle el proceso correspondiente y se determine su situación jurídica.
El Ministerio Público no detalló en la información divulgada cuál es el estado actual del menor ni si ha sido localizado, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido desde el momento en que fue sacado del inmueble el 30 de agosto.