Seis personas, entre ellas dos menores de edad, fueron aprehendidas en momentos en que se dedicaban a la extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto, en las afueras de la ciudad capital.
La acción se efectuó durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en el llamado Corredor de Los Pobres, en el corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.
Las autoridades informaron que la intervención policial de la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales, la Dirección de Investigación Judicial Ambiental, la Policía Ambiental y del Servicio Nacional de Fronteras respondió a información previa que alertaba sobre la presencia de personas dedicadas a la actividad minera ilegal.
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Esta actividad, dijeron, estaba provocando afectaciones al ecosistema, entre ellas la desviación del cauce de la quebrada y la degradación del suelo.
En cumplimiento de los protocolos establecidos, los adolescentes fueron remitidos a las autoridades competentes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
A los involucrados se les informó sobre su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales.
El artículo 399 del Código Penal, tipifica los delitos contra los recursos naturales y sanciona con penas de 3 a 6 años de prisión a quien, infringiendo las normas de protección ambiental, destruya, extraiga, contamine o realice actos de extracción ilegal de recursos minerales que afecten el equilibrio ecológico o las fuentes hídrica.
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De igual manera, la Ley 41 de 1998 (Ley General de Ambiente), prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y áreas protegidas.
Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron diversos implementos utilizados para la extracción ilegal, entre ellos: cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba. Asimismo, personal técnico del Ministerio de Ambiente entregó las citaciones correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo.
Los aprehendidos fueron trasladados a la Zona Policial Metro Norte, subestación de Caimitillo, donde se realizaron los trámites legales pertinentes.
La minería ilegal en Panamá se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales y de gobernanza del país en los últimos años, en un contexto marcado por una moratoria a la minería metálica, el cierre de la mayor mina de cobre de Centroamérica y una creciente conflictividad social en torno al modelo extractivo.
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La minería metálica formal se encuentra paralizada tras la aprobación de la Ley 407 de 2023 y la declaración de inconstitucionalidad del contrato de Cobre Panamá.
La renovación del contrato minero a través de la Ley 406 de 2023, aprobada con un trámite acelerado y sin debate suficiente, actuó como detonante de una ola de protestas masivas e históricas, en las que confluyeron pueblos indígenas, sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones ambientalistas y amplios sectores urbanos.
Mientras, diversas operaciones ilícitas proliferan en zonas rurales y áreas protegidas, impulsadas por el alza del precio del oro, la debilidad del control estatal en territorios de difícil acceso y la existencia de redes organizadas que operan al margen de la ley.
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Casos recientes en la provincia de Darién, la cuenca del Canal de Panamá, el Parque Nacional Chagres, la comarca indígena Guna Yala, Chepo y en otras regiones del país evidencian patrones recurrentes: excavaciones clandestinas, uso de maquinaria no artesanal, desviación de cauces de ríos, presencia de campamentos improvisados y empleo de sustancias peligrosas como combustibles y, en algunos casos, mercurio y cianuro.
Esta dinámica, según los ecologistas, ocasiona una combinación de deforestación acelerada, degradación de suelos, contaminación de fuentes hídricas y afectación de las comunidades campesinas cercanas de los ríos.