Siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala fueron capturados en una investigación por la presunta sustracción y venta ilegal de armas y municiones.
El caso incluye posibles delitos de peculado por sustracción y asociación ilícita, según la información preliminar conocida tras los allanamientos del Ministerio Público (MP).
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Las diligencias, que se realizaron este miércoles 30 de septiembre, alcanzaron instalaciones de la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS), en la zona 3 de la capital guatemalteca.
Vehículos de la Inspectoría General de la PNC y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ingresaron a la sede como parte de las actuaciones.
Dos de los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Tercero Penal, donde se les comunicaron los motivos de su captura. La primera declaración quedó programada para el 14 de octubre.
Por su parte, el Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que trabajan en coordinación con la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y que, por ahora, realizan diez allanamientos en distintos departamentos del país con el objetivo de reunir evidencia.
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Además, confirmaron que las diligencias están “relacionadas a una investigación por la presunta sustracción y venta ilegal de municiones asignadas a la Policía Nacional Civil que habrían terminado en poder de estructuras criminales”.
Según informaron, por ahora se han incautado drogas, armas de fuego, municiones de uso exclusivo del Ejército y de las fuerzas de seguridad, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. También se han capturado a personas con orden judicial vigente.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que la pesquisa comenzó dentro de la Inspectoría General de la institución y más tarde recibió el acompañamiento de una fiscalía del Ministerio Público.
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“Hemos detectado una sustracción de munición en la Dirección de Protección a Personalidades y Seguridad”, sostuvo Villeda al referirse a las diligencias durante la conferencia de prensa La Ronda ofrecida este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura.
El funcionario explicó que los allanamientos buscan avanzar sobre esa línea de investigación.
De acuerdo con el ministro, las acciones iniciales derivaron en la detención de cuatro integrantes de la PNC, entre ellos un oficial, además de tres civiles capturados en el departamento de Jutiapa.
La información posterior difundida sobre el expediente señala que el total de agentes arrestados ascendió a siete.
Villeda insistió en que el caso se originó por una investigación sobre la presunta salida irregular de municiones desde la dependencia policial.
“Esto es lo que inició investigando la Inspectoría de la Policía Nacional Civil y ahora está teniendo el acompañamiento del Ministerio Público”, afirmó.
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Durante su declaración, el titular de Gobernación diferenció entre los agentes que actúan en cumplimiento de su deber y aquellos investigados por posibles actos de corrupción.
Villeda afirmó que los policías que enfrenten situaciones derivadas de la protección de ciudadanos o del uso legítimo de la fuerza contarán con respaldo institucional y, si fuera necesario, asesoría jurídica para acreditar la legítima defensa o el ejercicio de un deber.
Pero fijó otra posición frente a los hechos bajo investigación. “Todo aquel agente de Policía que se vea inmerso en actividades relacionadas con temas de corrupción anda solo, está completamente solo y está a merced de cualquier investigación y de la acción de la justicia”, expresó.
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El ministro agregó que no saldrá “a dar la cara”, defender ni apoyar a ningún integrante de la fuerza que resulte involucrado en este tipo de conductas.
Según indicó, esa directriz motivó la apertura de las pesquisas a través de la Inspectoría General.
La Dirección General de la Policía Nacional Civil informó que colaborará con los requerimientos de las autoridades tras los allanamientos del Ministerio Público.
En un comunicado, sostuvo que la transparencia y el apego a la ley son principios “no negociables” en el ejercicio de la función policial.
La institución también aseguró que aplicará una política de “cero tolerancia a la corrupción”. Añadió que cualquier integrante que se aparte del marco legal será puesto a disposición de las autoridades judiciales y enfrentará los procesos administrativos y disciplinarios correspondientes.
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El subdirector general de Investigación Criminal de la PNC, José Cornel, confirmó que existe una investigación en curso, aunque evitó dar detalles por la reserva del expediente.
Indicó que las diligencias operativas están a cargo de la Inspectoría General, con apoyo de una fiscalía del Ministerio Público.