El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento y agravó la situación judicial del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, por nuevas maniobras de corrupción en contrataciones de insumos médicos y ortopédicos del Programa Incluir Salud, dirigidos a sectores vulnerables, desde diciembre de 2023 a mediados de 2025.
La resolución dispuso también el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro acusados ya procesados en febrero pasado. Se trata del ex segundo del extitular de la ANDIS, Daniel Garbellini y del lobista Miguel Ángel Calvete, a quienes acusó también como presuntos jefes de asociación ilícita. A Spagnuolo se le fijó un embargo por $47.100.829.143,44.
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Además se amplió el procesamiento de Andrés Arnaudo y Federico Santich, señalados como integrantes de esa organización
La pesquisa se concentra en contrataciones del Incluir Salud, que brinda cobertura a personas sin obra social que reciben pensiones no contributivas. Las nuevas maniobras abarcaron adquisiciones de insumos médicos y ortopédicos.
En esta parte del caso, un relevamiento técnico del Ministerio de Salud identificó diferencias de precios por al menos $1.849.277.963 en operaciones vinculadas con seis segmentos de insumos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.
Esa cifra se incorporó a los $5.984.594.394,24 que la causa ya había determinado de manera provisoria en el rubro medicamentos. De ese modo, el monto conjunto bajo análisis asciende a $7.833.872.357,24, aunque el juzgado aclaró que se trata de una estimación parcial, limitada a contrataciones que pudieron cotejarse con valores de referencia.
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En la decisión judicial de más de 500 carillas se advirtió que los sobreprecios no son el único eje de la investigación porque se busca establecer si existió una “estructura organizada para influir sobre procedimientos de contratación estatal y beneficiar a determinados proveedores”, según supo Infobae en fuentes judiciales.
Spagnuolo presidió la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre de 2023 -nombrado por el presidente Javier Milei- hasta agosto de 2025, cuando dejó el organismo en medio del escándalo por la difusión periodística de audios donde hablaría de un supuesto esquema de coimas entre laboratorios y la Agencia que llegaría a altos funcionarios del Gobierno nacional. En las grabaciones se escucha a quien habla mencionar a “Lule” Menem y Karina Milei.
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El abogado ya está con procesamiento confirmado en la Cámara Federal porteña, en un primer tramo de la investigación por sobreprecios y supuestos sobornos en la compra de medicamentos, como presunto jefe de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Lijo dio por probada en esta nueva decisión “la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo —principalmente Spagnuolo y Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas—, operadores externos como Calvete y Pablo Atchabahian (otro de los ya procesados en febrero), empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas”, según la resolución judicial.
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Sus integrantes habrían actuado coordinadamente, mediante una distribución de funciones destinada “a favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado Nacional”.
La operatoria habría consistido en la “manipulación sistemática de los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI” -alto costo y baja incidencia-, mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas.
“A través de ese mecanismo se habrían generado beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización”, consideró el juez.
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No se trató de irregularidades aisladas sino que hubo “reiteración de estas prácticas en los distintos segmentos” con “vínculos entre sus protagonistas” de lo que da cuenta “las numerosas comunicaciones y operaciones económicas documentadas”.
En la resolución se mencionaron mensajes entre los acusados como los mantenidos por Calvete y su hija Ornella, ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación ya procesada en el primer tramo de la causa. Hablaron de un supuesto pago “de un ´3%´“ por parte de un proveedor. Sería el mismo porcentaje al que habría aludido Spagnuolo en los audios.
Empresarios y agentes de ANDIS
La medida alcanzó a empresarios vinculados con firmas proveedoras de la ANDIS, entre ellos Emilio César Olguín, asociado a Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martín Goncalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Ortopedia Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, de Farma Salud S.R.L.
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También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, de Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, de Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, de Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, de Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado, entre otras sociedades, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
El juez procesó además a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola y Alberto Denholm, quienes habrían tenido tareas relevantes en la estructura administrativa del organismo. La resolución los vincula con el manejo de invitaciones a proveedores, la coordinación de trámites, el acceso a información interna y el seguimiento de pagos.
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Por otra parte, Alan Pocovi fue procesado por supuesta asociación ilícita y lavado de activos agravado. El tramo los relaciona con circuitos financieros y comerciales investigados en torno de Calvete. Por último, Lautaro Brítez fue procesado como presunto miembro de la asociación ilícita.
La resolución también dictó la falta de mérito para 11 personas que habían sido indagadas. El juzgado consideró que corresponde profundizar la investigación sobre su eventual participación.
La primera tanda de procesamientos fue resuelta en febrero por el anterior juez del caso Sebastián Casanello, en la causa que está delegada en la fiscalía de Franco Picardi.
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