La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) litiga en tribunales contra Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido en Mazatlán desde octubre de 2025, para evitar pagar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación que la Ley General de Víctimas le obliga a cubrir. La institución incluso impugnó una orden judicial que ya había reconocido ese derecho a la familia.
A diez meses de la desaparición de Carlos Emilio, la investigación permanece en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y ha obligado a la familia a realizar constantes traslados para asistir a diligencias. Fue la propia Fiscalía la que solicitó a la CEAV cubrir esos gastos, pero la petición fue rechazada.
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“Son diez meses que hemos estado sin detenernos absolutamente ningún día, pero que, sin embargo, pesan en todos los sentidos: en lo emocional, en lo físico, en lo familiar y también en lo económico. Llega un momento en el que es una situación muy difícil de seguir sosteniendo”, declaró Valenzuela en entrevista con Milenio.
Cuando la CEAV atrajo el caso en octubre de 2025, asumió la obligación legal de brindar ayuda inmediata, asistencia y reparación integral a la familia, incluidos los apoyos derivados de las labores de búsqueda e investigación.
Sin embargo, la institución no cubrió los recursos solicitados ni atendió el requerimiento formal de la FGR para garantizar que la familia pudiera participar en las diligencias.
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El boletín de Defensorxs, organización que representa legalmente a Brenda Valenzuela, sostiene que la Comisión “ha preferido litigar en contra de una madre que busca a su hijo” en lugar de garantizar el acceso a los recursos que la ley le reconoce.
Ante esa negativa, la defensa promovió un juicio de amparo indirecto. El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva y ordenó a la CEAV garantizar el pago de los apoyos. La respuesta de la institución fue presentar un recurso de revisión para impugnar esa resolución.
Valenzuela calificó esa maniobra como una estrategia de desgaste: “Pese a estas instrucciones, la Comisión decide meter este recurso de revisión en un afán de hacer más tiempo, de generar más desgaste”, señaló.
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Defensorxs también calificó la actuación de la CEAV como un caso de violencia institucional y victimización secundaria, al advertir que cada recurso legal impuesto por la Comisión añade nuevas cargas a una familia que ya enfrenta la búsqueda de un hijo desaparecido.
“Mi dignidad no se rinde ante sus trámites ni sus negativas. Estoy exigiendo que se cumpla la Ley General de Víctimas para que la falta de medios económicos no sea lo que me detenga en la búsqueda de mi hijo. Cada día que la CEAV pasa litigando contra mí es un tiempo valioso que me roban para lograr nuestro reencuentro”, escribió Valenzuela en sus redes sociales.
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Carlos Emilio Galván Valenzuela tenía 21 años cuando desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa. Era originario de Guadalupe Victoria, Durango, y viajó con su familia al puerto para festejar su cumpleaños.
Esa noche, después de que sus padres se retiraron a descansar, Carlos Emilio salió con dos primas al bar Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada del malecón. Alrededor de las 2:30 de la madrugada avisó que iba al baño y no regresó. Una de sus primas intentó buscarlo, pero el personal de seguridad del establecimiento le bloqueó el paso y aseguró que no había nadie en el interior. La familia recorrió hospitales y dependencias policiales el resto de esa madrugada sin obtener respuesta.
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La denuncia formal se presentó el lunes. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó un cateo en el bar 20 días después de recibida la denuncia, sin entregar a la familia un reporte formal ni acceso a las grabaciones del lugar.
El Terraza Valentino pertenece a Ricardo Velarde Cárdenas, quien al momento de la desaparición se desempeñaba como secretario de Economía de Sinaloa en la administración del gobernador Rubén Rocha Moya. Velarde renunció al cargo días después de que el caso se hizo público y el bar fue cateado.
Investigaciones del periodista Luis Chaparro, publicadas en Pie de Nota, señalan a Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán, como el responsable de las desapariciones en dicha zona. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Barraza Pablos en su lista negra el 9 de junio de 2025, por encabezar una red dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y secuestros.
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Según esa investigación, el grupo que dirige “El 40” controla la vida nocturna de Mazatlán y opera bajo dos esquemas: el monopolio en la venta ilegal de vapeadores y el reclutamiento forzado de jóvenes para reforzar sus filas en la disputa territorial con la facción conocida como La Mayiza.
La Fiscalía General del Estado informó públicamente que existe evidencia videográfica donde se observa a Carlos Emilio saliendo del bar acompañado de otra persona, y que ya identificó los vehículos y rostros involucrados. La familia sostiene que no ha tenido acceso a esa evidencia.
El contexto político en Sinaloa agravó la situación. En mayo de 2026, el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo tras ser acusado por autoridades de Estados Unidos de tener nexos con Los Chapitos. En su lugar asumió la gubernatura interina Yeraldine Bonilla.
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La llegada de Bonilla al cargo derivó en un nuevo llamado público de Brenda Valenzuela, quien exigió a la nueva administración revisar a fondo la investigación y dar resultados en un expediente que permanece sin avances desde octubre de 2025.
En febrero de 2026, un juez federal rechazó un amparo distinto promovido por la familia, con el que buscaban saber si Carlos Emilio podría estar entre los cuerpos hallados en fosas clandestinas en Concordia. El juez Isaí López Triana argumentó que la falta de información no afecta la dignidad de la víctima “al grado de equipararse a un tormento”.
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“El acceso a la información y a la verdad es un derecho humano. En la búsqueda de mi hijo, ese derecho me ha sido negado”, respondió Valenzuela ante esa resolución.