La familia de Dafne Zapata Quintos busca impulsar la Ley Dafne tras la muerte de la adolescente de 13 años en un campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas.
La madre de la menor ha declarado en entrevistas que su objetivo al proponer esta ley sería prohibir novatadas, castigos físicos, tortura y ejercicios que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo de escuelas militarizadas e internamientos privados.
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La exigencia ocurre mientras la carpeta de investigación sigue abierta sin órdenes de aprehensión conocidas ni personas en prisión preventiva. La demanda de la familia también incluye que el caso se investigue bajo protocolo de feminicidio.
El certificado de defunción clasificó la muerte como violenta por asfixia por sumersión y con aparentes huellas de maltrato físico. Ese documento es uno de los puntos centrales de la exigencia de justicia, porque la madre rechaza que el caso sea tratado como homicidio.
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“No es homicidio, tiene que haber una corrección, es feminicidio… Sufrió un montón de vejaciones, humillaciones. Quiero justicia, la carpeta está abierta pero no hay detenidos”, dijo Quintos, citada por el medio.
La propuesta anunciada por la familia surge ante el vacío legal detectado en la supervisión de campamentos de verano e internamientos privados. La llamada Ley Dafne plantea establecer controles, protocolos de seguridad y mecanismos de supervisión para instituciones que ofrecen actividades dirigidas a menores de edad.
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La iniciativa pretende prohibir de forma expresa las novatadas, los castigos físicos, la tortura, los ejercicios desproporcionados y cualquier práctica presentada como disciplina o adiestramiento que pueda comprometer la integridad de los asistentes. El planteamiento abarca tanto institutos públicos como privados.
“No quiero nada más que una ley que ampare que ningún instituto militar público o privado lleve tortura, adiestramientos excesivos, novatadas y demás, porque en cuatro días me mataron a mi hija”, afirmó la madre de Dafne.
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La respuesta directa a la muerte de la menor es doble: por un lado, la familia pide justicia penal y la reclasificación del caso; por otro, busca una reforma legal para impedir que academias militarizadas, campamentos de verano y centros similares operen sin reglas claras de supervisión y seguridad para menores.
Después de los hechos, la Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas pidió el cierre inmediato de la Academia Doenitz. Al mismo tiempo, autoridades municipales comenzaron una revisión de sus permisos de funcionamiento.
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En el Congreso de Tamaulipas, legisladores ya comenzaron a plantear reformas para regular campamentos de verano y academias que mantienen menores bajo su cuidado. Estas propuestas surgen por la muerte de la adolescente y por los señalamientos sobre un vacío legal que habría permitido la operación de actividades sin vigilancia clara de autoridades educativas, municipales y de Protección Civil.
La presión pública también se apoya en testimonios de exalumnos de la institución. Esas denuncias señalan de manera consistente humillaciones, castigos físicos desmedidos y aislamiento psicológico dentro del plantel.
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La familia ha pedido que esos señalamientos se integren a la investigación formal para deslindar responsabilidades penales.
Acusaciones que se suman a la exigencia de revisar a fondo el funcionamiento de la Academia Militarizada Doenitz y las condiciones en que permanecen menores bajo su cuidado.
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