Jorge Petrozzi, abogado del estudiante del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja que fue víctima de agresión sexual, denunció que el colegio aún no identificó ni denunció a los adultos que viajaban en el bus donde ocurrió la agresión sexual.
En declaraciones a RPP, el abogado defensor sostuvo que la identificación de quienes estaban a cargo del traslado es el siguiente punto de la estrategia de la familia. Según indicó, en la unidad viajaban dos docentes y el chofer, aunque hasta ahora no fueron individualizados públicamente ni denunciados.
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Petrozzi afirmó que la familia buscará determinar quiénes eran esas personas si las autoridades educativas no informan sus identidades.
“Tenemos, primeramente, que comenzar por la identificación de esos adultos, porque lamentablemente, hasta ahora, ni el Liceo Naval ni ninguna autoridad ha tomado alguna acción proactiva en el sentido de denunciar a esos adultos”, indicó al medio radial.
Petrozzi señaló que espera conocer las medidas que adoptarán la nueva dirección del colegio y el Ministerio de Educación, que asumió el control de la institución mediante un decreto publicado el viernes en una edición extraordinaria de El Peruano. También advirtió que la familia actuará aun si otras entidades omiten hacerlo.
“Identificaremos a estas personas, vamos a denunciar definitivamente, sin perjuicio de que lo pueda hacer la Dirección de Bienestar, el colegio, el Ministerio de Educación, quien sea que lo tenga que hacer o que no lo haga, lo vamos a hacer nosotros”, afirmó Petrozzi.
El abogado cuestionó, además, que ni él ni los representantes legales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pudieran ingresar a la audiencia en la que se dictó el internamiento de los seis investigados. Dijo que revisaría la resolución judicial antes de definir los recursos que presentará.
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“La jueza no nos permitió el ingreso, a pesar de que la ley manda que sí debemos estar presentes en todas las audiencias”, declaró. Petrozzi añadió que atribuye la decisión judicial a una posible interpretación de la protección de los menores de edad y descartó que la magistrada hubiera actuado de mala fe.
Petrozzi sostuvo que la agresión no fue un episodio aislado, sino el resultado de un acoso escolar previo conocido dentro del Liceo Naval, cuyas autoridades tendrían posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas por su actuación.
“Esto ya venía de antes y el colegio lo sabía. El colegio no ha protegido a este menor”, dijo el abogado. Aseguró que el bullying, el acoso y el abuso eran conocidos por estudiantes y docentes, y que por ese motivo la identidad de los presuntos autores no generó sorpresa tras los hechos.
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Petrozzi también señaló que, de acuerdo con la información reunida hasta ahora, el objeto usado durante la agresión habría estado en el bus como parte de los implementos de limpieza de la unidad. “Parece que lo que han hecho es han visto el palo de escoba y han dicho: ‘Este es el arma que vamos a utilizar’”, manifestó.
El abogado afirmó que la familia de la víctima no recibió contacto de directivos del colegio para brindar apoyo al escolar. La única instancia con la institución fue una reunión en la que se firmó un acta, que el abogado calificó como un trámite administrativo sin medidas concretas de acompañamiento para la víctima.
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“Lo único que hubo fue una reunión similar a la que citan a un papá para decirle que su hijo se porta mal o que tiene malas notas”, afirmó. Según su versión, el avance inicial del caso se produjo después de que el padre acudió a la comisaría de San Borja para pedir la intervención policial.
Petrozzi señaló que la máxima sanción aplicable a los adolescentes involucrados podría alcanzar ocho años, según su interpretación de la norma. También afirmó que solicitará a la fiscalía una investigación rápida y que la defensa participará activamente en el proceso bajo conducción del Ministerio Público.
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