Organizaciones, sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez acusan privilegios para Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que un juez aplazó la audiencia en la que se definirá su situación jurídica, a pesar de que el exfuncionario no acudió a la que tenía prevista esta semana.
El juez Víctor Manlio Hernández Calderón difirió la diligencia sin fijar una nueva fecha ni imponer una sanción a Garduño por su ausencia, de acuerdo con un comunicado difundido por diversas organizaciones, entre estas Fundación para la Justicia e IMUMI.
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Las organizaciones resaltaron que actuamete dan acompañamiento a 10 sobrevivientes y a 10 núcleos familiares de víctimas fallecidas.
Sostienen que la inasistencia de Garduño no representa un contratiempo de agenda, sino una falta de respeto para quienes perdieron la vida, las y los sobrevivientes, sus familias y los países de origen que esperan respuestas.
Después de 18 meses, Víctor Manlio Hernández Calderón debía evaluar si Francisco Garduño cumplió las condiciones que se le impusieron para obtener la suspensión condicional de su proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
De acuerdo con el comunicado, el objetivo de Garduño con ese recurso era eximirse de toda responsabilidad penal por la tragedia ocurrida la noche del 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
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Unas horas antes de la audiencia, el excomisionado llamó al juez para pedir que su participación fuera en línea, en un acto visible de indiferencia por el proceso, señalan las organizaciones.
El juez difirió la audiencia sin establecer una nueva fecha de programación y sin imponer ningún tipo de sanción al extitular del INM. Las organizaciones cuestionan que no se tomaran medidas ante su ausencia.
“La falta de sanción por parte del juez manda un mensaje claro y doloroso: en México, la justicia es selectiva”, indican en el comunicado.
Las organizaciones sostienen que ninguna de las personas imputadas por esta tragedia ha recibido el trato de privilegio y permisividad, amparada por el Estado mexicano, que consideran reservado para el excomisionado del INM.
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El incendio dejó 40 hombres muertos, 27 personas con lesiones permanentes y 15 mujeres sobrevivientes. Las organizaciones señalan que, a la fecha, las mujeres no han sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano.
Durante la identificación de las víctimas asistentes, por vía remota, una representante familiar de una víctima fallecida de Guatemala revocó la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La representante señaló la falta de acompañamiento real y de protección de sus derechos a la información y a la justicia.
También otorgó la representación a las organizaciones que acompañan a las otras familias y sobrevivientes.
Las organizaciones señalan que continuarán acompañando a las víctimas en su exigencia de verdad, justicia y reparación integral del daño. Añaden que no quitarán el dedo del renglón hasta que la impunidad deje de ser la regla.
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Las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez merecen que no existan distinciones de poder, plantean las organizaciones.