Colombia recuperó de manera formal el acceso al canal seguro de intercambio de información del Grupo Egmont, luego de superar dos años de suspensión administrativa originada por la difusión pública de documentos clasificados en el llamado Pegasus durante la administración presidencial de Gustavo Petro.
El anuncio fue oficializado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que confirmó que el país vuelve a conectarse plenamente con la red integrada por más de 186 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo para combatir en forma coordinada el lavado de activos, el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado transnacional.
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La reincorporación de Colombia a la plataforma internacional se hizo efectiva tras la verificación del estricto cumplimiento de un plan de acción concertado con el organismo global, el cual estuvo enfocado en restablecer las garantías de protección de datos y la confidencialidad en el manejo de la información estratégica.
La directora general de la Uiaf, Martha Luz Reyes Ferro, destacó que la medida representa un aval técnico de escala internacional para el sistema financiero del país y permite recuperar el flujo constante de datos con agencias aliadas en el exterior: “Significa restablecer la confianza de nuestros aliados internacionales y acceder a información para identificar los movimientos de recursos vinculados con actividades ilícitas”.
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“Este resultado reafirma nuestro compromiso con la cooperación internacional, la confidencialidad de la información y una inteligencia financiera cada vez más efectiva”, expresó Reyes en un video compartido en redes sociales.
La funcionaria agregó que el levantamiento de la sanción constituye un logro estratégico para la administración del presidente Abelardo de la Espriella, la cual permitió a las autoridades judiciales e investigativas detectar transacciones sospechosas que buscan utilizar el circuito bancario nacional e internacional para movilizar capitales de origen ilícito.
La desconexión de Colombia del sistema internacional se remonta al 13 de septiembre de 2024, cuando la dirección del Grupo Egmont determinó suspender de manera temporal a la Uaif colombiana de la red Egmont Secure Web como respuesta directa a la ruptura de los protocolos internacionales de reserva.
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La medida disciplinaria fue adoptada nueve días después de que el entonces presidente Gustavo Petro utilizara una alocución transmitida en televisión nacional el 4 de septiembre de 2024 para leer en forma íntegra un informe de inteligencia de carácter confidencial enviado por la unidad financiera de Israel conocida como Impac.
En esa intervención, realizada justo cuando el país presenciaba un paro de transportadores, el exmandatario expuso detalles sobre la presunta compra del software de interceptación Pegasus en 2021 -en el gobierno de Iván Duque- por un valor de USD11 millones en efectivo transportados en un avión privado desde Bogotá hacia Tel Aviv, bajo el argumento de razones de seguridad nacional y el derecho a la verdad por parte de la ciudadanía.
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Para ese momento, el entonces presidente señaló que el software habría sido utilizado presuntamente para interceptar a dirigentes políticos durante el Paro Nacional de 2021 y las movilizaciones del Estallido Social contra el gobierno de Iván Duque.
Sin embargo, la revelación en señal abierta vulneró los códigos de confidencialidad y la cadena de custodia que obligan a las agencias adscritas a compartir datos exclusivamente con fines de investigación penal, lo que provocó la congelación de alertas financieras hacia Colombia y el bloqueo preventivo en la red global de cooperación.
El Grupo Egmont es una organización internacional unificada creada para integrar a las Unidades de Inteligencia Financiera de más de 180 países y jurisdicciones, que facilita la circulación rápida, segura y reservada de reportes sobre movimientos de dinero y operaciones financieras irregulares.
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Colombia se incorporó formalmente a esta red de cooperación interinstitucional en el año 1996, convirtiendo a la Uaif en el nodo receptor y emisor para el rastreo de fondos vinculados con el tráfico de estupefacientes, la corrupción administrativa y la financiación de organizaciones al margen de la ley.
Durante los dos años en que se mantuvo la sanción internacional, las autoridades colombianas estuvieron privadas de consultar la base de datos unificada, lo que generó un aislamiento institucional que limitó la rastreabilidad de activos sospechosos y bienes ocultos en el exterior.
Con la reactivación completa del canal seguro, el sistema de inteligencia financiera de Colombia recupera la capacidad operativa de solicitar y enviar requerimientos técnicos en tiempo real, fortaleciendo los procesos judiciales adelantados por la Fiscalía General de la Nación y consolidando las herramientas de control fiscal en el territorio nacional.
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