La Contraloría General de la República emitió una advertencia al gobierno saliente del presidente Gustavo Petro por el notable incremento en el ritmo de contratación, una vez finalizadas las restricciones de la Ley de Garantías.
Según el organismo de control, esta dinámica exige una vigilancia especial por los riesgos potenciales para el patrimonio público y la sostenibilidad fiscal. El Tiempo reportó que la advertencia también se extiende al ministro de Hacienda, Germán Ávila.
De acuerdo con el análisis presentado por la Contraloría, en apenas cuatro semanas se comprometieron más de $4,5 billones del Presupuesto General de la Nación de 2026 a través de distintas modalidades de contratación, con énfasis en la contratación directa y los contratos de prestación de servicios.
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En entrevista con el diario ya mencionado, Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República, explicó que la advertencia no significa que la contratación sea ilegal ni constituye una sanción contra el Gobierno, sino que busca alertar sobre los riesgos derivados del aumento de compromisos presupuestales en un corto periodo.
Según detalló Rodríguez a el medio, la Contraloría comparó el comportamiento contractual tras el levantamiento de la Ley de Garantías en 2026 con el mismo periodo de 2022. El informe oficial identificó un aumento del 50% en los contratos de prestación de servicios, que pasaron de 8.496 en 2022 a 12.761 en 2026. Además, la contratación directa mostró el mayor crecimiento, con un alza del 59%, al pasar de 7.047 contratos en 2022 a 11.208 en 2026.
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El valor total comprometido tuvo un incremento real del 23,8%, descontando el efecto de la inflación. “En solo cuatro semanas se comprometieron más de 4,5 billones de pesos del presupuesto general mediante esta modalidad de contratación”, afirmó el contralor.
El organismo de control subrayó que la contratación realizada tras el levantamiento de la Ley de Garantías no constituye, en sí misma, una actuación irregular. No obstante, Rodríguez advirtió: “Cuando se observa una aceleración de los procesos contractuales y recursos comprometidos para vigencias futuras, se requiere vigilancia y control por el ritmo de suscripción, la participación de la contratación directa y el volumen de obligaciones que podrían ejecutarse o pagarse durante el siguiente gobierno”.
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la Contraloría identificó varios factores de riesgo, entre ellos:
- La concentración de recursos públicos en determinados procesos contractuales.
- El incremento de la contratación en periodos específicos.
- El uso significativo de la contratación directa.
- La atomización contractual.
- Los compromisos económicos asociados a contratos de alta cuantía.
Rodríguez resaltó que el objetivo de la advertencia es que las entidades fortalezcan sus mecanismos de planeación contractual, programación presupuestal, seguimiento financiero y control de la ejecución de los recursos públicos, garantizando que las decisiones respondan a necesidades institucionales justificadas y se adopten bajo criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, responsabilidad y sostenibilidad fiscal.
Como parte de las acciones derivadas de la advertencia, la Contraloría General confirmó una inspección especial en el Ministerio de Hacienda con el fin de verificar la reciente dinámica de los compromisos presupuestales, financieros y contractuales del gobierno. Rodríguez señaló ante el diario que la labor del organismo no se limita a revisar documentación; incluye la recolección, contraste y validación de información técnica para verificar la planeación, el soporte presupuestal, la financiación y la ejecución de los compromisos.
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La actuación fue ampliada a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para identificar el manejo de los recursos públicos desde su asignación hasta la ejecución contractual.
En el caso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Contraloría detectó la suscripción de 1.866 contratos directos por más de $103.600 millones en cuatro semanas. Aunque la cifra no implica automáticamente una irregularidad, el control fiscal exige verificar que esos contratos respondan a necesidades reales, cuenten con planeación adecuada y eviten la fragmentación contractual.
El contralor Rodríguez informó que la inspección se encuentra en fase de recaudo y verificación de información, y que, por ahora, se recopilan datos presupuestales, financieros y contractuales para un análisis técnico integral. Una vez concluya esta etapa, los equipos especializados evaluarán si existen riesgos para el patrimonio público o la sostenibilidad fiscal, y definirán las actuaciones de control fiscal pertinentes.
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La Contraloría recordó que, ante la detección de riesgos en la administración de recursos públicos, puede iniciar actuaciones especiales de seguimiento, inspecciones y auditorías fiscales, siempre dentro de sus competencias legales y sin interferir en las decisiones administrativas de las entidades vigiladas.
La advertencia fue emitida al Gobierno a través del ministro de Hacienda y se hace extensiva a todos los ordenadores del gasto de las entidades nacionales. El objetivo, según Rodríguez, “no es cuestionar una actuación específica del ministro, sino alertar a los gestores fiscales sobre la necesidad de adoptar medidas que aseguren que los compromisos contractuales mantengan correspondencia respecto a la capacidad financiera de las entidades”.
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El contralor insistió en que la advertencia no impide la ejecución de la contratación ni constituye una sanción, pero pone de presente que una expansión acelerada de la contratación, especialmente mediante contratación directa y en un contexto de restricciones fiscales, puede generar presiones sobre la sostenibilidad financiera del Estado. Por ello, convocó a fortalecer la planeación, la disciplina presupuestal y los mecanismos de supervisión para asegurar la protección de los recursos públicos.