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Cortarse la pierna no sirve como método de adelgazamiento. Es cierto que, si subimos a la báscula con una extremidad menos, confirmaremos una inmediata y sustancial pérdida de peso. Solo que, a cambio, el estropicio en nuestra vida será mayúsculo. Más perjuicios que beneficios. De ahí que nadie en su sano juicio apueste por la amputación para sacarse de encima los kilos que le sobran.
Una obviedad similar es la que ha puesto por escrito el Consell de Garanties Estatutàries en su dictamen sobre la proposición de ley de medidas urgentes contra la compra especulativa de vivienda, acordada por Salvador Illa y los comunes, que garantizaba al primero el apoyo de los segundos a los presupuestos de la Generalitat.
El texto, que cuenta con el respaldo del bloque de izquierdas al completo
–PSC, ERC, Comuns y la CUP– y que debía tramitarse de forma urgente y lectura única, es a ojos del Consell de Garanties un atropello jurídico superlativo. El órgano consultivo la ha echado abajo sin dejar un ladrillo en pie. Confirma, línea tras línea, las conclusiones a las que también habría llegado cualquier estudiante de Derecho mínimamente avispado: estamos ante un bodrio legislativo de traca.
Vulneración de los derechos de propiedad, herencia, libertad de empresa, invasión de competencias del Estado, intento de legislar preceptos que atañen al derecho civil por la puerta de atrás. Añádanse defectos graves de forma, como lo es el abuso injustificado de la lectura única. Y un redactado de parvulario con múltiples contradicciones en el articulado que destruyen la seguridad jurídica. Hete aquí un resumen del desaguisado.
Todas estas cosas, en realidad, ya las sabían el PSC y sus socios cuando acordaron un texto de fuerte ambición comunista. Pero en política mandan el relato y el tiempo. En cambio, el rigor y el sentido común son los primeros ingredientes para sacrificar en el altar de la necesidad de la aritmética parlamentaria. Illa quería sus primeros presupuestos y Comuns, de su parte, arrancarle al presidente de la Generalitat algún hito vistoso que poder ofrecer a su cada vez más exiguo círculo de votantes. Esa fue la semilla de lo que ahora el Consell Consultiu califica unánimente, aunque sin utilizar estas palabras, como bodrio legislativo.
El Consell Consultiu no tiene fuerza coercitiva. Sus opiniones tienen únicamente valor opinativo. Es como tener un equipo de médicos en nómina para que cuiden de uno, pero sin el deber de hacerles caso y pudiendo hacer lo contrario de lo que prescriben.
Esto es lo que ocurre comúnmente con sus dictámenes. Aunque en esta ocasión, el Govern ya ha dicho a través de la consellera Sílvia Paneque que sí tomará en consideración el dictamen y buscará fórmulas imaginativas para reescribir su propuesta de ley con el ánimo de hacerla encajar mejor en la legalidad.
En realidad, al PSC le va que ni pintado el varapalo del Consell Consultiu. Hasta el punto de que uno puede albergar dudas razonables sobre si los socialistas “esperaban” el palo o lo “deseaban”, dado que para ellos esta proposición de ley en su formulación actual obedece a la necesidad más que a la convicción. Así que aprovechar el dictamen del Consell Consultiu, que destroza el texto para echar el freno y reformularlo, resulta la opción más conveniente para Salvador Illa.
El problema radica en el fondo. Es fácil rectificar las formas o el redactado, pero lo sustancial del articulado tiene mal arreglo, ya que no está en manos de una comunidad autónoma reformular derechos como el de la propiedad privada, el uso de los bienes heredados o el coartar la libertad de mercado. Illa y su equipo deberán decidir si honran el marco jurídico y competencial o satisfacen, con poco recorrido práctico, a sus socios más izquierdistas. Las dos cosas al mismo tiempo no podrán ser.
Estamos ante un problema menor para el Govern. Con las cuentas aprobadas, Illa se ha garantizado llegar sin flato hasta el final de la legislatura. Lo importante eran las cuentas. La propuesta de ley contra la especulación, un relleno necesario que no tenía recorrido en su ambición original.
La vivienda es y seguirá siendo un problema. Pero el Govern sabe, o debería, que para acabar con ella no puede violar el derecho a la propiedad privada. Tan fácil como entender que para perder peso no sirve cortarse la pierna.