La tienen difícil las oposiciones en México; sólo alcanzan a oponerse al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero no logran establecer un proyecto que defina aquello que defienden.

No tienen una idea de nación que pueda generar expectativas positivas sobre las formas de mejorar la vida de los mexicanos en términos tanto materiales como libertarios y en el derecho de que toda participación sea tomada en cuenta.

Denuncian el autoritarismo, el “socialismo” de la 4T, decretan la ruina de las instituciones «democráticas», deploran la reforma del Poder Judicial, invocan un equilibrio ideal entre los poderes, denuncian la corrupción y todo, absolutamente todo, en nombre de su idea de «democracia».

Las oposiciones la tienen difícil ante el elemental principio de que la democracia no sólo debe ser un ideal; hablamos de la democracia como un valor, dice el actual alcalde de Nueva York, el socialista senegalés Zohran Mamdani —quien, por cierto, estuvo presente en la celebración del Grito de Independencia organizado por Morena en esa ciudad— para hacerse la pregunta básica que compromete a todo demócrata: “¿De qué sirve ese valor si las personas no pueden cubrir sus necesidades básicas?” (El País, 12-09-2026).

Y es que la estabilidad democrática de cualquier país no depende de uno, sino de dos conjuntos de derechos: el civil-político —liberal por imitación en nuestro caso— y el socioeconómico.

No basta con reconocer los derechos individuales a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de organización y a la participación política que, por cierto, contra lo que digan las oposiciones, son prácticas que están incólumes en México.

Además de ese conjunto de derechos vigentes, el gobierno de la presidenta Sheinbaum se enfrenta a los enormes desafíos económicos y políticos de acelerar el crecimiento de inversiones productivas privadas con empleos bien pagados.

Retos económicos en tanto que las inversiones empresariales sólo crecerán atraídas por el lucro, y retos políticos en tanto que tal crecimiento deberá lograrse en condiciones de empleo, salarios y productividad que sustenten mejoras sociales reales para la mayoría de la población, que hoy las desconoce.

A los defensores de la democracia como mera protección o defensa de las libertades individuales ante el poder del Estado, esencia del liberalismo, no les ocupa que el deterioro de las condiciones materiales —como el ocurrido en México entre 1982 y 2018— condene a la democracia al desequilibrio y a la mediocridad.

Ese desequilibrio entre libertades políticas formales y precariedad de vida material, erosiona la legitimidad de cualquier régimen político.

Está ocurriendo en muchos países; según el Instituto sueco Varieties of Democracy (V-Dem), casi una cuarta parte de los países están experimentando un “retroceso democrático”. Y muchos lo han sufrido ya.

En su informe de marzo pasado sobre la calidad de la democracia en 202 países, V-Dem advirtió que en casi todo el mundo están bajo fuertes presiones los referentes conforme a los cuales, evalúa la vida democrática en cada país; se trata de las libertades ciudadanas, la confianza en las elecciones, el nivel y pertinencia de la participación social, la deliberación colectiva de los asuntos públicos y el igualitarismo.

Hay un patrón general en las amenazas a esos principios en gran parte del mundo; no es que la gente se haya cansado de la democracia como ideal, sino que a ese ideal lo contradice una realidad en la que desde hace décadas pesa demasiado la influencia del poder económico en las decisiones políticas y a la sociedad la agobia y enoja la ansiedad de sentirse más pobre.

La socialdemocracia consiguió cierto equilibrio civil-político y socioeconómico en Europa entre los años 1945 y 1975, que fue el periodo de auge capitalista más prolongado de la historia; fue muy eficaz mientras pudo conciliar crecimiento capitalista, empleo estable, aumentos salariales y el Estado podía incidir en una distribución equilibrada de los beneficios del crecimiento entre el empresariado y los trabajadores.

La crisis a partir de los años setenta alteró esos equilibrios; surgieron la inflación y la crisis energética, el crecimiento se hizo lento en todo el mundo y también creció el desempleo y disminuyeron las utilidades de las industrias.

La respuesta a este último fenómeno —disminución de la tasa de ganancias industriales— fueron el neoliberalismo y la globalización de inversiones, comercio y financiación.

En México, a partir de los años noventa del siglo pasado, el PRIAN asumió políticas neoliberales de ajuste y austeridad macroeconómica, recortes en el gasto social, liberalización comercial externa, desregulación y privatización de espacios económicos públicos que acentuaron la precariedad económica de la gran mayoría en el país.

El paradigma de justicia social y democracia —lemas priistas— fue desplazado por el de la eficiencia y la competitividad, en cuyo nombre se vulneraron los derechos sociales y económicos de quienes viven de su trabajo.

Restablecer el equilibrio democrático, tanto político como socioeconómico, es el desafío al que se enfrentan el gobierno de México y otros países.

Consiste en aprovechar el potencial productivo propio para acelerar el crecimiento de riqueza, sin el cual no se sustenta una vida con bienestar social y libertades políticas; está en contra de un contexto inusitadamente adverso de pugnas geopolíticas sino-estadounidenses y una economía con carestía y bajo crecimiento.