“La hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud”, escribió el moralista francés François de la Rochefoucauld. Esto es especialmente cierto en la política. Los autócratas suelen montar un gran espectáculo en torno a la celebración de elecciones. Estas pueden ser una farsa, como ocurre en Rusia o Irán, pero les permiten a los gobernantes afirmar que dirigen bajo el consentimiento popular, lo que les otorga una apariencia de legitimidad tanto a nivel nacional como internacional.
Por eso resulta sumamente inusual que el líder de un país que celebra comicios diga: “no más”. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, el 19 de julio. “Aquí no volverá a haber elecciones”, anunció, mientras la atención del mundo estaba puesta en la final del Mundial de fútbol. Se quejó de que los partidos de la oposición querían utilizar los comicios “para tomar el poder”, lo cual es, de hecho, el objetivo mismo de unas elecciones.
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Nicaragua no es un país grande, pero haber cruzado este Rubicón retórico tiene un peso importante. A nivel mundial, la democracia lleva unas dos décadas en retroceso. El mayor deterioro se ha dado en lugares que antes eran libres, o parcialmente libres, y que gradualmente han dejado de serlo a medida que líderes sedientos de poder han asfixiado a los medios de comunicación, cooptado la justicia y perseguido a la oposición. Según el organismo de control Freedom House, Nicaragua es el segundo país que más ha retrocedido en los últimos 20 años, solo por detrás de Malí. Ortega fue elegido democráticamente en 2006, pero luego se dedicó a desmantelar toda institución que pudiera desafiarlo. Encarceló a sus rivales. Obligó a la prensa a elogiar la espantosa poesía de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Aproximadamente una décima parte de la población huyó del país.
Hasta ahora, sin embargo, Ortega había permitido las elecciones, aunque fueran una farsa. En este sentido, se había comportado como otros aspirantes a autócratas, que prefieren amañar los comicios antes que eliminarlos por completo. Incluso los líderes de los golpes de Estado suelen prometer que llamarán a las urnas “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.
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Ahora, Ortega “se ha quitado la careta”, sostiene Félix Maradiaga, ex candidato presidencial al que le quitaron la nacionalidad y deportaron, haciendo explícito lo que sus pares hasta ahora se habían sentido obligados a ocultar: que no se someterán a la voluntad popular. Es de suponer que lo hizo bajo la premisa de que esto no provocará una respuesta contundente por parte de Estados Unidos, un país al que alguna vez le importó la democracia en su patio trasero. Si Nicaragua se convierte formalmente en un Estado de partido único y no sufre consecuencias diplomáticas, como parece probable, otros países podrían seguir su ejemplo.
Además, el caso de Nicaragua pone de relieve dos problemas que el declive mundial de la democracia probablemente agravará. En primer lugar, los líderes inamovibles envejecerán en el cargo. Ortega tiene 80 años. Tal vez el deterioro mental haya contribuido a su último exabrupto. En segundo lugar, está el tema de la sucesión. El traspaso pacífico del poder es algo complejo dentro de una dictadura. Ortega pretende que su impopular esposa asuma el mando cuando él muera, seguida por su igualmente despreciable hijo.
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Se trata de una combinación tóxica. Los gobernantes vitalicios que envejecen en el poder rara vez mejoran con el paso de las décadas, y las dinastías impuestas a ciudadanos que no las desean casi nunca son la receta para un buen gobierno. Basta con preguntarle al pueblo de Uganda, donde el hijo y jefe del ejército del caudillo de 81 años ha amenazado con castrar al principal líder de la oposición. O bien, dependiendo de dónde viva el lector, es posible que pueda pensar en un ejemplo más cercano a casa.
La diferencia entre amañar elecciones y abolirlas puede parecer trivial, pero no lo es. Mientras los gobernantes mantengan las apariencias con las normas democráticas, los disidentes pueden intentar exigirles que cumplan con sus propios estándares declarados y exponerlos cuando no dan la talla. Además, mientras se celebren comicios, existe la posibilidad de que el autócrata calcule mal y pierda. A veces, la voluntad popular prevalece a pesar de tener la cancha inclinada, como descubrió Viktor Orban en Hungría este año, y como el propio Ortega experimentó cuando unas elecciones libres pusieron fin a su primer mandato en 1990. Por lo tanto, el mundo debería preocuparse por el precedente que se está marcando en Managua. Incluso en las autocracias, los demócratas deben seguir insistiendo en el más básico de los derechos: el de elegir a sus propios gobernantes.
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