Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a urnas con el escudo de Nicaragua. Hay un micrófono y una multitud con puños y banderas en alto.

Una caricatura política muestra a Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a urnas de votación, mientras ciudadanos en el fondo levantan pancartas de protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la creciente tensión política en Nicaragua, las declaraciones públicas de cuatro expresidentes de Costa Rica han reforzado la condena internacional al régimen de Daniel Ortega. Los exmandatarios costarricenses calificaron como dictatorial el rumbo que ha tomado el país centroamericano, tras la afirmación de Ortega de que no se celebrarán más elecciones y se cerrará el acceso a los partidos opositores. Según informaron medios como Artículo 66 y La Nación, los líderes costarricenses advirtieron sobre la consolidación de un régimen autoritario en Managua.

Entre las voces se encuentra Laura Chinchilla, quien gobernó Costa Rica entre 2010 y 2014. La exmandataria señaló la manifestación abierta del poder absoluto por parte de Ortega, quien suma casi 20 años al frente de Nicaragua. Chinchilla indicó que “el poder a punta de fraude y represión ya hablaban de su intención de perpetuarse”, según citó Artículo 66. Subrayó la preocupación por la normalidad con que la comunidad internacional acepta este tipo de prácticas, y advirtió sobre el riesgo de que otros líderes de Centroamérica repliquen el modelo autoritario.

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Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y 2018, también se sumó a las críticas en una publicación dirigida desde su cuenta oficial. “Ahora eso le tendrá que quedar claro a todos quienes decían, por oportunismo, pragmatismo o ignorancia, que Nicaragua tiene (y tendrá para siempre según el comandante) el gobierno ‘que su pueblo ha escogido’”, afirmó Solís en declaraciones recogidas por medios costarricenses.

El exmandatario costarricense advirtió, además, que este fenómeno trasciende las fronteras nicaragüenses y refleja la expansión global del autoritarismo, la autocracia y el desprecio por el pluralismo y los valores democráticos y republicanos. “Vivimos tiempos en donde prevalecen los ataques contra los poderes judiciales, los atentados y la deslegitimación permanente de los medios de comunicación y el fanatismo religioso negacionista”, puntualizó Solís.

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A este coro de voces se sumó Óscar Arias, presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990, y entre 2006 y 2010, quien recordó que Ortega ha cultivado una visión autoritaria desde los años ochenta. Según Arias, la idea de permanecer en el poder sin elecciones ha sido una constante en la estrategia política del mandatario nicaragüense.

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas
El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

La reacción del actual gobierno costarricense fue más mesurada. El expresidente Rodrigo Chaves reiteró que Costa Rica mantiene su compromiso democrático y la celebración de elecciones libres. “Gracias a Dios” Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones. Dios mediante”, declaró Chaves a medios locales tras una reunión parlamentaria. El partido de Chaves propuso una condena formal contra Ortega en respuesta a las declaraciones recientes de Ortega.

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El rechazo internacional a la deriva autoritaria de Nicaragua se expresó en condenas diplomáticas de países de Centroamérica —Costa Rica, Panamá y Guatemala— y de Estados Unidos. En el Caribe, la República Dominicana llamó a consultas a su embajadora en Managua, mientras que Chile, Bolivia y Perú se pronunciaron en términos críticos. Por su parte, el gobierno de Brasil expresó inquietud sobre la situación, aunque con un tono más matizado.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, prepara un paquete de reformas que serán presentadas en agosto, con el objetivo de consolidar el control del poder tras dos décadas de presidencia de Ortega. Este escenario ha reforzado la percepción de una crisis política de alcance regional, y alimentó el debate sobre los riesgos del autoritarismo en América Latina.

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