Nuestro país no carece de base jurídica para exigir que la documentación generada en el ejercicio de un cargo público pertenezca al Estado, aunque en la práctica esa exigencia rara vez se ha hecho efectiva.
Los papeles de Adolfo Suárez quedaron en poder de su familia, que los custodia con celo, al igual que ocurre con los de Leopoldo Calvo-Sotelo. Felipe González depositó progresivamente su archivo en su propia fundación, que permite el acceso parcial a investigadores sometido a ciertas condiciones. José María Aznar habría trasladado el suyo a la FAES, el think tank que preside, mientras que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy conservan sus documentos en ubicaciones inciertas.
Estas prácticas contrastan con aquellos países que imponen por ley la transferencia automática y obligatoria de los archivos oficiales. En el Reino Unido, los registros de la Oficina del Primer Ministro son accesibles a los investigadores transcurridos veinte años, si bien los papeles estrictamente personales de los mandatarios siguen una vía privada y suelen depositarse en instituciones como el Churchill Archives Centre.
A su vez, los Archives Nationales de Francia albergan la documentación presidencial de la Quinta República, aunque esta ingresó mediante protocolos que, durante décadas, reservaron al propio expresidente el control sobre las condiciones de consulta. Alemania también custodia en su sistema de archivos federales los registros oficiales de la Cancillería. En España, sin embargo, ha sido necesaria una cadena de contingencias para que un fondo presidencial termine obrando en un archivo público.
El fondo recuperado
Cuando Carlos Arias Navarro murió sin descendencia en Madrid el 27 de noviembre de 1989, el legado documental acumulado a lo largo de cuatro décadas de vida pública quedó a cargo de su viuda, María de la Luz del Valle Menéndez, socia propietaria de la empresa Hullera Vasco-Leonesa.
Tras su fallecimiento, su hermano Antonio recogió todo el material de La Chiripa, la casa familiar en el barrio madrileño de La Florida, y lo trasladó a las oficinas de la Hullera en la calle José Abascal, cuya fundación haría efectiva su compra por un precio testimonial.
El fondo se mantuvo allí al cuidado del archivero José Andrés González Pedraza y pudo ser consultado por el historiador Javier Tusell, quien lo emplearía junto a Genoveva García Queipo de Llano para escribir Tiempo de incertidumbre (2003), una obra centrada en el breve período en que Arias Navarro presidió el tránsito entre el último franquismo y la monarquía recién instaurada. Pero la Hullera y su fundación entraron en concurso de acreedores, y el conjunto documental quedó atrapado en un limbo judicial durante casi una década.
Solo los buenos oficios del historiador Javier Rodríguez, en un esfuerzo conjunto con la directora del Archivo Histórico Provincial de León, Eva Merino, así como la generosa donación de Lorenzo Alonso Nistal, administrador de la sociedad Ibecon, han propiciado el ingreso de la documentación en un archivo público. La presentación del fondo tuvo lugar el 8 de junio de 2026, cuando el archivo leonés convocó a los medios en su sede de Puerta Castillo para dar a conocer un acervo inédito que rastrea, legajo a legajo, la historia de toda una vida pública.
Sucesión de cargos
Arias Navarro inició su carrera funcionarial en el Ministerio de Justicia de España en los últimos compases de la dictadura de Primo de Rivera. Durante la Guerra Civil tomó partido por el bando sublevado y tuvo un papel fundamental en la represión en Málaga, donde su actuación como fiscal en los consejos de guerra le valdría el apodo de “el carnicerito de Málaga”.
Avalado por esta implacable hoja de servicios, en 1944, Arias Navarro fue nombrado gobernador civil de León, en un momento crítico para la economía española entre los efectos de la autarquía y el aislamiento internacional. Muestras de ello son las numerosas solicitudes referentes a la circulación de alimentos, los vales de gasolina o la importación de vehículos que obran en el archivo.
León se convirtió durante aquellos años en uno de los principales escenarios de actividad de los guerrilleros antifranquistas, razón por la cual no sorprende que en el fondo se halle la correspondencia con el ministro de la Gobernación, Blas Pérez González, en la que Arias le informa acerca de la muerte de agentes de la autoridad en acto de servicio, así como del establecimiento del somatén armado para colaborar con los esfuerzos de la Guardia Civil en la región.
Tras su paso por la jefatura de los gobiernos civiles de Tenerife y Navarra, Arias se convirtió en 1957 en director general de Seguridad y, por ende, en el responsable de vigilar, infiltrar y reprimir a las organizaciones que actuaban contra el régimen. El archivo da fe de sus esfuerzos por modernizar y racionalizar el aparato de seguridad, en sintonía con el impulso reformador de la Administración española de finales de los años cincuenta.
Fue también en esta etapa cuando el régimen se dotó de un nuevo instrumento jurídico de control, la Ley de Orden Público de 1959, que regulaba los estados de excepción y aportaba un marco legal para gestionar las situaciones de crisis. A esa voluntad modernizadora responden los documentos relativos al viaje del director a Estados Unidos para acudir a la Asamblea General de la Interpol, que reflejan la integración del franquismo en las redes internacionales de cooperación policial.
Aunque el episodio más conocido de este período es la detención y condena a muerte del líder comunista Julián Grimau, desde la DGS también se prestó una especial atención a los acontecimientos internacionales, según atestiguan folletos tales como “Acción judeo-masónica en el Concilio”, fechado en 1964.
El asesinato de Carrero Blanco
De su época como alcalde de Madrid, entre 1965 y 1973, data una serie de cartas con el gobernador del estado de Nueva York Nelson A. Rockefeller –que unos años después sería nombrado vicepresidente de Estados Unidos por Gerald Ford– y con el presidente Lyndon B. Johnson.
Pero el material más relevante que nos ofrece el fondo custodiado en el Archivo Histórico Provincial de León corresponde al breve período de Carlos Arias Navarro como ministro de la Gobernación y su posterior asunción de la presidencia del gobierno tras el asesinato a manos de ETA de Luis Carrero Blanco.
Resta saber si entre la documentación del archivo se podrá hallar información acerca del fracaso de los servicios de seguridad para prevenir el atentado o de las investigaciones posteriores a tal efecto. Sí figura el programa de rendición de honores a los restos mortales del almirante, así como algunas reacciones al cambio de gobierno, como una serie de folletos clandestinos, entre los que destaca el titulado “¿Adónde nos quieren llevar?”, firmado por un grupo de jefes y oficiales, o el informe personal y reservado sobre la situación política de España elevado por el ministro continuista Cruz Martínez Esteruelas.
De igual modo, el archivo puede contribuir a esclarecer algunos puntos oscuros en torno al caso de Salvador Puig Antich, el joven anarquista ejecutado por garrote vil el 2 de marzo de 1974. Pese a las peticiones de clemencia del papa Pablo VI y de numerosos gobiernos extranjeros, el Consejo de Ministros presidido por Arias declinó proponer el indulto y dio vía libre a la ejecución.
El tardofranquismo
Entre la documentación relativa a la política internacional española, se halla la carta de Henry Kissinger en que agradece la hospitalidad con motivo de la visita de Gerald Ford de mayo de 1975, la correspondencia con el propio Ford y las peticiones del primer ministro británico Harold Wilson en octubre del mismo año para que fueran respetados los derechos humanos en la lucha antiterrorista, junto con la respuesta de Arias.
Los investigadores podrán acceder también a los despachos dirigidos al canciller de la República Federal Alemana, Helmut Schmidt, en que el presidente del Gobierno español se refiere a la “defectuosa información” creada en ciertos países contra España con ocasión de los últimos acontecimientos políticos, así como al telegrama secreto del presidente Ford transmitido por el subsecretario de Asuntos Exteriores Juan José Rovira, en el cual solicitaba visitar España tras la reunión de la OTAN.
La recepción de informes y las cartas cruzadas con el general de división Manuel Gutiérrez Mellado, a la sazón comandante general y delegado del gobierno de Ceuta, iluminan la inquietud castrense ante la crisis del Sahara, aunque también ante el proceso de transición. A este respecto, una nota informa al presidente del Gobierno acerca de una reunión de militares celebrada en el domicilio del teniente general Alfonso Pérez-Viñeta, convocada el 12 de marzo de 1976 para “tratar la actual situación política del país y la necesidad de un gobierno fuerte”, según consta en el catálogo del archivo.
“Franco ha muerto”
Los investigadores dispondrán asimismo de los borradores del célebre discurso del 20 de noviembre de 1975 en que Arias Navarro anunció a los españoles, entre lágrimas, la muerte de Francisco Franco. Tras ese histórico momento, comienza a elaborarse toda una serie de proyectos legislativos, entre los cuales se hallan el borrador de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate sobre la reforma mediante referéndum y los estudios elaborados por Manuel Fraga.
Fechada una semana después de la muerte del dictador, destaca la transcripción mecanografiada de las conversaciones telefónicas grabadas a Raúl Morodo, al jurista monárquico Jaime Miralles y al sacerdote progresista José María Martín Patino, estrecho colaborador de Vicente Enrique y Tarancón.
Estas escuchas versaban sobre la sonada homilía que el cardenal había pronunciado aquella misma mañana en presencia de Juan Carlos I, a quien había interpelado directamente. De hecho, la extensa correspondencia con Tarancón constituye una de las mayores contribuciones al conocimiento de las relaciones Iglesia-Estado, incluidas las difíciles gestiones en torno al polémico caso Añoveros, cuando el gobierno consideró la expulsión del obispo de Bilbao Antonio Añoveros a raíz de una homilía en favor de la identidad vasca, pero tuvo que retroceder ante la amenaza de excomunión.
Junto a este retrato documental de medio siglo de historia política de España, conviven en el archivo más de cinco mil fotografías, además de veinticinco películas de su tiempo como alcalde y presidente del Gobierno. Una parte no desdeñable corresponde a la esfera privada de Arias, parcialmente consultable.
Hay también una vertiente patrimonial que revela la dimensión económica del matrimonio, en la que se pueden hallar acciones de diversas compañías, cuentas en varios bancos, propiedades inmobiliarias en Madrid, El Escorial y Asturias, una avioneta Piper, varios coches y una embarcación.
Todo este material es ya accesible en lo que constituye el primer fondo documental de un presidente del gobierno de España que pasa a disposición de un archivo público. Con más de mil unidades documentales que abarcan desde la Guerra Civil hasta el proceso de transición, su contenido inédito permitirá conocer con mayor profundidad la peripecia vital de un personaje fundamental para la historia del siglo XX español y, en particular, los dos años y medio en que presidió el gobierno entre el ocaso del franquismo y los titubeos de la naciente monarquía.
En esa apertura a la consulta ha sido decisiva la labor del Archivo Histórico Provincial de León, que ha elaborado folio a folio una descripción analítica del fondo, ya disponible en línea, además de poder revisarse físicamente en el centro. La digitalización de los documentos, con vistas a permitir su consulta a distancia, se encuentra asimismo en marcha. Ahora bien, en ausencia de una aplicación efectiva de la legislación sobre el patrimonio documental generado en el ejercicio de cargos públicos, los legados de esta naturaleza continuarán dependiendo de la voluntad de sus poseedores, sin más garantía para su conservación.
Este texto forma parte de un artículo publicado en el número 701 de la revista Historia y Vida. ¿Tienes algo que aportar? Escríbenos a [email protected].