El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en la tarde del miércoles 26 de agosto de 2026, desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, el desmonte definitivo de la estrategia de Paz Total ―impulsada por el anterior gobierno de Gustavo Petro― y dispuso la reactivación de las extradiciones a Estados Unidos de varios negociadores vinculados al Clan del Golfo y a disidencias de las Farc, tras el fracaso de la política de diálogo.
Según explicó De la Espriella, el modelo anterior permitió que estructuras delictivas obtuvieran beneficios y acceso a mecanismos de diálogo sin entregar aportes verificables ni resultados concretos para la consolidación de la paz. “No una política que termine convirtiendo el diálogo en un mecanismo de impunidad. La llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental”, afirmó el mandatario.
PUBLICIDAD
El jefe de Estado detalló que Colombia reemplazará la “falsa paz” por una política basada en seguridad, legalidad y legalidad y la autoridad del Estado, en la que los procesos de diálogo no funcionarán como refugio para evadir la justicia. “Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con actos concretos y verificables, y en este Gobierno no hay otra forma distinta que sometiéndose a la justicia”, agregó.
En desarrollo de esa política, el mandatario anunció una decisión que había anticipado durante su campaña: la extradición inmediata de cinco ciudadanos requeridos por la justicia estadounidense, cuyas entregas estaban suspendidas por su participación en mesas de diálogo con el gobierno anterior.
PUBLICIDAD
De la Espriella confirmó la entrega de Wilington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo o El Negro, del frente 33 de las disidencias de las Farc; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, que hace parte del grupo de Los Pachenca; y Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, de los Comandos de Frontera, otra de las facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Además, ordenó la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, apenas sean capturados, ya que actualmente permanecen prófugos. El primero, es el comandante de Comuneros del Sur, una facción armada que originalmente era un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Nariño; y el segundo, al igual que “Muñeca”, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
PUBLICIDAD
Las autoridades de Estados Unidos solicitan a estas personas por delitos como narcotráfico,concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo. Según el gobierno colombiano, tras verificar los expedientes con la oficina del consejero comisionado de paz, no se hallaron pruebas de que los extraditables hubieran realizado aportes genuinos o resultados tangibles en favor de la paz.
“Todo lo contrario, han seguido delinquiendo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”, sentenció el presidente, que firmó las resoluciones junto con el ministro de Justicia, Iván Cancino. En la administración Petro se condicionó la suspensión de las extradiciones a la presentación de aportes verificables por parte de los involucrados; no obstante, De la Espriella enfatizó que al hacer las verificaciones reactivó las órdenes.
PUBLICIDAD
Con a los prófugos Yepes Mejía y Castillo Carrillo, el Ejecutivo colombiano instruyó a las fuerzas de seguridad para proceder a su captura sin dilación y materializar las extradiciones tan pronto sean localizados. “Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales, y la paz no será en nuestro Gobierno una patente de corso para delinquir”, precisó el presidente frente a los que están en estos procesos.
De la Espriella remarcó en su intervención que toda persona que demuestre voluntad auténtica de abandonar la violencia y contribuir a la paz contará con un Estado dispuesto a actuar dentro de la Constitución y la ley, pero sin concesiones. Pese a ello, los que persistan en el crimen organizado, el terrorismo o el narcotráfico enfrentarán “toda la capacidad legítima de la fuerza del Estado y el peso de la justicia”.
PUBLICIDAD
El anuncio fue también un mensaje diplomático dirigido a Estados Unidos y a otros países aliados en la lucha contra el crimen transnacional, toda vez que el mandatario reafirmó el compromiso de Colombia con la cooperación internacional en materia de extradición y combate al narcotráfico: “No habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley y que les permita evadir la justicia”.
Por último, el jefe de Estado fue incisivo en expresar que la seguridad de los colombianos y el imperio de la ley no se negocian. “En este Gobierno habrá protección para los ciudadanos que trabajan y dignifican al país con ese trabajo y habrá mano de hierro contra los criminales, porque hemos venido a liberar a Colombia del crimen”, concluyó De la Espriella en su declaración ante los medios, con los que tomó cartas en el asunto.
PUBLICIDAD