Medio país estaba en fiestas. Era la madrugada del lunes 15 de agosto de 2011. Ciudades, pueblos y particulares llevaban horas desplegando sus verbenas por las calles. Los había que se preparaban para el Día de la Asunción, costaleros listos para acompañar a la Virgen, fuegos artificiales, comida y bebida a raudales y acababa de culminar el habitual éxodo desde las capitales hacia los pueblos. Eran días de festejos, pero en un pequeño municipio a las afueras de Valladolid, esa noche se impondría el silencio.

Una llamada a emergencias, ese lunes a las nueve de la mañana, descubrió lo que había ocurrido en aquel chalet en Boecillo. Un niño de tres años, otro de nueve y un tercero de catorce aparecieron sin vida en sus camas. Cubrían sus rostros papel film y una bolsa de plástico. En una de las salas del chalet, una mujer de 55 años estaba tendida en el suelo con signos de violencia. Fue el personal de limpieza quien encontró la escena.

Se trataba de un centro especializado en menores con necesidades especiales. Los tres niños tenían graves discapacidades físicas y psíquicas, residían desde hacía tiempo en ese chalet habilitado para ellos y gestionado por la organización Mensajeros de la Paz. La mujer que encontraron inconsciente fue enviada rápidamente al hospital. Era su cuidadora. La persona encargada de velar por los niños durante los fines de semana.

La mujer, uruguaya de 55 años, llevaba más de una década en España. Tenía la doble nacionalidad, estaba casada y tenía una hija, coordinadora del mismo centro en el que ella trabajaba. Tenía heridas en el cuello, muñecas y cabeza. Pero los agentes y el personal sanitario descartaron enseguida una autoría de terceros. Los cortes eran autoinfligidos.

Despertó horas más tarde y explicó que no recordaba nada. Estaba aturdida. Y lo único que dijo fue que había intentado quitarse la vida. Pero las pruebas forenses demostraron, sin posibilidad alguna de duda, que había sido ella la autora del triple crimen. Alrededor de las cinco de la mañana acudió a las habitaciones de los pequeños y los asfixió. Después, trató de matarse. Y no era la primera vez que lo intentaba.

No tenía formación específica, sin embargo, comenzó a ejercer como cuidadora al poco tiempo de llegar a España. Había trabajado durante cinco años en distintos centros de acogida similares y, quizá por la experiencia previa, no se la exigió cualificación concreta para el puesto. Se encargaba de todo. Desde el viernes a las cinco de la tarde hasta el lunes a las nueve de la mañana, ella era quien cuidaba de la alimentación, higiene, formación, juegos y supervisión de los menores.

Desde el centro se explicó que nunca había mostrado síntomas de alarma de ningún tipo. Tampoco habrían constado informes de bajas. Pero algunas de sus compañeras comenzaron a hablar con la prensa. Lo que en un principio se creyó pudiera ser un denominado “asesinato por compasión”, pasó a convertirse en algo diferente.

Los agentes comenzaron a investigar su entorno. Nadie podía comprender cómo aquella mujer, aparentemente amable y altruista, pudo haber cometido semejante atrocidad. En su taquilla encontraron anotaciones personales. El trabajo, la acumulación de tareas, estrés, frustración, problemas en casa y con compañeras. Llevaba tiempo sumida en una profunda depresión y se quejaba de la ineficacia de la medicación. Su marido contó que dos años antes ya había intentado quitarse la vida. Fue enviada a prisión preventiva. Durante su estancia en prisión, en una ocasión, aprovechó un descuido y saltó por una ventana. Tuvo que volver a ser hospitalizada.

Su defensa intentó la vía de la enajenación transitoria. Valiéndose de su historial y de la presunta amnesia, buscaban la inimputabilidad, es decir, querían probar que no sabía lo que hacía, que tenía sus facultades volitivas o cognitivas mermadas en el momento de los hechos. Los informes periciales confirmaron que padecía un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión. Pero aquello no era suficiente. La cuidadora era plenamente consciente de su conducta. Hubo alevosía. Y el perfil, su motivación, no encajaban con la idea del asesinato compasivo.

Los crímenes compasivos son los delitos que se cometen con la intención de evitar, presuntamente, más sufrimiento a la víctima. A menudo son autores movidos por lo que ellos piensan que es misericordia o piedad. Ocurre, por ejemplo, en casos de personas con graves enfermedades, muertes asistidas o eutanasias fuera de la legalidad. En estos supuestos, la responsabilidad penal no varía, el hecho se entiende como un delito independientemente de las razones que lo motivaron, aunque apelen a la supuesta compasión, una empatía muchas veces distorsionada.

Algunas trabajadoras del centro explicaron que su compañera no sentía ningún cariño por los pequeños. No veían esa empatía. Según sus relatos, alardeaba de las pastillas que tomaba y se quejaba del turno y de los niños. Decían que se sentía frustrada, por ejemplo, por la lentitud de los menores al comer. Parecía sobrepasada, impaciente, irritable. Descartado el crimen compasivo, que no concordaba ni con el modus operandi ni con su perfil, comenzó a plantearse -como explicación, que no justificación-, la opción del “síndrome del cuidador”.

No se trata de un trastorno reconocido en los manuales habituales de psicopatología, es más bien un término descriptivo usado en psicología o criminología para referirse a una situación de desequilibrios físicos, emocionales, sociales y psicológicos que pueden aparecer en individuos que se dedican, durante largos periodos, a cuidar de personas dependientes. Esta circunstancia, también conocida como burnout, puede llevar a una sobrecarga intensa que afecta a todos los niveles. En sus versiones más extremas, se llegan a desarrollar episodios de enajenación, trastornos, negligencia, maltrato y, también, homicidio o asesinato.

La autora del triple crimen confesó la autoría de los hechos. La Fiscalía determinó que no padecía ningún trastorno que pudiera rebajar su pena. Se mencionó la posibilidad de que tuviera una personalidad histriónica, con tendencia a exagerar, y se concretó que actuó con alevosía mientras las víctimas estaban en un estado de absoluta indefensión. No se llegó a juicio con jurado. Las partes optaron por un acuerdo de conformidad. Quince años por cada asesinato.

Ella jamás explicó por qué lo hizo. Insistió, hasta el final, en que no recordaba lo ocurrido. Hasta la confesión, necesaria para el acuerdo. Las pruebas eran evidentes y ninguna de las partes quería alargar ni el procedimiento, ni el sufrimiento. Ya era irreversible. Han pasado 15 años del caso y ciertos debates siguen vigentes. Más allá de las motivaciones, lo mollar está en la atención. En la valoración, el control, el seguimiento y el cuidado al escoger quienes cuidan de los demás. La prevención, más en ambientes tan delicados, es fundamental.