Recientemente el ministro de Vivienda anunció que se contempla introducir nuevas exigencias -a partir de diciembre- para aquellos ciclistas que quieran ingresar al Parque Metropolitano (Parquemet), según las cuales estos deberán inscribirse para subir al cerro y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio, medida que a juicio de la autoridad permitirá detectar más fácilmente a aquellos que infrinjan las normas y de esa manera reciban las sanciones correspondientes. Asimismo, se puso en marcha una fiscalización reforzada para asegurar que los ciclistas cumplan con las normas vigentes, como el porte obligatorio de casco o el uso de luces una vez que caiga la tarde, y que se respete el límite máximo de velocidad, que en el caso de este parque alcanza los 30 km/h, para lo cual Carabineros fiscalizará mediante el uso de radares. La administración de Parquemet señaló que también se evalúa establecer un bloqueo de acceso de tres meses en el caso de aquellos ciclistas reincidentes.
El ministro ha señalado que estas exigencias se justifican porque hay ciclistas que no respetan los límites de velocidad y ponen en riesgo la seguridad de niños y adultos que circulan por el parque. Al ahondar en las nuevas exigencias, el secretario de Estado precisó que el problema no es la bicicleta, sino una minoría que circula a velocidades peligrosas y utiliza rutas no autorizadas, con ciclistas de descenso y enduro que incluso llegan a velocidades de hasta 60 km/h, lo que es motivo de accidentes y daño a la vegetación del lugar. De allí que las medidas se centrarán en estos grupos, y no en los caminantes, trotadores y demás usuarios deportivos.
Si bien la preocupación por asegurar una sana convivencia entre ciclistas y peatones, así como la prevención de accidentes, es ciertamente legítima, hay razonables dudas de que las medidas anunciadas por la autoridad sean las adecuadas -cuando no contraproducentes-, al resultar excesivas a la luz de las estadísticas y de la realidad que se vive en dicho parque. Desde luego, es un hecho que hay ciclistas que infringen irresponsablemente las normas y ponen en peligro la integridad de los demás, pero las mismas autoridades del parque reconocen que son una minoría. Y si bien se han registrado accidentes, algunos de ellos graves, las estadísticas indican que entre enero y agosto de 2025 hubo 131 atenciones de ambulancia por accidentes -en el año se registró un total de 199-, mientras que este año el número en igual período cayó a 81 atenciones. Considerando que Parquemet registra más de seis millones de visitas por año, donde cerca de 1,7 millones se realizan en bicicleta -esto según registros de hace algunos años-, el número de incidentes resulta muy reducido y en general la convivencia entre ciclistas y peatones no es motivo de grandes controversias.
Así, no parece haber un problema generalizado de inseguridad en el parque, por lo que el foco de las preocupaciones debería centrarse en aquellos que exceden las velocidades máximas y practican descensos en lugares no autorizados. Para ello debería bastar una mayor fiscalización y asegurar que los infractores sean sancionados -las multas por exceso de velocidad pueden superar los $100 mil-, lo que bien se podría garantizar con un uso más intensivo de cámaras, mayor vigilancia del personal de seguridad y presencia de carabineros. También cabría ser más estrictos en fiscalizar que los peatones sigan estrictamente los senderos habilitados para ellos, pues ciertamente hay quienes actúan temerariamente y se exponen a ser atropellados.
La fórmula de endurecer las restricciones de acceso a ciclistas aparece entonces desproporcionada, algo que la autoridad haría bien en reevaluar. Desde luego, no se puede perder la perspectiva de que se trata de un parque público, por lo que exigir un empadronamiento previo y el uso obligatorio de chalecos para permitir su acceso supone introducir requisitos que no se aplican en otros lugares públicos para el caso de ciclistas, lo que ha llevado a que una serie de voces ya adviertan que podría tratarse de una discriminación arbitraria. Dichas exigencias tampoco van en línea con lo que se observa en grandes parques a nivel mundial, como el Central Park de Nueva York, o grandes áreas verdes de Londres. En estos casos, se han establecido reglas que apuntan a brindar estricta preferencia a peatones, límites máximos de velocidad y áreas bien delimitadas de circulación, entre otras, pero no al punto de crear registros especiales o exigir implementos que van más allá de lo que la ley contempla.
Insistir en la fórmula que ha sido esbozada por el ministro de Vivienda puede abrir flancos de judicialización, y puede llevar a una estigmatización del uso de la bicicleta, lo que podría desincentivar las visitas e inhibir a algunos de la práctica deportiva, lo que va totalmente en contra de la idea de fomentar actividades al aire libre y estimular el ejercicio, algo muy necesario para la salud mental y el fomento de hábitos de vida saludables.
Además, debería considerase que si el acento se pondrá en ciclistas que practican enduro, lo cierto es que este es justamente un tipo de bicicleta ampliamente utilizado por los chilenos, lo que entonces llevaría a que deban empadronarse muchos más ciclistas de los que efectivamente realizan este tipo de prácticas, lo que previsiblemente será motivos de reclamos y malestar.
El camino para corregir los problemas que ha identificado el ministro parece ir por una mejor fiscalización y promover campañas de educación sobre el buen uso de los espacios públicos como asimismo el respeto hacia los demás visitantes, sean ciclistas o peatones. Si posteriormente se llega a la conclusión de que no han sido efectivas, podrían pensarse en otras restricciones, pero lo central es asegurar que las regulaciones no desincentiven la visita a los espacios públicos y estos sean un lugar de encuentro entre los habitantes de la ciudad.