En Ecuador, la ciudadanía cuenta con distintos mecanismos para reportar posibles actos de corrupción ante instituciones del Estado.
La Secretaría General de Integridad Pública habilitó recientemente un sistema al que se puede acceder mediante un código QR, mientras que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado mantienen sus propios canales para recibir denuncias.
El nuevo mecanismo de la Secretaría de Integridad Pública busca facilitar que los ciudadanos reporten posibles irregularidades sin tener que acudir presencialmente a una institución. La secretaria general de Integridad Pública, Doménica Bajaña, explicó que anteriormente una persona que quería presentar una alerta de manera anónima debía acudir a la ventanilla de la Presidencia de la República.
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Ahora, el acceso se realiza mediante el escaneo de un código QR que dirige a una plataforma con tres alternativas.
La primera permite presentar una alerta a título personal mediante correo electrónico. La segunda es un formulario que, según Bajaña, es completamente anónimo y no solicita datos personales. La tercera opción es ARA, el Asistente de Recepción de Alertas, un chatbot que guía al ciudadano paso a paso para registrar la información.
“Lo que hemos tratado de hacer es evitar que el ciudadano se adapte a nosotros, sino nosotros adaptarnos al ciudadano”, señaló Bajaña al explicar el objetivo del sistema.
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¿Cómo se protege la identidad?
La Secretaría asegura que el formulario anónimo no exige información personal para enviar una alerta. El ciudadano puede proporcionar voluntariamente un correo electrónico si quiere dar seguimiento a su reporte, pero no es un requisito.
Bajaña indicó además que los equipos en los que se reciben las alertas están encriptados y que la Presidencia no registra las direcciones IP de quienes utilizan el formulario.
La funcionaria señaló que el código QR será socializado en instituciones públicas con mayor afluencia de ciudadanos para facilitar el acceso al mecanismo.
La Secretaría tampoco tiene establecida una meta sobre el número de alertas que espera recibir. Bajaña explicó que el éxito del sistema no se medirá por la cantidad de reportes, sino por el nivel de accesibilidad que tenga para la ciudadanía.
¿Qué ocurre después de presentar una alerta?
Una alerta recibida por la Secretaría de Integridad Pública no significa automáticamente que exista un caso de corrupción. Según Bajaña, el primer paso consiste en corroborar y complementar la información recibida.
A partir de esa revisión, la Secretaría puede tomar distintas acciones. Una de ellas es remitir la información a entidades de control para que intervengan dentro de sus competencias. Entre las instituciones mencionadas por la funcionaria está la Contraloría General del Estado, a la que se puede solicitar un examen especial.
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También puede remitir información al Servicio de Rentas Internas (SRI) para la determinación tributaria correspondiente o directamente a la Fiscalía General del Estado cuando los hechos puedan constituir un delito.
La Secretaría, según la funcionaria, mantiene además un seguimiento de las alertas que son remitidas a otras instituciones.
Debido a que las investigaciones relacionadas con posibles delitos de corrupción tienen carácter reservado, la entidad no prevé publicar información que permita identificar a las personas investigadas. Sin embargo, la secretaria señaló que se prevé divulgar datos generales, como mapas de calor sobre las instituciones y provincias de las que provenga el mayor número de alertas. Esta información se publicaría en el portal de la Secretaría General de Integridad Pública.
Los canales de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado también cuenta con un mecanismo específico para recibir denuncias relacionadas con presuntos delitos de corrupción. El acceso se encuentra en el denominado Buzón de Transparencia, disponible en su página web institucional.
El sistema presenta un listado de delitos que pueden ser reportados, entre ellos concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, testaferrismo y peculado.
La persona debe identificar el delito que corresponde a su denuncia y seleccionar la opción “Denuncia aquí”. A continuación se abre un formulario para reportar presuntos delitos de corrupción, en el que se debe incluir la mayor cantidad posible de detalles sobre los hechos.
La Fiscalía también cuenta con códigos QR ubicados en sus establecimientos, que dirigen al Buzón de Transparencia. Las denuncias recibidas por este mecanismo son atendidas por la Dirección de Transparencia en Quito.
Las opciones de la Contraloría
La Contraloría General del Estado dispone de varios mecanismos para presentar denuncias sobre posibles irregularidades.
Una de las vías es por escrito. El ciudadano debe redactar la denuncia, registrar su firma o huella digital y presentarla en las ventanillas de la Contraloría.
También existe la posibilidad de realizar una denuncia verbalmente en las ventanillas de la institución. En ese caso, la información es transcrita para que pueda ser presentada formalmente.
La Contraloría mantiene además una línea telefónica exclusiva para reportar el mal uso de vehículos públicos. A través del número 1800 ÉTICOS (384267), el ciudadano debe proporcionar datos como la placa y características del vehículo, además del lugar, fecha y hora en que se habría producido el hecho.
Otra alternativa es el correo electrónico [email protected], mediante el cual se puede remitir la denuncia junto con la documentación de respaldo correspondiente.
El organismo también permite iniciar el trámite desde su página web. En el menú Servicios en Línea, el ciudadano debe ingresar al módulo de denuncias, completar el formulario, cargar los archivos de respaldo e imprimir la denuncia para entregarla posteriormente en las ventanillas de la institución.
De acuerdo a la entidad, las provincias con mayor incidencia son: Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. Mientras que las irregularidades más reportadas son: procedimientos de contratación, mal uso de bienes públicos, incumplimiento de funciones y actos normativos y declaraciones patrimoniales juradas.
Los tres mecanismos tienen diferencias en cuanto a su competencia.
La Secretaría General de Integridad Pública concentra su trabajo en la prevención y lucha contra la corrupción dentro de la Función Ejecutiva y puede derivar las alertas a otras entidades cuando corresponda.
La Fiscalía recibe información sobre posibles delitos de corrupción para su tratamiento dentro del ámbito penal.
Y la Contraloría atiende denuncias relacionadas con hechos que corresponden a sus competencias como organismo de control. (I)