La Defensoría del Pueblo pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reabrir el registro de damnificados dos meses después del terremoto registrado el 10 de agosto, para ampliar la asistencia a las familias afectadas en Colombia. El sismo dejó 335 personas fallecidas, cientos de heridos y miles de hogares sin vivienda ni medios de subsistencia.
“Reiteramos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la necesidad de reabrir el Registro y ampliar la atención en los municipios afectados. La recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida, así como mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos”, dice un comunicado emitido por la Defensoría.
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La emergencia alcanzó a 500 municipios de 16 departamentos y profundizó desigualdades ya existentes en zonas rurales y urbanas. La propia institución también reportó daños en su infraestructura y entre sus funcionarios, funcionarias y colaboradores.
La entidad sostuvo que el acceso a la ayuda estatal aún enfrenta barreras para parte de la población afectada. Por eso reclamó que la recuperación incluya vivienda, servicios de salud, educación y alternativas para reconstruir los medios de vida.
La reapertura del registro permitiría incorporar a personas que no lograron acceder a la asistencia institucional durante la emergencia. La Defensoría del Pueblo también solicitó ampliar la atención en los municipios golpeados por el sismo.
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“Garantizar una atención integral y una recuperación que no deje a nadie atrás. Fortalecer la prevención y la planificación territorial. Proteger los derechos de circulación de las personas con afectaciones a su movilidad por los desastres y los efectos del cambio climático”, dijo la entidad a través de una publicación en X.
La recuperación, planteó el organismo, debe contemplar mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos destinados a afrontar las consecuencias del desastre. Las comunidades afectadas deben intervenir en las decisiones que definan las soluciones para sus territorios.
El pedido se inscribe en una advertencia más amplia sobre la responsabilidad estatal frente a los desastres. La prevención, la atención de las emergencias y la recuperación territorial requieren coordinación institucional, recursos suficientes y participación de las poblaciones expuestas.
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En marzo, la institución había convocado a los entonces candidatos presidenciales a adoptar las “Decisiones impostergables en Derechos Humanos”. La decisión número 13 proponía fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático como obligaciones de derechos humanos.
La Defensoría pidió incorporar de forma efectiva la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y en las decisiones de desarrollo municipal. Las autoridades deben identificar zonas amenazadas, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático.
La respuesta institucional, señaló la entidad, no puede restringirse a intervenir después de que ocurre una emergencia. Millones de personas viven en territorios expuestos a amenazas, donde los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental pueden agravar su vulnerabilidad.
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El organismo también reclamó protección para quienes enfrentan desplazamiento, permanencia involuntaria en zonas afectadas o necesidad de una reubicación planificada a causa de desastres y fenómenos vinculados al clima. Colombia necesita un marco normativo y protocolos para garantizar evacuaciones, alojamientos temporales, retornos y reubicaciones en condiciones dignas.
Esas medidas deben incorporar enfoques diferenciales y asegurar servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas para la población afectada. La Defensoría indicó que seguirá acompañando a las comunidades y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales.
La entidad convocó a ciudadanos, organizaciones sociales, académicos y autoridades nacionales y territoriales al I Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, previsto para el 15 y 16 de octubre. El encuentro abordará los desafíos del país y promoverá políticas de prevención, atención y recuperación centradas en los derechos humanos.
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El sismo de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó 335 fallecidos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos, de acuerdo con el Reporte Situacional N.º 102, emitido por la Ungrd este 10 de octubre a las 6:30 a. m..
El documento indica que 489.862 personas y 305.791 familias figuran en el Registro Único de Damnificados (RUD), una herramienta que concentra los datos suministrados por los municipios sobre las personas afectadas y el estado de sus viviendas.
La emergencia alcanzó a 16 departamentos y 500 municipios, según el informe. El reporte añade que 207.889 viviendas resultaron averiadas tras el movimiento telúrico.
La información oficial da cuenta de 4.516 heridos, además de los 335 fallecidos y 103 desaparecidos que permanecían en el balance preliminar.
El reporte también consignó el rescate de personas en las zonas afectadas. La sección de búsqueda y rescate registra 356 personas rescatadas y 259 cuerpos recuperados.
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No obstante, la tabla de afectación nacional incluida en el mismo documento señala que fueron 364 las personas rescatadas. El informe mantiene ambas cifras, que continúan en proceso de consolidación.
El Registro Único de Damnificados reportó 207.889 viviendas averiadas en los territorios impactados por el sismo en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.
Las autoridades utilizan los datos cargados por los municipios, con apoyo de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), para orientar la asistencia a las familias afectadas.
El balance incluyó información sobre animales alcanzados por la emergencia. Según el documento, 3.282 animales resultaron afectados y 3.003 fueron rescatados.
Las cifras siguen siendo preliminares y pueden modificarse a medida que los municipios actualicen los registros y las autoridades consoliden la información sobre los daños provocados por el sismo.
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