El conflicto por las construcciones privadas sobre la costa del río Paraná en esta localidad escaló a un nuevo nivel institucional. El Concejo Deliberante aprobó una resolución mediante la cual ordenó al Departamento Ejecutivo Municipal la suspensión inmediata de todas las obras que se desarrollan dentro de la franja protegida del denominado Camino de Sirga y decidió remitir el expediente al Superior Tribunal de Justicia de Misiones para que intervenga ante lo que considera una situación de gravedad institucional.

La Resolución Nº 09/2026 fue aprobada durante la sesión ordinaria y comenzó a tomar estado público en las últimas horas, acompañada por un comunicado en el que el Concejo explicó los alcances de la medida y ratificó que actuó a partir de los reclamos formulados por vecinos preocupados por el avance de emprendimientos privados sobre la ribera.

El documento sostiene que en la zona comprendida entre la avenida costanera y el río Paraná proliferaron construcciones, cabañas y paradores comerciales emplazados sobre una franja que el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación reserva al uso público. Esa norma establece una restricción de quince metros desde la línea de ribera -conocida como Camino de Sirga- destinada a garantizar el libre tránsito, el acceso público y la seguridad de la navegación.

Sobre esa base, el Concejo resolvió ordenar al intendente Carlos Flores la inmediata suspensión y paralización preventiva de todas las obras, movimientos de suelo y nuevas autorizaciones municipales hasta que se esclarezca la situación jurídica y ambiental de cada emprendimiento.

En uno de sus artículos, la resolución declara la nulidad absoluta y la inoponibilidad de todo permiso, concesión, decreto o autorización municipal que vulnere el Código Civil y Comercial, al considerar que el municipio no tiene competencia para disponer sobre bienes del dominio público ni sobre restricciones establecidas por la legislación federal.

La decisión representa un fuerte cuestionamiento político e institucional hacia el Ejecutivo. En los fundamentos de la resolución, los concejales afirman que el Ejecutivo habría ignorado de manera sistemática un pedido de informes aprobado por el cuerpo para conocer bajo qué fundamentos se habían otorgado las autorizaciones. Ese comportamiento, sostienen, configuraría una grave falta institucional y una posible violación a los deberes de funcionario público, una afirmación de alto voltaje político que eleva el nivel del conflicto.

Los concejales también señalaron que ya habían realizado consultas ante la Entidad Binacional Yacyretá sin obtener respuestas formales, situación que, según expresan, incrementa la incertidumbre jurídica respecto de las construcciones emplazadas sobre una zona sometida a un régimen hídrico especial.

Por ese motivo, además de remitir copia certificada de la resolución al Superior Tribunal de Justicia, el Concejo decidió notificar formalmente a la Entidad Binacional Yacyretá, al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones y a la Prefectura Naval Argentina para que intervengan dentro de sus respectivas competencias.

En el comunicado difundido posteriormente, el cuerpo deliberativo buscó dejar en claro que su función no es ejecutar medidas ni demoler construcciones, sino ejercer el control institucional, velar por el cumplimiento de las leyes y proteger el patrimonio público. También recordó que serán los organismos provinciales, nacionales y binacionales los que deberán determinar la situación legal de las obras existentes y definir las acciones que correspondan.

Asimismo, informó que comenzó a revisar la normativa municipal vigente relacionada con este tipo de emprendimientos, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y evitar futuras controversias sobre el uso de la costa.

Más allá de la cuestión ambiental, la resolución expone una creciente tensión entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal. El expediente ya trascendió el ámbito político local y busca involucrar al máximo tribunal de la provincia, en un conflicto donde se mezclan competencias municipales, legislación federal, protección ambiental y el debate sobre el uso de uno de los espacios públicos más sensibles de Candelaria: la ribera del Paraná.

De prosperar las actuaciones judiciales o administrativas, el caso podría sentar un precedente para otros municipios ribereños de Misiones donde también existen emprendimientos privados ubicados en zonas alcanzadas por el régimen del Camino de Sirga, una figura legal que en los últimos años cobró creciente relevancia en los conflictos por el acceso público a las costas.