EDITORIAL

Norma moderniza y amplía las herramientas de prevención, supervisión e inteligencia financiera.

En los prolegómenos de la campaña electoral 2027  ya hay numerosas operaciones “proselitistas” con enorme capacidad logística para la movilización, que denota buenos recursos económicos. En teoría, se espera que provengan de contribuyentes lícitos, pero  antecedentes de los últimos tres lustros no permiten descartar oscuros patrocinios electoreros, no declarados, pero sí comprometedores y riesgosos, incluso para la seguridad nacional. Se demostró con los servicios abyectos prestados por el exdiputado Armando Ubico, quien presidía la Comisión de Defensa del Congreso y protegía convoyes de droga. Lo confesó poco antes de ser sentenciado a 27 años de cárcel en Estados Unidos. No es el único. Hay otros confesos, como Mario Estrada, del narcopartido UCN, aún preso, o Manuel Baldizón, que cumplió 50 meses por lavado de dinero proveniente del narco.

Ante este riesgo constante resulta muy significativa la visita de una delegación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuya dimensión es, en sí, inédita: cinco fiscales federales y nueve fiscales principales de igual número de distritos. Se reunieron con autoridades del Gobierno y el jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, para compartir estrategias de fortalecimiento a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y las pandillas.

El mensaje del Encargado de Negocios, Jorgan Andrews, actual representante máximo de la diplomacia estadounidense en Guatemala, no dejó lugar a dudas: el objetivo es detectar y perseguir a toda persona  que brinde protección o colaboracionismo con esas estructuras, incluidos políticos y funcionarios, lo cual recuerda a los alcaldes y exalcaldes, incluyendo algunos del anterior oficialismo,  extraditados por nexos con el narco; algunos ya sentenciados.

Esta visita coincide con la reciente entrada en vigencia de la nueva “Ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo”, que ya solo tiene pendiente el reglamento para empezar a implementarse. Esta norma moderniza y amplía las herramientas de prevención, supervisión e inteligencia financiera, además de fortalecer las capacidades de la Intendencia de Verificación Especial y del Ministerio Público. La cooperación estadounidense será un plus para este radar contra el dinero sucio. Quizá era ese pavor al monitoreo moderno de capitales otro factor que llevó a ciertos grupos a tratar de convertir la carestía del combustible en una mecha para  otros fines desestabilizadores, ya que el Ejecutivo es el encargado de revisar el reglamento de la Ley Antilavado en cuanto esté listo y de dar su aval para que comience a funcionar.

Por otra parte, no es aventurado suponer que pueda haber más caletas con efectivo, como la encontrada en la zona 3, con Q1.5 millones, vinculada con la mara Salvatrucha. Tal alijo  connota que el crimen organizado puede disponer de otros similares. No es que todo vaya a financiamiento electoral ilícito, pero sí  hay numerosas actividades que requieren insumos pagaderos en efectivo como combustible, transporte, alimentación, alquileres, propaganda, reuniones, operadores, desfiles, dádivas…

El TSE deberá trazar un control riguroso de los gastos, pero no debe trabajar de forma aislada: en colaboración con la Intendencia de Verificación Especial y  el Ministerio Público tiene la posibilidad de no conformarse con los reportes partidarios, pues hoy, más que nunca, la pregunta sobrepasa al monto de campaña, sino de dónde viene, quién lo entrega, quién lo recibe, cómo se utiliza y cómo se comprueba ese destino.

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