Dos años después del regreso fugaz de Carles Puigdemont a Catalunya, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) allanó el 16 de julio su vuelta definitiva al avalar la Ley de Amnistía aprobada en 2024. Mientras el Tribunal Constitucional resuelve el amparo presentado por el de Junts –también lo hicieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado– para que el juez Pablo Llarena retire la orden de detención que pesa sobre el expresidente de la Generalitat, él y su entorno ya preparan cómo será su retorno. Desde la formación posconvergente confían en que la resolución del tribunal europeo desemboque en el regreso de Puigdemont, que lo haría en una Catalunya diferente a la que dejó.
Por una parte, porque ahora la Generalitat está liderada por el socialista Salvador Illa —que se reunió en septiembre con él en Bruselas—, quien ha elegido a ERC y Comuns como sus socios prioritarios y ha logrado sacar los primeros Presupuestos en tres años. Como este Govern no depende de Junts para sacar adelante iniciativas, como por ejemplo en materia de vivienda, esto ha desenvocado en que el grupo parlamentario encabezado por Mònica Sales haya perdido fuerza en el tablero de la política catalana, pese a ser la segunda fuerza en el Parlament. Por otro lado, porque las encuestas auguran una fuerte caída de la formación en detrimento de Aliança Catalana, que obraría el 'sorpasso' en unas eventuales elecciones en Catalunya.
Con este escenario, a menos de 12 meses de que se celebren las elecciones municipales, Junts confía en que el regreso de Puigdemont a Catalunya les permita hacer frente al avance de la extrema derecha independentista y evitar una hecatombe que les haga perder fuerza y representación en consistorios, consejos comarcales y diputaciones. También, con el horizonte puesto en las próximas elecciones generales, ya que los últimos sondeos también dejan entrever que perderían peso en el Congreso de los Diputados. Esto es relevante porque en Madrid ahora los siete diputados de Junts todavía son determinantes para aprobar o hacer caer medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.
¿Cómo fue la reaparición fugaz de Puigdemont?
La eventual aparición de Puigdemont en Barcelona el 8 de agosto de 2024 fue anunciada por él mismo en redes sociales, que aseguró que debía estar presente en la sesión plenaria de investidura como diputado electo. "Por eso he emprendido el viaje de regreso desde el exilio", afirmó, por lo que logró poner el foco de la investidura de Illa sobre su persona. Con sus palabras, se abrieron todo tipo de especulaciones e incógnitas sobre cuál sería el movimiento del expresidente: ¿Cumpliría su promesa de volver a pisar España y entraría al Parlament para ocupar su escaño? ¿En qué momento del día sería detenido —hoy en día sigue pesando una orden de detención sobre Puigdemont—?
Ante el escenario de que pudiera aparecer el dirigente de Junts, surgió la posibilidad de que la detención se produjera en la frontera con Francia, aunque se descartó rápidamente, ya que España forma parte del espacio Schengen y solo se puede vulnerar el derecho a la libre circulación si la ciudadanía corre peligro. Por ejemplo, por una amenaza terrorista. Por eso, todo apuntaba a que, si llegaba a entrar, lo más viable sería detenerlo en el entorno del Parlament. Los Mossos d'Esquadra diseñaron un fuerte dispositivo policial que blindaba el Parc de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament. Para entrar al recinto hacía falta una acreditación.
A 300 metros de la entrada al Parlament, el independentismo convocó una movilización y un acto de bienvenida para Puigdemont. Junto al parque, la ultraderecha llamó a sus seguidores a recibirle a gritos de "Puigdemont a prisión" y les pidió "impedir que un prófugo de la justicia" entrara en la Cámara catalana. Así, la policía catalana desplegó a más de 600 efectivos, tres drones y un helicóptero para garantizar, de un lado, la seguridad entre ambas manifestaciones; de otro, la celebración del pleno y, por último, para detener a Puigdemont.
En torno a las 9.00 horas, el líder de Junts aparecía en las pantallas de televisión dirigiéndose al escenario, arropado por miembros de su formación, entre los que se encontraban los exjefes del Govern Artur Mas y Quim Torra; la expresidenta de Junts, Laura Borràs; el secretario general de la formación, Jordi Turull; y el presidente del Parlament, Josep Rull. Atropellado en su paso, corriendo incluso en los últimos metros, Puigdemont subió a su particular púlpito para lanzar un mensaje: que había conseguido llegar hasta allí. Frente al Arco del Triunfo, Puigdemont recitó un discurso de seis minutos y desapareció.
Después de hablar, se colocó un sombrero de paja. Llegó hasta una carpa roja. Cambió el gorro por una gorra roja. Salió de la carpa y se subió a un Honda blanco. Los Mossos iniciaron ahí una persecución, ya que un "muro humano" impidió su detención antes de subir al vehículo. Cinco calles más allá, lo perdieron. Durante ese día, se activó hasta en dos ocasiones la denominada Operación Jaula. El expresidente se coló entre sus barrotes. La incredulidad se instaló en la sede del Tribunal Supremo, que solicitó a los mandos de Mossos un informe de lo que había sucedido.
El informe de los Mossos reconoció que no se tenía conocimiento de su paradero antes de que apareciera, que no era seguro detenerlo entonces, que creían que el expresidente cumpliría su palabra e iría hacia el Parlament para participar en el pleno; no concibieron que solo se presentara en los aledaños de la Cámara y se diera a la fuga. La investigación se centró en tres mossos d'esquadra que acompañaron a Puigdemont, uno de ellos propietario de uno de los coches que se utilizaron en la huida. La titular de la plaza 24 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Barcelona procesó el 27 de julio a los tres agentes investigados después de que un recurso de la acusación —Hazte Oír y Vox— hiciera que la Audiencia reabriera el caso por un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Illa se reúne con Puigdemont en Bruselas
Dos años después de este suceso, Puigdemont ha reducido notoriamente sus apariciones públicas en Waterloo, más allá de encuentros con la cúpula de la formación independentista en Bélgica o en el sur de Francia. Probablemente, la aparición que más peso tuvo fue la reunión que mantuvo con Illa en Bruselas. Desde la llegada del socialista a la Presidència de la Generalitat, se había comprometido a reunirse con todos los expresidentes catalanes que le han precedido, incluido Puigdemont.
Tras hacerlo con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès, el president anunció el 1 de septiembre que viajaba al corazón de la Unión Europea para 'amnistiar' políticamente al expresidente. Pese a que desde Junts criticaron que el encuentro se produjera "demasiado tarde", desde el Govern se defendió que estaba enmarcado en un contexto de "normalidad" y que le hubiera gustado que se hiciera en el Palau, con una aplicación efectiva de la amnistía hecha sobre Puigdemont.
El regreso de Puigdemont, hallanado por el TJUE
Una amnistía que parece más cerca que lejos, gracias a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldando la Ley de Amnistía. La sentencia publicada el 16 de julio allana el camino de vuelta a España y también la aplicación de la norma en exconsellers y activistas del 'procés'. A la espera de que el Supremo aplique la norma al dirigente independentista, el propio Puigdemont ya presentó un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea para denunciar que el Gobierno no hubiera aplicado ya la normativa. Bruselas respondió que la aplicación de la norma corresponde a los tribunales españoles.
Mientras tanto, la formación independentista confía en que este sea el paso definitivo para que el expresidente de la Generalitat pueda regresar en los próximos meses. "Si hubiera justicia de verdad en España, esta tarde los jueces podrían emitir la resolución que aplique la amnistía", sostenía el secretario general de Junts, Jordi Turull, tras hacerse pública la sentencia del TJUE. Sin embargo, fuentes del entorno de Puigdemont no contemplan que regrese de manera inmediata. La idea que visualizan es que el regreso lo haga con calma, ya que lo quiere hacer "bien". Por lo que es probable que su primera aparición en Catalunya sea hacia otoño.
El revulsivo para Junts antes de las municipales
Para Turull, la sentencia del TJUE suponía un "revulsivo" para todo el independentismo, que perdió la mayoría parlamentaria en los últimos comicios. Sin embargo, quien más necesita este "revulsivo" que abre la puerta al retorno de Puigdemont es el propio Junts. Las encuestas ya sitúan a los posconvergentes por debajo de Aliança Catalana, que se nutre del votante descontento 'juntaire' –y también de ERC, en menor medida– tras los años del 'procés' para crecer en los sondeos. La irrupción de la extrema derecha independentista también recoge apoyos de Vox y PP, gracias a un discurso duro contra la inmigración, en especial la de origen magrebí.
Para contextualizar el crecimiento de Aliança Catalana, la última encuesta publicada por el Centre d'Estudis d'Opinió situaba a la formación liderada por Sílvia Orriols en tercera posición y cerca de los de Oriol Junqueras. El sondeo daba entre 23 y 25 escaños al partido, que ganaría más de 19 diputados respecto a los comicios de 2024 (ahora tienen dos). Además, situaba a Orriols como la segunda candidata favorita para presidir la Generalitat, por detrás del dirigente socialista Salvador Illa. Illa seguiría liderando el ranking con el 18% de los apoyos, por delante de la alcaldesa de Ripoll, que obtiene el 8%.
La irrupción meteórica de Aliança Catalana también alteraría por completo la aritmética parlamentaria, ya que los partidos independentistas como ERC o la CUP se oponen a llegar a acuerdos con los de Orriols. A priori, tampoco lo ve con buenos ojos Junts. Sin embargo, la proximidad de las municipales ha provocado que los alcaldes de la formación liderada por Puigdemont hayan pedido tratar las 'carpetas' que les suscitan más preocupación. Estos alcaldes pedían más concreciones sobre cómo debe ser el discurso del partido frente a la vivienda o la inmigración y si deben endurecerlo para frenar a AC.
La posición de Junts en el bloque de la investidura
Las encuestas también evidencian una pérdida de apoyos de los de Puigdemont en Madrid. Por ejemplo, esta misma oleada del CEO los situaba en quinta posición, por debajo de PP y Vox. En cierta manera, esto puede preocupar a Junts, ya que ahora sus siete escaños son la llave para articular mayorías en el Congreso de los Diputados. Ya sea para sumar en el bloque de investidura de Sánchez o para aliarse con PP y Vox para tumbar medidas del Gobierno progresista. Este último escenario ha sido el que más se ha repetido en este último año, después de que el propio Puigdemont anunciara que rompían las relaciones con el PSOE ante el la falta de cumplimiento de acuerdos pendientes.
"El PSOE es el responsable máximo. Son ellos quienes tienen las palancas del poder", aseguraba Puigdemont en una intervención desde Perpiñán (Francia) el 27 de octubre, que duró unos 30 minutos y en la que no respondió a preguntas de los periodistas. Puigdemont insistió en que no ha habido voluntad por parte del PSOE de "ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma". "No ha habido resultados suficientes", dijo sobre 'carpetas' estancadas como la oficialidad del catalán en Europa o como que no le hayan aplicado la Ley de Amnistía que le impide negociar en "igualdad de condiciones".
Además, hizo hincapié en responsabilizar de la ruptura al Ejecutivo central: "Han ignorado su debilidad parlamentaria y no han escuchado los avisos en los 22 meses de trabajo y los 19 encuentros en Suiza". La ruptura se materializó a lo largo de estos meses, dejando caer diferentes propuestas en materia de vivienda o fiscalidad impulsadas por el Gobierno. Una de las más sonadas fue el consorcio de inversiones pactado entre el Gobierno y ERC, que preveía crear un órgano en Catalunya para recuperar el 'déficit' de inversiones que hay en la comunidad y al que los de Junts achacan los problemas que hay en la comunidad en materia ferroviaria, por ejemplo.
La 'carpeta' de la financiación... en el aire
Que Junts haya decidido plantarse en el 'no' a todo, en cuanto a las medidas impulsadas por el PSOE, podría hacer caer también en los próximos meses el nuevo modelo de financiación autonómico, también acordado entre el Gobierno y ERC. La inyección de 4.600 millones de euros extra a Catalunya cada año es "insuficiente" a los ojos de los de Puigdemont, que, instalados en una posición de 'todo no nada' exigen avanzar hacia un concierto económico similar al del País Vasco o Navarro. Desde Catalunya, el Govern mantiene que por ahora es inviable lograr lo que pide Junts, pero les insta a presentar las enmiendas que consideren para mejorar el texto durante el trámite parlamentario en el Congreso.
Antes, tiene que aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), que se celebrará el 4 de septiembre tras ser aplazado por Hacienda para volver a abrir el diálogo con las comunidades del PP, que reniegan del nuevo modelo de financiación, con la excepción de Canarias donde los populares gobiernan junto con Coalición Canaria. El objetivo con el que trabajan desde la Generalitat es que el CPFF dé luz verde al sistema y sea el Gobierno quien lleve a las Cortes Generales su tramitación para que este finalmente sea aprobado a finales de año. Una vez suceda, será el momento de ver cuál es la postura definitiva de Junts ante la ampliación de los recursos que pueda tener Catalunya, en contexto de año electoral y con la previsible vuelta de Puigdemont ya hecha una realidad.