La Comisión de Presupuesto del Congreso solicitó este lunes una segunda ampliación del cuarto intermedio en el debate del proyecto de ley de crédito suplementario (PL 14799/2025-P). El pleno de la Comisión Permanente no retomará la discusión hasta el martes 14 de julio al mediodía.
La nueva suspensión postergó también la definición sobre la gratificación de julio para los trabajadores del régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), uno de los puntos pendientes de incorporación al dictamen.
Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, informó al pleno que el volumen de pedidos de incorporación presentados por los congresistas durante la sesión del jueves 10 —artículos adicionales y financiamiento para proyectos de inversión en múltiples regiones— impidió completar a tiempo la revisión técnica.
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El legislador de Alianza para el Progreso (APP) descartó que la medida obedezca a motivos políticos. “Esta solicitud no responde a una falta de voluntad política ni busca dilatar el debate. Responde exclusivamente a razones técnicas y operativas“, afirmó Soto ante el hemiciclo.
Soto explicó que la evaluación de la viabilidad técnica, legal y presupuestal de cada propuesta corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no a la comisión que preside. Pese a las reuniones de trabajo sostenidas entre ambas instancias durante los días previos, ese proceso “aún a la fecha no ha podido concluirse”.
“El volumen y la complejidad de las incorporaciones solicitadas, que involucran múltiples sectores, pliegos y fuentes de financiamiento, han demandado un proceso operativo adicional de revisión e ingreso de información en los sistemas del MEF“, detalló el congresista. Advirtió que aprobar el texto sin esa validación podría generar inconsistencias que luego dificulten la ejecución de los recursos destinados a la inversión pública y a la continuidad de los servicios del Estado.
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Mientras el pleno procesaba la nueva suspensión, trabajadores CAS se concentraron en los exteriores del MEF para exigir que el crédito suplementario sea tratado con prioridad. La movilización apuntó directamente al ministerio, al que los manifestantes responsabilizan de frenar el desembolso de los beneficios reconocidos.
Una de las trabajadoras presentes señaló a radio Exitosa que la gratificación y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) son derechos adquiridos tras dos décadas de lucha sindical. “El Estado nos debe una gratificación para julio y para diciembre y nuestra compensación por tiempo de servicios. Un derecho que hemos luchado durante veinte años y que hasta la fecha no vemos efectivo, justamente porque el gobierno está poniendo trabas, queriendo pagarnos solamente el 10% que no corresponde de acuerdo a ley“, afirmó.
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La manifestante cuestionó además los plazos del debate parlamentario. “Nos parece realmente una burla estando a un día ya del pago, porque se supone que estas gratificaciones deberían pagarse ya a partir de la quincena de julio. Las entidades ya cuentan con el dinero, pero es el ministro quien no saca las cartas para hacer los movimientos en los estados financieros de las entidades”, sostuvo.
Esta es la segunda vez que el debate queda suspendido. La primera postergación ocurrió el jueves 10 de julio, tras una sesión de más de tres horas sin acuerdo. En aquella oportunidad, Soto formalizó el aplazamiento mediante un oficio a la presidencia del Congreso y el debate fue reprogramado para este lunes 13 a las 15:00 horas.
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Durante esa sesión, congresistas de distintas bancadas presentaron decenas de disposiciones transitorias y finales, junto con pedidos de incorporación de proyectos de infraestructura regional, becas de posgrado y obras de agua, saneamiento y conectividad vial. A ello se sumó la discusión sin resolver sobre la fórmula de gratificación CAS, luego de que se retirara la disposición que planteaba reconocer ese beneficio de forma gradual junto con la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El MEF había advertido que esa propuesta carecía de fuente de financiamiento permanente y podía comprometer la sostenibilidad fiscal.
El crédito suplementario asciende a S/9.596 millones, de los cuales S/5.435 millones corresponden a canon, sobrecanon y regalías con destino predeterminado. Los S/4.160 millones de libre disponibilidad se financiarán con S/2.900 millones del Tesoro Público y S/1.260 millones en bonos soberanos.
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El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, había respaldado la solidez técnica del proyecto al señalar que fue formulado sobre la base de proyecciones macroeconómicas oficiales y que su financiamiento respeta las reglas fiscales vigentes. El texto sustitutorio que la Comisión de Presupuesto debe presentar el martes deberá, según Soto, “salvaguardar la sostenibilidad fiscal en concordancia con lo establecido por el Tribunal Constitucional“.