El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado este jueves el dictamen técnico favorable a la prórroga de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta el 8 de junio de 2030, lo mismo que ya solicitaron hace meses las empresas propietarias del reactor (Iberdrola, Naturgy y Endesa). Según el calendario pactado por el Gobierno con las compañías energéticas, el cierre estaba programado para que comenzara el próximo año, en 2027. Ahora, el organismo regulador da así luz verde al informe que abre la puerta a extender la vida operativa de la instalación más allá de esos plazos vigentes.
Tras este anuncio, la decisión final recae en el Gobierno, que deberá determinar si la central continúa en funcionamiento o se continúa con el cierre previsto para comenzarlo dentro de unos meses. Y desde el Ejecutivo ya han hablado al respecto. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha decidido esperar a recibir el informe favorable a la ampliación. De acuerdo con el procedimiento establecido, desde el ministerio que lidera Sara Aagesen “estudiará el informe del CSN y toda la documentación que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central” más allá de los plazos inicialmente previstos, tal como han solicitado las empresas propietarias de la instalación.
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El Pleno del CSN ha emitido el informe, pero con condiciones. El dictamen plantea mantener los límites y las condiciones de la autorización vigente, salvo dos excepciones destinadas a precisar el alcance temporal de la renovación y a actualizar las revisiones de los Documentos Oficiales de Explotación. La decisión se apoya en la verificación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento de un nivel adecuado de seguridad para que ambas unidades puedan operar durante el periodo solicitado por el titular.
El informe preceptivo se sustenta en 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del organismo regulador. A ello se suma la supervisión y el control continuo que realiza el CSN para verificar el cumplimiento de las condiciones y los compromisos incluidos en la autorización de explotación vigente. Entre los aspectos examinados figuran el estado del envejecimiento de las estructuras, los sistemas y los componentes de seguridad, el plan de gestión de vida y la calificación ambiental de los equipos.
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El regulador también ha analizado el grado de cumplimiento de los planes de acción y mejora asociados a la revisión periódica de la seguridad para el periodo completo de diez años, que sirvió de base para la anterior renovación de la autorización, concedida en 2020. Aquella autorización, actualmente vigente, quedó limitada a siete años para la unidad I y a ocho años para la unidad II, con cierres previstos para 2027 y 2028, respectivamente.
La central extremeña, integrada por dos reactores, es la de mayor potencia instalada del parque nuclear español y una de las que más electricidad produce. Según EFE, genera aproximadamente el 7% de la electricidad del país y sostiene unos 3.000 empleos directos e indirectos.
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*Noticia elaborada con información de agencias.