Burgos, 4 sep (EFE).- El propietario de un criadero de perros en Melgar de Fernamental (Burgos) acusado de maltrato animal ha basado su defensa en una supuesta animadversión de la Guardia Civil que, según ha dicho, lo sometía a continuas denuncias "falsas" y detenciones y ha insistido en que huyó de España "porque ya no podía seguir viviendo" en Burgos.
En la segunda y última sesión del juicio, el acusado ha testificado este viernes, aunque solo respondiendo a las preguntas de su abogado, y se ha declarado inocente tanto del delito de maltrato animal, por el que le piden 18 meses de cárcel, como de alzamiento de bienes, con petición de uno y tres años de cárcel.
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Ha asegurado que era víctima de una persecución de la Guardia Civil, con denuncias "falsas", inspecciones recurrentes y detenciones "todos los días", un acoso continuado que le impedía seguir con el criadero, por lo que sin esa opción de vida y sin dinero optó por macharse de España.
"No podía seguir viviendo aquí", ha asegurado para justificar su huida a México en 2020, solo cinco días antes de que la Guardia Civil desmantelara en febrero el criadero, en el que había un centenar de perros en pésimas condiciones y una veintena de ellos muertos.
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El acusado, que fue extraditado en febrero de 2026 desde Venezuela, ha incidido en que trató de volver desde México a España pero no pudo hacerlo por la pandemia; luego se quedó sin dinero y acabó en Venezuela "por amor", donde fue localizado, detenido y permaneció 16 meses en la cárcel.
En la segunda sesión del juicio, que arrancó el martes en el Juzgado de lo Penal 2 de Burgos, han declarado también varios peritos, veterinarios que se encargaron de atender a los animales rescatados del criadero entre finales de 2019 y febrero de 2020, y otros que realizaron las autopsias a los fallecidos.
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Todos han coincidido en el estado "lamentable" en el que se encontraban los perros: desnutridos, deshidratados, con una delgadez extrema, con patologías crónicas, algunos con lesiones, traumatismos o heridas cortantes e incisivas, fruto de un "abandono prolongado".
En el caso de las autopsias realizadas a los perros muertos -algunos llevaban fallecidos hasta 25 días cuando los encontraron -, los exámenes muestran síntomas compatibles con inanición, además de mordiscos, lesiones y evidencias de canibalismo, consecuencia de la falta de alimento prolongado.
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Los informes de los peritos, junto con los testimonios de los veterinarios de la Junta de Castilla y León, que declararon el martes, y de los agentes de la Guardia Civil sustentan un caso "sin dudas" de maltrato animal continuado, en opinión de la Fiscalía y las acusaciones particulares.
"Los dejó morir", "los abandonó a su suerte", ha indicado la fiscal, quien ha insistido en que el acusado podría haberlos salvado pero se negó en varias ocasiones a ceder los animales a la asociación Defensa y Justicia Animal de Burgos, y además huyó de España dejándolos sin atención.
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Por ese motivo, la Fiscalía pide la pena máxima por maltrato animal continuado, 18 meses de prisión, que suscriben la acusación de la Junta y el abogado de Defensa y Justicia Animal, que en su escrito de acusación había planteado de 24 a 30 años, pero que ahora reajusta al tipo penal actual.
En cuanto al delito de alzamiento de bienes, el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden tres años, y la acusación de la Junta, un año. Todos insisten en que se deshizo de sus propiedades, a favor de su madre y su expareja, para evadir la responsabilidad civil y convertirse en insolvente.
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Por su parte, la defensa ha pedido la absolución al considerar no conforme a derecho la extradición, y ha puesto en duda la titularidad de los perros, que compartía con su madre y su expareja, que ya fueron condenadas en 2025 a un año de cárcel por maltrato animal. EFE