El Ministerio de Capital Humano cruza los relevamientos realizados durante la huelga para verificar si se incumplió la cobertura mínima del 75%. En Nación advierten que es un proceso “largo” y no descartan aplicar una multa.
04 de agosto 2026, 21:13hs
En Balcarce 50 destacan que la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe habrían superado el piso exigido. (Foto: X @JMilei).
El Gobierno termina de consolidar los relevamientos realizados durante el paro nacional docente y definirá sobre esa base si abre un sumario contra CTERA por un eventual incumplimiento del servicio mínimo en las escuelas. La Secretaría de Trabajo todavía no tomó una decisión y mantiene bajo evaluación los informes enviados desde las provincias.
El documento final deberá establecer si la medida de fuerza afectó la cobertura mínima del 75% que exige la Ley de Modernización Laboral para la educación inicial, primaria, secundaria y especial. La eventual apertura de un expediente dependerá de que los inspectores hayan reunido elementos suficientes para atribuirle una infracción concreta a la organización sindical.
“No se definió nada. Es una posibilidad”, expresaron en Nación. Ante una nueva consulta, fuentes oficiales indicaron que las agencias territoriales todavía están analizando y procesando la información recopilada durante la jornada del lunes.
La fiscalización fue coordinada por la cartera que conduce Sandra Pettovello y consistió en una inspección muestral de establecimientos educativos. Los agentes verificaron el funcionamiento de las escuelas, solicitaron información a sus autoridades y remitieron las actuaciones a la administración central de Trabajo.
En Balcarce 50 destacan que la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe habrían superado el piso exigido, mientras que Entre Ríos, Chubut y San Juan registraron una baja adhesión a la protesta. El principal conflicto se produjo en la provincia de Buenos Aires, donde Nación denunció obstáculos para acceder a los datos y realizar controles.
El gremio CTERA llevó adelante un paro docente en todo el país. (Foto: captura TN).
La base jurídica del operativo es el artículo 101 de la Ley 27.802, que modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación obligatoria. La norma dispone que durante una medida de fuerza no puede acordarse ni imponerse una cobertura inferior al 75% de la prestación habitual.
Ese porcentaje no equivale necesariamente a la asistencia de tres de cada cuatro docentes ni a la apertura de exactamente el 75% de los establecimientos. La ley utiliza como parámetro la “prestación normal del servicio”, por lo que Trabajo deberá precisar si mide escuelas abiertas, cursos con clases, horas dictadas, personal disponible o una combinación de esas variables.
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El régimen también establece un procedimiento previo a la huelga. La entidad que convoca debe notificar la medida con cinco días de anticipación y las partes tienen que acordar ante la autoridad laboral la cantidad de trabajadores, los horarios, las funciones y la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas. Si no existe acuerdo, Trabajo puede fijar esas condiciones en consulta con la Comisión de Garantías.
La Casa Rosada aclaró que una sanción no puede derivarse únicamente del nivel general de adhesión. La administración deberá identificar qué obligación fue incumplida, determinar la responsabilidad de CTERA, incorporar las pruebas reunidas por los inspectores y garantizarle al gremio la posibilidad de presentar un descargo antes de dictar una resolución.
En Nación sostienen que la primera consecuencia posible sería una multa, bajo un esquema similar al que se aplica cuando una organización sindical incumple una conciliación obligatoria. El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212, aunque el monto dependerá de la infracción finalmente atribuida y de la resolución del expediente.
El Gobierno fiscalizó el paro a través de las agencias territoriales de la secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero (Foto: Cámara de Diputados).
El Ejecutivo descarta que una eventual penalidad alcance de manera directa a todos los docentes que adhirieron a la huelga. La actuación administrativa estaría dirigida contra las entidades responsables de garantizar el servicio mínimo. Una suspensión o cancelación de la personería constituye una instancia excepcional que no puede resolverse de manera automática y requiere intervención judicial.
El reparto de competencias será uno de los puntos centrales de una eventual disputa. Las provincias y la Ciudad son las empleadoras de los maestros y ejercen el poder de policía sobre sus establecimientos, mientras que la Secretaría de Trabajo sostiene que puede intervenir sobre una protesta nacional convocada por una confederación sindical con representación en todo el país.
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La administración bonaerense rechazó el operativo y argumentó que un organismo nacional no puede fiscalizar empleo público provincial. En la Casa Rosada responden que la inspección estuvo dirigida a verificar el cumplimiento de una norma federal sobre conflictos colectivos y no a sancionar individualmente a trabajadores dependientes de las jurisdicciones.
CTERA aseguró que la medida tuvo un alto acatamiento y reclamó la reapertura de la negociación salarial nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y un aumento del financiamiento educativo. En el oficialismo replican que las paritarias corresponden a las provincias, aunque el Estado nacional conserva atribuciones sobre el salario mínimo y otros acuerdos federales del sector.
Capital Humano resolverá cómo continúa la actuación cuando complete el cruce de los relevamientos provinciales. El informe podrá cerrar el procedimiento sin consecuencias, dar lugar a una intimación o servir de fundamento para iniciar el sumario. Hasta que termine ese proceso, la aplicación de sanciones contra CTERA continúa siendo una posibilidad y no una decisión adoptada.