El Gobierno británico emitió un comunicado en respuesta a las medidas judiciales que impulsó el presidente Javier Milei contra las compañías extranjeras que operan en las islas Malvinas.
En el texto, el Reino Unido aseguró que la Argentina "no tiene jurisdicción" para aplicar su legislación nacional en el territorio de las islas y sobre las personas o empresas que llevan a cabo actividades comerciales en esa región.
A través de su web oficial, el gobierno británico ratificó su respaldo a la actividad económica "legítima" en las islas y defendió el derecho de los habitantes de Malvinas a regular su economía y explotar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
"La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación nacional en el territorio de las islas, ni tampoco respecto a ninguna empresa o persona física que participe en actividades comerciales en las islas o que estén relacionada con ellas", dice el comunicado británico.
Desde Londres afirmaron que no existen fundamentos jurídicos válidos para que tribunales externos reconozcan o ejecuten sanciones emitidas por la justicia argentina contra las empresas involucradas en la explotación petrolera.
La estrategia argentina sobre Malvinas: penalizaciones y restricciones
La semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, realizó una presentación judicial contra la compañía petrolera Navitas y otras cuatro firmas por presunta infracción a la Ley de Hidrocarburos (Ley 26.659), la cual penaliza las operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización estatal.
Esta medida se llevó a cabo luego de que Milei anunciara en cadena nacional un endurecimiento de los controles y penalizaciones contra las empresas con operaciones en las islas o vinculadas a ellas.
En sintonía con esta decisión, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó durante su conferencia de prensa semanal en Casa Rosada que el gobierno argentino ampliará las demandas judiciales contra otras firmas operativas en el archipiélago.
"Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", afirmó.
En ese sentido, mencionó como ejemplo la imposibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o participar de proyectos como Vaca Muerta.
El funcionario precisó que las restricciones se extenderán a cualquier proveedor o empresa asociada a tareas de exploración y explotación en la región austral, inhabilitándolas para celebrar contratos o acuerdos con el Estado argentino.
Por su parte, el Gobierno británico argumentó que las sanciones implementadas por la Argentina llevan años vigentes sin obstaculizar el desarrollo económico de los habitantes insulares, y ratificó que mantendrá su respaldo político y su postura ante el Estado argentino.