El oficialismo consiguió que la Cámara de Diputados avance sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), uno de los compromisos pendientes con Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial firmado este año. Tras meses de idas y vueltas, finalmente se incluyó en el temario de la sesión convocada para el miércoles 26 de agosto, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la actualización de la ley de Inocencia Fiscal.
Se trata del intento más avanzado en casi tres décadas para que la Argentina se sume a este mecanismo internacional de patentamiento. El PCT fue elaborado en Washington en 1970 y hoy nuclea a 158 países, que concentran más del 95% de la actividad mundial de innovación. La Argentina obtuvo media sanción del Senado para adherir en 1998, pero el proyecto nunca llegó a votarse en la Cámara baja y quedó congelado durante 28 años.
El texto que ahora buscará aprobar el oficialismo no es idéntico al que giró el Senado hace casi tres décadas. El 12 de mayo pasado, los laboratorios nacionales ganaron una pulseada clave y el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria emitió dictamen de mayoría con un cambio sustancial: la reserva del Capítulo II del tratado. Por ese motivo, si Diputados lo aprueba, algunos consideran que deberá volver a la Cámara alta para una revisión final, lo cual volvería a retrasar el procedimiento.
El Capítulo II habilita a quien solicita una patente a pedir un examen preliminar internacional antes de ingresar a las fases nacionales de cada país. Ese examen, a cargo de autoridades designadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), produce un informe técnico no vinculante sobre la patentabilidad de la invención.
La discusión por esa cláusula fue la que estancó el tratamiento legislativo durante meses. Los laboratorios de capital nacional, nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), advirtieron que el Capítulo II podría facilitar el “evergreening”: una práctica mediante la cual empresas multinacionales patentan modificaciones menores de medicamentos ya existentes para extender artificialmente sus monopolios por 20 años.
Los laboratorios locales también plantearon que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería autonomía si debe considerar dictámenes de oficinas extranjeras, y que la medida podría afectar el desarrollo de genéricos y biosimilares, uno de los pilares de la industria farmacéutica nacional.
Del otro lado, laboratorios multinacionales y cámaras empresariales estadounidenses enviaron un aluvión de cartas a Diputados para pedir la aprobación plena del texto remitido por el Senado. Jorge Otamendi, especialista en Propiedad Intelectual, argumentó públicamente que el reclamo de los laboratorios nacionales no se relaciona con la protección de la innovación, sino con la posibilidad de copiar productos extranjeros sin patente.
Otras voces, como la del economista Ken Shadlen, de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, plantearon el argumento opuesto: el PCT facilitaría el depósito de patentes “basura” y debilitaría las guías de patentabilidad que hoy frenan las patentes secundarias en el país.
Frente a ese cruce de posiciones, el oficialismo optó por una salida intermedia. “Es la diferencia entre lo ideal y lo posible. Es mejor que salga esto y no que nos quedemos afuera del tratado por otros 50 años”, explicaron en su momento desde el bloque de La Libertad Avanza. Puertas adentro coincidieron los lobbystas, que incluso reconocieron que en realidad el Título II no afectaba en algo sustancial el impacto de la adhesión a este régimen de pateamiento, según le confiaron a El Cronista.
La adhesión al PCT forma parte, además, de los compromisos asumidos por la Argentina en dos frentes comerciales externos: el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI) firmado con Estados Unidos el 5 de febrero, y el acuerdo interino entre el Mercosur y la Unión Europea. El artículo 1.9 del ARTI establecía que el país debía someter el tratado a votación del Congreso antes del 30 de abril, un plazo que el Gobierno no pudo cumplir y se atrasó, además, en conjunto con la aprobación del acuerdo arancelario en sí.
Ese otro atraso respondió, en gran parte, a la Justicia de Estados Unidos. Fallos judiciales pusieron en duda el alcance de las facultades del presidente Donald Trump para fijar aranceles recíprocos y revisaron también los aranceles de emergencia que había impuesto por 150 días, un esquema próximo a vencer.
Ese escenario recién empezó a despejarse cuando la administración estadounidense confirmó, de manera provisoria, el esquema arancelario negociado: un arancel del 10% para las exportaciones argentinas, sensiblemente más bajo que el que hoy enfrenta Brasil. La confirmación definitiva quedó sujeta a un período de comentarios en el Registro Federal estadounidense, tal como anticipó El Cronista el mes pasado.
Con ese frente encaminado, el Gobierno apunta a acelerar en el segundo semestre los compromisos pendientes de la agenda bilateral, entre ellos el propio PCT. “Paciencia”, pidió un funcionario al tanto de la negociación en diálogo con El Cronista. “Ahora trataremos PCT y estamos cumpliendo los compromisos. Hubo mucha demora en Estados Unidos en aclarar las posiciones arancelarias”, señaló la fuente.
El canciller Pablo Quirno había reconocido esta semana a la salida del Council of the Americas que en definitiva la revisión del acuerdo internacional todavía no había culminado y que la fecha para remitir el acuerdo al Congreso todavía no estaba en la lista de prioridades legislativas.
Esta demora no es un detalle menor para el ambiente comercial. Las cámaras empresariales insisten en que la aprobación se concrete en lo que queda del año y las fuentes consultadas por este diario sostienen que en 2027, ya en plena campaña electoral, será más difícil reunir una mayoría amplia en el Congreso, y que una votación con buenos números le daría al tratado una señal de seguridad jurídica e institucionalidad frente a los socios comerciales del país.
En ese contexto se inscribe la campaña que despliega la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que además de las gestiones directas ante los diputados organizó un seminario informativo sobre propiedad intelectual dirigido a periodistas y formadores de opinión. El material remarca que la Argentina es el único país del G20 que no adhirió al PCT y uno de los cuatro de América Latina que permanecen fuera del sistema, junto con Bolivia, Paraguay y Venezuela.
Según ese material, la industria farmacéutica representa cerca de la mitad de la inversión privada en investigación y desarrollo del país, con más de 700 millones de dólares anuales, mientras que el sector agroindustrial y el ecosistema de startups también aparecen como beneficiarios directos de un régimen de patentes alineado con esos estándares. La adhesión al PCT, sostiene AmCham, serviría para facilitar el acceso de investigadores y empresas argentinas a mercados globales.
La discusión, de todos modos, no está saldada. Con la reserva del Capítulo II ya incorporada en el dictamen, la pulseada entre laboratorios nacionales y multinacionales se trasladará al recinto el 26 de agosto, en una sesión que el oficialismo buscará capitalizar como una señal de cumplimiento frente a Washington y Bruselas, en medio de un año que ya empieza a mirar de reojo al calendario electoral de 2027.