Luego del malestar provocado por el capítulo de Discapacidad incluido en el proyecto del presupuesto, el Ejecutivo nacional prepara modificaciones en las proyecciones económicas de 2027 para destrabar el conflicto con sus aliados en el Congreso. Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, se avanza en una redacción de consenso, aunque la gestión central remarca que no cederá en la totalidad de los reclamos.
Las negociaciones se intensificaron para encauzar el debate, luego de que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados eliminara la actualización obligatoria en las prestaciones del sector y facultara a prepagas u obras sociales a fijar sus propios aranceles. La falta de acuerdo previo dentro del propio espacio generó objeciones públicas, como las señaladas por la senadora Patricia Bullrich, e impactó en bloques aliados de PRO y la UCR.
Para reordenar la estrategia parlamentaria, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvieron encuentros en los que definieron el temario para las comisiones.
Las claves del nuevo texto
El planteo del bloque oficialista apuntará a descartar la prórroga de la ley de emergencia que vence a fin de año, iniciativa impulsada por el kirchnerismo. En su lugar, el proyecto propondrá una norma de carácter permanente que incorpore previsiones de financiamiento, metas y controles dentro del presupuesto 2027.
“Vamos por un texto consensuado que pase de una situación de excepcionalidad a una de permanencia. Estamos trabajando intensamente en lograr un buen dictamen”, confió una alta fuente del Ejecutivo a LA NACION. En esa línea, otro referente al tanto de la negociación confirmó que se busca un punto intermedio entre el ala política y el sector fiscalista encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El cronograma oficial prevé presentar la propuesta revisada ante las bancadas socias para obtener dictamen de comisión el próximo miércoles. De concretarse el acuerdo, el Gobierno evalúa como vía principal incorporar estas pautas normativas directamente dentro del tratamiento general de la ley de presupuesto.
Debate por las asignaciones sociales
En paralelo, las discusiones en el Congreso abarcan la pauta enviada por la cartera económica para desvincular el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares de la actualización automática mensual ligada a la inflación.
Desde el ministerio de Capital Humano precisaron que existe la garantía de mantener la cobertura social conforme a los compromisos asumidos con el FMI, dirigidos a cubrir cerca del 95% de la Canasta Básica Alimentaria, mientras que en el Congreso estiman poco probable que avance la eliminación del cálculo de movilidad vigente.
Con información de LN.
