El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país suramericano. La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez.
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La normativa que modifica la Ley de Migraciones se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra algún ciudadano por ser argentino, dice el decreto.
Se trata de una reacción del gobierno a una supuesta campaña anti-Argentina, dice Guillermo Tisconia, exjuez y abogado experto en derecho penal. “La reacción de Milei obedece a un rapto espasmódico, a una consecuencia de un discurso que enarboló el propio gobierno, donde pretende que se habría llevado a cabo una suerte de campaña anti-Argentina”.
La cancelación del permiso de residencia conlleva la expulsión, voluntaria o forzada, del territorio nacional, aunque tiene fallos jurídicos, según explica Tisconia. “En primer lugar, yo creo que este decreto tiene varias objeciones de tipo jurídico porque es una formulación muy abstracta, muy genérica, donde no hay especificaciones e invadiendo también este decreto invade la Ley Nacional de Migraciones, que fue sancionada por el Congreso Federal Argentino, o sea, superpone la norma con disposiciones que contiene la ley migratoria, que es una ley sancionada por el Congreso, donde hay algunas disposiciones sobre este tipo de conductas”, indicó el jurista.
El decreto no especifica que es un discurso de odio y que criterio se va a utilizar a la hora de determinar quiénes son los autores de estos mensajes anti argentinos.
“El Gobierno se reserva el derecho de rechazar el ingreso o expulsar del país a personas extranjeras en el caso de que se prueben mensajes contra Argentina o sus ciudadanos o símbolos nacionales. Esta es una formulación muy Imprecisa, vaga y difusa, con lo cual va a generar serios problemas de interpretación y, sobre todo, en la Argentina rige por principio constitucional el derecho a la libertad de expresión, donde la crítica, aún exacerbada, es admitida por los tribunales argentinos”.
El jurista explica que en el país suramericano se protege la libertad de expresión de cualquier manera y agrega que “el Código Penal argentino ya prevé conductas punibles vinculado a otro tipo de conductas que son: incitación al odio colectivo o tal que yo veo que esto es muy objetable en términos constitucionales y que desde el punto de vista político o estratégico, es indisimulable que el gobierno argentino lleva adelante esta iniciativa para dar un golpe de efecto”, indicó Tisconia.
Tras la pasada final del mundial de fútbol que enfrentó a Argentina y a España y que ganó España, Buenos aires denunció una campaña anti-Argentina, en medio de varias críticas, principalmente en redes sociales.