Con las elecciones anticipadas a apenas un mes de distancia, el Gobierno aprovecha las semanas que restan hasta los comicios para desplegar actuaciones al amparo del decreto de vivienda, todavía pendiente de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a dos plataformas de alquiler a retirar 8.318 anuncios de alojamientos turísticos que se publicitaban como alquileres de temporada pese a permitir reservas de menos de un mes. De este total, 6.772 corresponden a alojamientos ubicados en la Comunidad de Madrid, y de ellos, 6.523 se encuentran en la ciudad de Madrid.
Según el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, estos anuncios incumplirían la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en su versión reformada, que desde la entrada en vigor el 8 de octubre de la primera de las dos normas en las que se dividió el llamado decreto Maricarmen exige que todo contrato de temporada supere los 31 días y no exceda, como norma general, los 12 meses. La nueva legislación exige además que el propietario justifique por escrito una causa real de desplazamiento del inquilino, como un cambio de trabajo, estudios o un tratamiento médico. Si no se cumple este requisito, el contrato pasa a considerarse de vivienda habitual, con todas las garantías que esto implica.
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Este refuerzo de la vigilancia responde a un cambio de tendencia en el mercado del arrendamiento: cada vez más propietarios abandonan el alquiler de vivienda habitual, sujeto a mayores protecciones para los inquilinos, y optan por el alquiler de temporada para eludir esas garantías. Según datos de Idealista correspondientes al tercer trimestre de 2026, la oferta de alquiler permanente cayó un 10% interanual, mientras que los anuncios de temporada ya representan el 34% del total, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior. La propia compañía advierte que estas cifras todavía no reflejan el impacto de los decretos aprobados en octubre, por lo que el efecto de la nueva exigencia de los 31 días mínimos sobre la oferta publicada aún está por verse.
Precisamente, la concentración geográfica coincide con el perfil de mercado que ya habían anticipado informes del sector: la capital española figura entre las zonas con mayor presión sobre el alquiler residencial y mayor proliferación de contratos de temporada como vía de elusión regulatoria.
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Según indica el Ministerio en un comunicado difundido este viernes, la Dirección General de Consumo considera que ofertar estos alojamientos bajo la etiqueta de “temporada” sin cumplir los requisitos legales constituye una práctica de comunicación comercial desleal por ser engañosa, lo que configura una infracción del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). A partir de esta calificación, el organismo ha requierido formalmente a ambas plataformas la eliminación de los anuncios mediante los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.
Una vez notificadas, las dos plataformas pasan a tener responsabilidad directa sobre los contenidos señalados, de acuerdo con lo que establece la normativa europea de servicios digitales. Si no retiran los anuncios o bloquean su acceso, podrían enfrentar la apertura de un expediente sancionador por parte de Consumo.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que los decretos de vivienda no buscan "enfrentar" sino "unir" a los pequeños propietarios y a los inquilinos para "luchar contra los de arriba".
El Real Decreto-ley 29/2026, que sustenta esta actuación, modifica además la Ley por el Derecho a la Vivienda y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y busca frenar el uso del alquiler de temporada como fórmula para eludir las protecciones que otorga la legislación de vivienda habitual a los inquilinos. La norma, no obstante, está pendiente de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, trámite previsto para el 12 de noviembre, dado que las Cortes Generales se encuentran disueltas tras la convocatoria de elecciones.
El requerimiento se enmarca en una serie de actuaciones que Consumo ha desplegado contra plataformas de alquiler durante el último año. El antecedente más cuantioso es la sanción de 64.055.311 euros impuesta a Airbnb en diciembre de 2025 por publicitar miles de alojamientos turísticos sin licencia o con números de registro falsos, infracción que derivó en la retirada de más de 65.000 anuncios. La multa, calificada como equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la compañía, fue ratificada en marzo de 2026 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó las medidas cautelares solicitadas por la empresa estadounidense.
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En paralelo, otra plataforma, Booking, retiró más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la normativa tras un requerimiento similar de Consumo. El ministerio también sancionó con 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras identificar seis infracciones muy graves y una grave por vulnerar derechos de los consumidores. Consumo mantiene además abierto un expediente contra otra gran inmobiliaria que gestiona miles de inmuebles en toda España.