En el Ejecutivo sostienen que la recaudación no permite todavía una baja estructural de impuestos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. El último dato oficial muestra un superávit financiero acumulado de apenas 0,1% del PBI hasta julio.
28 de agosto 2026, 15:43hs
El presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X @JMilei)
El Gobierno no prevé impulsar una reforma tributaria integral y se encamina a reservarla como una de las promesas económicas para un eventual segundo mandato de Javier Milei. En el Ejecutivo sostienen que las cuentas públicas todavía no ofrecen el margen suficiente para aplicar una reducción estructural de impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal.
La definición implica un nuevo corrimiento respecto de la hoja de ruta que la Casa Rosada manejó durante el último año y que se comprometió con el FMI a presentar para fines de 2026. En Nación ya no trabajan con un escenario en el que el rediseño general del sistema impositivo llegue al Congreso, aunque mantienen como objetivo político avanzar hacia una estructura con menos tributos y menor presión fiscal. “Seguramente como promesa”, responden en el Gobierno sobre la posibilidad de que quede para después de las elecciones.
El argumento central es fiscal. El último resultado oficial disponible es a julio y muestra que el Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses un superávit primario cercano al 0,9% del PBI, pero un superávit financiero de apenas 0,1% una vez pagados los intereses de la deuda. En julio, el resultado primario fue positivo en $2,96 billones y el financiero cerró con un excedente de $244.897 millones.
La evolución mensual muestra además un equilibrio con poco margen para absorber una pérdida permanente de recaudación. El Gobierno registró superávit financiero por $1,105 billones en enero, $144.421 millones en febrero, $484.789 millones en marzo, $268.103 millones en abril y $478.613 millones en mayo. En junio tuvo un déficit financiero de $1,025 billones y volvió al terreno positivo en julio.
El resultado de enero tuvo además un componente extraordinario. Economía informó que parte de los ingresos correspondieron a la licitación para la operación privada de centrales hidroeléctricas y que, sin esos recursos de capital, el superávit financiero de ese mes habría sido de apenas $65.256 millones. Es uno de los elementos que refuerzan dentro del Ejecutivo la cautela para comprometer bajas permanentes de impuestos sobre la base de ingresos que no necesariamente se repiten.
El ministro Luis Caputo recibió el 27 de julio de 2026 a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el Palacio de Hacienda (Foto: Tomás Cuesta/Reuters).
En julio, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron $17,09 billones y crecieron 30,4% interanual, mientras el gasto primario fue de $14,13 billones y aumentó 24,4%. Los recursos tributarios que ingresaron al esquema fiscal crecieron 29,6%. El resultado positivo dependió así de que el gasto avanzara a un ritmo menor que los ingresos, además del calendario de pagos e intereses.
El Gobierno tiene además una obligación por ley de preservar el equilibrio de las cuentas durante todo 2026. El Presupuesto vigente establece que la ejecución de la Administración Nacional debe terminar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario y proyectó originalmente un excedente de $2,734 billones. Para Economía, reducir de forma permanente impuestos de alta recaudación requiere primero generar un colchón fiscal que permita compensar esa pérdida.
Leé también: El Gobierno posterga la concesión del Correo Argentino por su rol clave en las elecciones de 2027
Ese criterio ya había quedado plasmado en el informe del Consejo de Mayo sobre la reforma tributaria. El documento oficial sostuvo que una reducción de impuestos solo resulta sostenible si baja al mismo tiempo el gasto público y advirtió que hacerlo sin esa contrapartida trasladaría el costo fiscal hacia adelante. También dejó asentado que el Ministerio de Economía seguiría definiendo la reforma a medida que apareciera margen para hacerlo.
La discusión técnica llegó a incluir una simplificación del IVA, cambios en Ganancias, una reforma del Monotributo, la eliminación gradual de Bienes Personales y la transformación del impuesto al cheque en un pago a cuenta hasta su desaparición. También aparecieron propuestas para bajar retenciones y coordinar con las provincias cambios sobre Ingresos Brutos y tasas municipales.
La estrategia fue perdiendo alcance con el correr de los meses. A fines de 2025, la Casa Rosada evaluaba dividir la reforma en distintos proyectos para distribuir el costo fiscal y avanzar de forma progresiva durante 2026 y 2027. En marzo, ya condicionaba cualquier modificación de fondo a una recuperación de la actividad y la recaudación, y durante el segundo trimestre dejó de existir un calendario concreto para enviar un paquete integral.
El Gobierno trabaja en una segunda reforma del Estado para reducir el gasto (Foto: AP / Natacha Pisarenko).
El propio Luis Caputo vinculó públicamente las futuras bajas de impuestos con la generación de un superávit mayor a partir del crecimiento y la formalización de la economía. En junio afirmó que un aumento de la actividad y de la formalidad, con el gasto constante, debía generar los recursos adicionales necesarios para seguir reduciendo la carga tributaria.
Eso no significa que el Gobierno haya descartado nuevas reducciones puntuales durante 2027. Economía ya fijó, por ejemplo, un sendero de disminución de derechos de exportación para distintos productos agropecuarios y mantiene la eliminación progresiva de retenciones industriales. Caputo sostuvo que la eliminación completa de los derechos de exportación forma parte del objetivo de un eventual segundo mandato.
Leé también: El Gobierno recibió a un alto funcionario de EE.UU. y relativizó que Trump haya excluido a la Argentina del cupo de carne
La diferencia que hacen en Nación es entre esas rebajas sectoriales y una reforma estructural que modifique simultáneamente los principales impuestos nacionales. El impuesto a los débitos y créditos, el IVA y Ganancias tienen un peso relevante sobre los recursos del Estado y su modificación exige definir qué gasto se recorta, qué bases se amplían o qué ingresos alternativos compensan la pérdida.
A ese problema se agrega la dimensión federal de la reforma. La Casa Rosada pretende que cualquier rediseño amplio esté acompañado por reducciones de Ingresos Brutos y tasas municipales, lo que obliga a cerrar un acuerdo con gobernadores e intendentes. El Consejo de Mayo dejó incluso fuera de su propuesta central una reforma de la coparticipación por considerar que su complejidad requiere la participación específica de todas las provincias.
La prioridad será preservar el superávit, ejecutar las reducciones impositivas que ya tienen un sendero definido y utilizar cualquier mejora adicional de la recaudación para profundizar bajas puntuales sin poner en riesgo las cuentas públicas.