Publicado 25/08/2026 - 14:24 CEST•última actualización 14:38
El Gobierno ha aprobado este martes, en su primer Consejo de Ministros tras el parón estival, un anteproyecto para reformar las leyes de extranjería y de asilo con el que adapta el marco jurídico español al pacto europeo sobre migración. En la misma reunión se ha formalizado la creación de un mando único que gestionará la crisis que atraviesa Ceuta desde la entrada masiva a nado de unos 72.000 inmigrantes a finales de julio.
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Al frente estará el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y participarán también el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, y representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Torres ha comparecido tras el Consejo junto a la portavoz del Gobierno y ministra de Migraciones, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Un mando único para la "tercera fase" de la crisis
Antes de la reunión del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez convocó por la mañana el Consejo de Seguridad Nacional, un paso previo obligado desde el punto de vista legal. Para constituir el mando único era necesario que ese órgano declarara la crisis de Ceuta un asunto "de interés para la seguridad nacional". La decisión llega casi un mes después del inicio de la crisis, un plazo que la oposición ha criticado con dureza. Vivas, del PP, llevaba semanas reclamando que el Ejecutivo central asumiera el control de una situación que desbordó a la ciudad autónoma.
El anuncio ya lo había avanzado el lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una visita a Ceuta que calificó de "muy productiva" con Vivas y su equipo: fue el octavo ministro en desplazarse a la ciudad desde el asalto masivo, sin contar la visita de Sánchez el propio 31 de julio.
Cuerpo situó la creación del mando único en lo que definió como una tercera fase de la gestión de la crisis, después de que el Gobierno diera por contenido el flujo de entradas el 31 de julio y afrontara después la asistencia humanitaria y los retornos voluntarios.
Repatriaciones y expedientes pendientes
Según los datos aportados por Cuerpo, más del 90% de las personas que entraron de forma irregular en Ceuta ya han regresado de manera voluntaria a sus países de origen. Los retos que quedan por delante, explicó el vicepresidente, son tres: repatriar a quienes no tienen derecho a permanecer en España, tramitar con celeridad y garantías los expedientes de los menores y de quienes sí tienen derecho a protección internacional, y evitar que la crisis lastre la recuperación económica y anímica de la ciudad.
Torres, por su parte, ha insistido en que la coordinación del mando único debería agilizar tanto las repatriaciones como la resolución de los expedientes más sensibles.
Una reforma que mira también a Canarias
El anteproyecto de extranjería y asilo aprobado este martes no responde solo a Ceuta: despliega en España el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio, y activa el llamado "triaje" o cribado europeo tanto en las costas canarias como en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Entre sus elementos concretos figura un procedimiento fronterizo de hasta 12 semanas para tramitar las solicitudes de protección internacional en frontera, un mecanismo que ya tiene un precedente reciente: la devolución de 85 inmigrantes en El Hierro. La reforma incluye además una partida de 25 millones de euros destinada a Ceuta para desplegar esta infraestructura.
Quedan todavía sobre la mesa una reunión pendiente entre Canarias y el Estado y un informe de la Abogacía del Estado sobre la tutela de los menores inmigrantes, dos flecos que el Gobierno no ha resuelto en esta sesión del Consejo de Ministros.
180 millones para Ceuta, todavía sin cerrar
La creación del mando único viene acompañada de una batería de ayudas económicas para revitalizar Ceuta, cuyos negocios se han visto afectados por la llegada de miles de migrantes.
Cuerpo detalló el lunes que ese plan de recuperación rondará los 180 millones de euros e incluirá una ampliación extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad, aunque no ha sido acordado todavía en el Consejo de Ministros de este martes. El Gobierno espera cerrarlo en las próximas semanas.