Un día después de convocar elecciones y cuatro días después de que el Congreso de los Diputadas rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno tras el terremoto social y político desencadenado por el desahucio de Maricarmen, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes ambos textos, con algunas modificaciones. Entre las novedades, la dotación con 10.000 millones de euros a la línea de ayudas del ICO para la compra de primera vivienda y 400 millones para promotores de vivienda social. Pero el cambio sustancial está en quién decidirá ahora la convalidación o no de ambos decretos. Al haberse disuelto las Cortes por el adelanto electoral, la votación no será en el Pleno del Congreso —como el viernes—, sino en la Diputación Permanente, donde el voto de Junts ya no es clave.

Del Consejo de Ministros de este martes han vuelto a salir dos textos con un total de 21 medidas. "Las circunstancias que hacían necesario que salieran adelante no han cambiado", ha justificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa. El primero de los dos textos vuelve a recoger el grueso de las medidas planteadas hace ya una semana, aunque incorpora algunas variaciones. En concreto, se refuerzan las medidas encaminadas a facilitar el acceso a la compra de vivienda dotando de financiación a los nuevos préstamos TU CASA del ICO, que pueden llegar hasta los 50.000 euros a un tipo de interés cero. El objetivo de esta medida es ayudar a las personas con ingresos estables, pero sin ahorro, a acceder a su primera vivienda en propiedad.

También se incorporan nuevas ayudas a promotores para impulsar la construcción de vivienda social a través del Fondo de Impacto Social, 400 millones de euros que se suman a los 280 millones en avales ya previstos para fomentar la construcción industrializada. Con el mismo propósito de aumentar la oferta de vivienda, se incluye igualmente como novedad la transferencia de "miles" de inmuebles de la Seguridad Social a la empresa pública Casa 47, para convertirlos en viviendas de alquiler asequible y ponerlos a disposición de la ciudadanía. 

Según informan fuentes del Ministerio de Vivienda, este primer decreto también endurece la prohibición de comprar casas a los fondos buitre, aunque aún se desconoce cómo cambia su definición. Por otro lado, se refuerza la protección a los inquilinos exigiendo que a la hora de anunciar un piso de alquiler se indique qué rango de precios fija para esa vivienda el índice de referencia del Ministerio, cuál es el límite de renta si está en una zona tensionada y si el arrendador es un gran tenedor.

Estas modificaciones se incorporan al paquete de iniciativas ya puesto sobre la mesa la semana pasada en este primer decreto, como son la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler que estén a punto de finalizar y la limitación de las subidas de precios en la actualización anual de los contratos, la regulación del alquiler temporal y de habitaciones y las bonificaciones fiscales a inquilinos y a caseros que bajen precios. La suspensión de los desahucios a personas vulnerables también se mantiene, con un pequeño cambio en favor de los pequeños propietarios: la administración correrá con el pago de posibles costas procesales e intereses moratorios. Sánchez ha hecho hincapié en que estas medidas no solo dan "estabilidad" a los inquilinos sino también a los pequeños propietarios.

En el caso del segundo decreto, que es el que regula los contratos de alquiler indefinidos, la novedad está en su entrada en vigor. En esta ocasión, su aplicación se pospone a su convalidación, de manera que si la votación en el Congreso vuelve a ser negativa, no llegaría a entrar en vigor. "No hay una mayoría parlamentaria para poder convalidar eso y, por tanto, lo que hacemos es que la entrada en vigor sea cuando se convalide", ha reconocido el propio presidente del Gobierno, que, no obstante, ha dicho que el Ejecutivo trabajará para tratar de recabar los apoyos necesarios también para este texto, que pretende implantar el modelo de contratos de alquiler indefinidos, de manera que el propietario tenga que indemnizar al inquilino si decide poner fin a las renovaciones automáticas sin causa justificada.

Ahora será la Diputación Permanente quien, en un plazo de 30 días, decida si convalidar o no ambos textos para que sus medidas tengan efectos de forma permanente. Este órgano, que es el que mantiene la actividad parlamentaria cuando las Cortes están disueltas, es una especie de Pleno del Congreso a pequeña escala. Se compone de 69 diputados —en lugar de 350— distribuidos en proporción al resultado de las elecciones, pero al ser menos asientos, la aritmética cambia. Aquí la suma de los votos de PP, Vox y Junts no representa mayoría absoluta. El voto en contra de estas tres formaciones y de UPN tumbó el primero de los decretos aprobados hace una semana. 

En el segundo se sumó también el 'no' de PNV, que dio un "sí crítico" al otro texto. De mantenerse la posición de todos los partidos, el decreto de los contratos indefinidos estaría de nuevo avocado al fracaso y, por tanto, esta vez no llegaría a aplicarse ni siquiera momentáneamente como ocurrió la semana pasada. Sin embargo, el bloque que apoyó el primer decreto ahora suma mayoría en la Diputación Permanente. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos concentran 35 escaños frente a los 34 de PP, Vox y Junts.

Sánchez ha pedido a las distintas formaciones que apoyen ambos decretos. A su juicio, benefician a las "personas de a pie" y su convalidación no es una "cuestión ideológica" sino de "humanidad". "Este Gobierno no tira la toalla ni deja tirada a la gente", ha subrayado el presidente del Gobierno, que ha lamentado que el viernes pasado el Congreso "diera la espalda a la calle" y ha reconocido que "estas medidas por sí solas no van a resolver" la crisis habitacional. Sánchez ha defendido que "es imperioso intervenir" el mercado de la vivienda, al que ha calificado como "disfuncional".