El inicio de la gestión de Óscar Fernández al frente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) llega acompañado de una agenda cargada de urgencias institucionales, pero pocas tan complejas y postergadas como la situación del básquetbol nacional. Recién juramentado en el cargo, el flamante mandamás del deporte peruano enfrenta como uno de sus primeros y grandes retos resolver el laberinto dirigencial, jurídico y reglamentario que mantiene a esta disciplina sumida en el aislamiento internacional más severo de su historia moderna.
La disciplina se encuentra formalmente desafiliada de la Federación Internacional de Basketball (FIBA) desde junio de 2021, fecha en la que el Congreso del ente rector mundial aplicó el artículo 10.6 de sus estatutos para decretar su expulsión definitiva. Aquella sanción culminó un largo proceso punitivo iniciado a finales de 2018 con una suspensión preventiva que privó al Perú de competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
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Sin embargo, pese al desconocimiento absoluto del circuito internacional, la directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) aún figura inscrita en el Registro Nacional del Deporte (RENADE), generando un nudo legal que la nueva administración del IPD se ha propuesto desatar.
El problema que hereda la actual presidencia del IPD no es un episodio aislado, sino el resultado de casi dos décadas de disputas por el control de la federación. Desde los históricos litigios por la administración de infraestructura como el Coliseo Eduardo Dibós hasta las elecciones desconocidas por las bases, la institucionalidad del baloncesto peruano fue deteriorándose de manera progresiva.
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El punto crítico se profundizó bajo la gestión de directivos como Víctor Lainez, periodo en el que se ventilaron investigaciones y cuestionamientos judiciales por presunto desbalance patrimonial y malos manejos financieros.
La imposibilidad de celebrar elecciones transparentes y reconocidas formalmente por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el IPD derivó en un vacío de legitimidad que la FIBA sancionó primero con la suspensión temporal de 2018 y, ante el vencimiento de los plazos de regularización, con la desafiliación total en 2021.
La traba jurídica del RENADE y el diagnóstico de Fernández
En sus primeras intervenciones públicas como máxima autoridad del IPD, Fernández abordó frontalmente el estatus de la federación y adelantó que su administración no actuará de forma improvisada, sino a partir de una evaluación jurídica rigurosa que determine los pasos a seguir respecto a la vigencia del registro.
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“Yo voy a hacer el informe jurídico real que me diga por qué sigue y por qué no se le puede sacar, o en todo caso ver cuál es la solución. Pero de verdad que en parte yo percibo, no voy a asegurar al cien por ciento, pero me doy cuenta de que es el tema de la misma Ley del Deporte, que sigue obsoleta”, afirmó Fernández al analizar los obstáculos normativos vigentes en su intervención en el programa ’Full Deporte’.
El conflicto central radica en el descalce entre la normativa deportiva nacional y las exigencias internacionales: mientras la ley exige determinados reconocimientos internacionales a las asociaciones deportivas civiles para operar con legitimidad plena, los vacíos de la propia Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte impiden remover o desconocer administrativamente a juntas directivas que han perdido representatividad ante su federación matriz, creando un entrampamiento que congela la actividad formal.
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El presidente del IPD, Óscar Fernández, se pronunció sobre el estado de la federación de básquet y las trabas que frenan su reactivación. Crédito: Instagram Elgamax_fc.
Consciente de que la reinserción del básquetbol en el calendario internacional es una de las demandas más sentidas del medio, Óscar Fernández remarcó que su despacho trabaja en trazar una ruta legal y deportiva que involucre a todos los actores clave del sistema olímpico.
“Las personas encargadas del tema deportivo en la institución se van a encargar de hacer los estudios claros de la ruta que tendría que seguir el básquet. Y creo que va más en función quizás de, nuevamente, la participación de todos, incluido el Comité Olímpico Peruano, porque el Comité Olímpico es quien administra las federaciones nacionales”, precisó la flamante autoridad deportiva.
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La articulación con el Comité Olímpico Peruano (COP) resulta determinante para tender puentes con la FIBA, dado que el estatuto olímpico internacional contempla figuras transitorias para devolver la representatividad al país. Entre los caminos sobre la mesa, toma fuerza la posibilidad de impulsar la creación de una nueva federación desde las bases de los propios clubes, una alternativa concreta de refundación que el análisis jurídico encargado por la gestión de Fernández deberá evaluar para definir su viabilidad reglamentaria e institucional.