Pablo Scarpellini Los Ángeles

Actualizado Sábado, 29 agosto 2026 - 01:48

El futuro de Lindsay Clancy seguía en el aire en el segundo día de deliberaciones en el juicio por la muerte de sus tres hijos pequeños, a los que Clancy estranguló en enero de 2023 a raíz de la depresión posparto que sufría, según los argumentos de sus abogados y su propio testimonio. La fiscalía del condado de Plymouth, en Massachussets, sostiene que Clancy, una enfermera de 36 años que trabajaba en la sala de partos de un hospital de Boston, asesinó a sus hijos de forma premeditada y que, en ningún caso, se puede culpar a su estado mental o a la negligencia del sistema sanitario de Estados Unidos que, según Clancy, no supo lidiar con su enfermedad.

Es un juicio que, en las cinco semanas que ha durado, no ha discutido nunca los hechos: ella misma reconoció haber estrangulado a sus tres hijos. Pero que plantea un espinoso y resbaladizo debate moral sobre el papel que pudo haber jugado su salud mental en sus actos. ¿Dónde termina la enfermedad y empieza la culpa?

En sus alegatos finales la defensa quiso demostrar que, en el momento del crimen, Clancy carecía de la capacidad de distinguir entre el bien y el mal a causa de un "defecto o enfermedad mental", un umbral notoriamente difícil de probar porque exige reconstruir, meses o años después, un estado mental que ya no existe.

Ahí es donde el juicio se convirtió en una batalla de peritos: la defensa presentó testimonios sobre una psicosis posparto documentada, con alucinaciones auditivas que le empujaron a cometer el crimen, y un deterioro progresivo pese al tratamiento recibido. La fiscalía, por su parte, respondió con su propio psicólogo forense, que calificó esa misma alucinación de "relato sin sustento clínico" y sostuvo que Clancy conservaba la facultad de distinguir el bien del mal, apoyándose en la premeditación y meticulosidad que, a su juicio, revelan los hechos.

Ese día, después de estrangular a sus hijos de cinco años, tres años y ocho meses, se intentó suicidar y su marido la encontró al regresar a casa, ubicada en Duxbury, Massachusetts, un pueblo costero a unos 65 km al sur de Boston. Sufrió lesiones traumáticas en la médula espinal, motivo por el que ha quedado paralizada de cintura para abajo.

La dificultad de fondo, más allá de este caso concreto, es que la ley pide a un jurado una certeza clínica que ni siquiera la psiquiatría ofrece con unanimidad, y que el veredicto no es solo una etiqueta moral. Si el jurado la exime por enfermedad mental, la ley prevé su internamiento en un hospital psiquiátrico estatal —con la posibilidad, remota pero real, de una eventual puesta en libertad—, mientras que una condena por asesinato en primer grado significa cadena perpetua sin opción a libertad condicional.

Hablando con periodistas el viernes por la mañana a su entrada al tribunal, el abogado de Clancy, Kevin Reddington, compartió que su clienta sigue estando "muy triste y muy asustada", un estado que no ha variado desde que mató a sus hijos. Dijo, también, que confía en que haya pronto un veredicto, aunque entiende que podría retrasarse hasta la semana que viene por la cantidad de información aportada durante el juicio.

Los escenarios posibles

Por cada uno de los tres hijos, el jurado deberá decidir primero si se decanta por la acusación más grave: asesinato en primer grado, que solo puede probarse si fiscalía demuestra premeditación y alevosía, y que se castiga con cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Solo si descartan ese cargo entran a valorar el resto de escenarios posibles, de mayor a menor gravedad.

El siguiente escalón es el asesinato en segundo grado: también implica cadena perpetua, aunque aquí sí cabe la libertad condicional, y exige que las muertes fueran deliberadas pero no premeditadas. Por debajo se sitúa el homicidio involuntario —una muerte ilegal sin intención de causar daño—, castigado con hasta 20 años de cárcel.

Queda, además, una vía completamente distinta: que el jurado considere que Clancy mató efectivamente a sus hijos, pero sin responsabilidad penal por sufrir una enfermedad o defecto mental. Es la llamada defensa por enajenación.

Si prospera esa opción, correspondería a un juez ordenar una evaluación psiquiátrica. Si esta confirma que Clancy padece un trastorno mental y constituye un peligro para sí misma o para otros, podría ser internada en un hospital psiquiátrico estatal, inicialmente por seis meses y con revisiones anuales, un mecanismo que, en la práctica, puede prolongarse de por vida. Su salida solo llegaría el día en que se determinara que ya no hay enfermedad ni que representa un peligro para la sociedad.