El operador del sistema Keystone aceptó pagar USD 26,9 millones por el gran derrame de petróleo ocurrido en Kansas en diciembre de 2022 y destinar otros USD 40 millones a medidas de prevención, en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que busca cerrar denuncias por violaciones a las leyes federales y estatales de agua limpia.
El alcance del daño fue mayor que el de cualquier otro derrame terrestre de crudo en Estados Unidos en los nueve años previos. La fuga afectó a más de 2.700 animales, dejó residuos de petróleo en 14 hectáreas (equivalentes a 35 acres), y vertió casi 13.000 barriles de crudo pesado en un arroyo que atraviesa una zona rural del condado de Washington.
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Según Associated Press, el acuerdo propuesto también obliga a South Bow a pagar más de USD 3 millones al estado de Kansas para proyectos de restauración ambiental. El decreto fue presentado el viernes ante un tribunal federal del estado y todavía debe ser aprobado por un juez, después de un período de comentarios públicos de 30 días.
La empresa con sede en Canadá quedó acusada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y por Kansas de infringir normas de agua limpia. La rotura se produjo a unos 241 kilómetros al noroeste de Kansas City y liberó una cantidad de crudo que casi habría llenado una piscina olímpica.
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El accidente de diciembre de 2022 superó, por volumen, los 22 derrames previos registrados en el mismo sistema de oleoductos, de acuerdo con un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos citado por la agencia.
La red Keystone tiene 4.327 kilómetros y transporta petróleo espeso procedente de arenas bituminosas de Canadá hacia refinerías de Illinois, Oklahoma y Texas.
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No hubo heridos entre los trabajadores del oleoducto ni entre los residentes de la zona, y las autoridades informaron que los suministros públicos de agua no resultaron afectados.
A pesar de esto, la denuncia presentada junto con el acuerdo sostiene que el impacto ambiental fue amplio y alcanzó también a una zona donde habita el murciélago orejudo, una especie en peligro.
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Jeffrey Hall, administrador adjunto de la oficina de cumplimiento de la EPA, describió el efecto del derrame en una declaración: “El derrame de petróleo cubrió tierra y agua, dejó el curso de agua sin vida e inutilizable y exigió una limpieza y remediación extensas”. Además añadió que “la sanción sustancial refleja la gravedad del daño ambiental”.
El medio local KCUR informó que el derrame totalizó unos 543.000 galones (más de 2 millones de litros), y afectó pradera nativa, tierras de cultivo y Mill Creek. El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado citado por la emisora que el episodio creó “una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medioambiente”.
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Un informe de mayo de 2023 elaborado para el gobierno de Estados Unidos por una firma de consultoría en ingeniería concluyó que una curva del sistema Keystone en el punto del derrame había estado “sometida a tensión excesiva” desde su instalación en diciembre de 2010. La causa probable, según ese documento, fue que la actividad de construcción alteró el terreno alrededor de la tubería.
La denuncia judicial presentada el viernes agregó que el suelo bajo la cañería había sido “compactado de manera inadecuada”. También señaló que, aunque la empresa volvió a excavar el sitio en 2013, no reemplazó ese tramo del conducto.
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Por parte de la empresa, su portavoz Sara Hunter le planteó por correo electrónico a The Guardian que South Bow activó de forma “proactiva” la respuesta al derrame antes de recibir instrucciones formales de funcionarios públicos y que la “remediación ambiental integral” concluyó en febrero de 2024.
Hunter sostuvo que, desde el incidente, la compañía realizó inspecciones en más de 19.312 kilómetros de tuberías y 400 excavaciones para examinar el conducto y hacer reparaciones cuando fue necesario. También afirmó: “Este trabajo refleja nuestro compromiso continuo con la operación segura y confiable de nuestro sistema de oleoductos y con el fortalecimiento permanente de la integridad de la tubería”.
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En el momento del derrame, el oleoducto pertenecía a la compañía canadiense TC Energy. Esa empresa separó el negocio y constituyó a South Bow como firma independiente en 2024, una vez concluida la limpieza en Kansas.
En abril, el presidente Donald Trump autorizó a South Bow y a otra empresa a construir un segundo oleoducto entre Canadá y Wyoming. Ese proyecto sería una versión más pequeña del plan Keystone XL, valuado en USD 8.000 millones, que el gobierno del expresidente Joe Biden había bloqueado en 2021 por objeciones ambientales.
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